El intendente de Aguaray quedó contra las cuerdas por las denuncias y el pedido de intervención
11/03/2020. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Desde el Frente de Todos impulsan el proyecto para que el gobierno designe un interventor en el municipio.
La decisión que tomó Jorge Enrique Prado, intendente de Aguaray, para permitirle a una empresa retirar caños “nocivos para el ambiente” del gasoducto GNEA y entregárselos a la compañía mendocina Osyp SA, lo dejaron entre la espalda y la pared.
A través de un proyecto de ley, el bloque de diputados del Frente de Todos impulsó la intervención del municipio y otorgarle al gobernador Gustavo Sáenz la posibilidad de nombrar un interventor que gobierno hasta diciembre de 2021.
El autor del proyecto, Ramón Villa, aseguró que en el municipio norteño se registró un hecho “importante de gravedad institucional” que debe resolverse. “El gasoducto que tanto costó construir se desmanteló en días. Esto es un verdadero crimen”, agregó.
“Nosotros tenemos que juzgar la responsabilidad de los funcionarios públicos”, enfatizó el legislador provincial y sostuvo que Prado no tuvo fundamentos ni potestad para llevar a cabo lo que hizo.
En esta sintonía también se conoció ayer que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación Juan Cabandié se desligó de lo sucedido y negó haber autorizado la extracción de caños en el municipio salteño.
En un comunicado oficial publicado, Cabandié indicó que “se le enviará al intendente de Aguaray una carta documento exigiéndole que se retracte de sus manifestaciones, que afirman que -durante su gestión al frente del Ministerio de Ambiente- hubo una autorización para el retiro de los caños del gasoducto NEA. La carta documento se realizará bajo apercibimiento de iniciar acciones penales por calumnias e injurias, y civiles por daños y perjuicios”.
Las incriminaciones que hizo el jefe comunal llegaron luego de que una investigación de la Justicia Federal determinara, tras informes de Gendarmería Nacional, que los responsables de la carga de los camiones presentaban en los puestos de control una resolución firmada por Prado, quien autorizaba el retiro y posterior transporte de los caños del GNEA.
Para corroborar el papel que cumplió Nación en esta polémica, el diputado Javier Diez Villa envió un pedido de informe al Jefe de Gabinete de Alberto Fernández para saber si algún organismo dependiente del gobierno autorizó la extracción de los caños en cuestión.
Fuente de la Información: La Gaceta Salta