La SI sigue las entradas y salidas del país de Stiuso
07/03/2015. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Pidió a Migraciones que le informe cada vez que el ex agente cruza un paso fronterizo.
Secretaría de Inteligencia (SI), a cargo de Oscar Parrilli, emitió una "alerta" para que la Dirección Nacional de Migraciones le informe cada vez que el agente retirado Antonio "Jaime" Stiuso entra y sale del país, y un juez analiza en qué marco se emitió esa orden.
El abogado de Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, presentó un escrito en la Justicia en el que informó que el 18 de febrero, un día después de declarar como testigo en la causa por la muerte del fiscal Nisman, el ex agente fue demorado por Migraciones en el paso fronterizo Paysandú-Colón, en Entre Ríos, cuando salía del país hacia Uruguay.
El hecho fue puesto en conocimiento del juez federal Luis Rodríguez, quien investiga las amenazas que por mail recibieron Nisman y su ex pareja, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y que también involucran a Stiuso.
El magistrado le envió un oficio al titular de Migraciones, Martín Arias Duval, para que informe sobre la demora a Stiuso en la frontera.
Arias Duval le comunicó al juez que Migraciones recibió un pedido de alerta por parte de la Secretaría de Inteligencia para que se informe a dos celulares del organismo cada vez que Stiuso entra y sale del país.
Tras la presentación de Migraciones, el magistrado envió un oficio a Parrilli para que explique en qué marco se emitió esa alerta y si hay actuaciones administrativas en la SI contra el ex agente Stiuso.
Aún no hubo respuesta del titular del organismo de Inteligencia.
Desde que murió Nisman y la Presidenta sugirió que detrás del deceso podría estar el agente de inteligencia jubilado, el Gobierno inició una ofensiva judicial contra Stiuso, que se tradujo en varias denuncias penales y una vigilancia especial en los pasos fronterizos, según se supo ahora.
A la denuncia por enriquecimiento ilícito que presentó en febrero pasado el legislador porteño Gustavo Vera, la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José Sbattella, un fiel cristinista, aportó nuevos datos y documentación sobre empresas atribuidas al ex hombre fuerte de Inteligencia.
También lo hizo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del fiscal Carlos Gonella, uno de los preferidos de la Presidenta. El funcionario llevó a los tribunales de Comodoro Py esos datos para sumarlos a la denuncia de Vera. La investigación la lleva adelante el fiscal Ramiro González.
González ya solicitó medidas de prueba y se espera que en los próximos días le dé impulso a la causa, que cayó por sorteo en el juzgado federal de Sebastián Casanello.
El pasado 12 de febrero, el fiscal González elevó un escrito a Casanello para pedir que solicite a la Secretaría de Inteligencia "la desclasificación relativa a personas físicas, jurídicas y empresas que están mencionadas en la denuncia". La SI aún no respondió.
Además, por la información brindada por la UIF, se abrió una nueva causa judicial, que por sorteo cayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Esta segunda investigación sería contra personas ligadas a las empresas implicadas con Stiuso.
En forma paralela, en esos días el titular de la SI dio una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que anunció una nueva denuncia penal contra Stiuso, esta vez por contrabando. Lo acusó de ingresar en el país, como si se tratara de material de inteligencia que no paga impuestos, más de 90.000 kilos de instrumental oftalmológico y articulos de electrónica, como consolas de videojuegos.
El Gobierno informó ese día sobre la salida de Stiuso por Colón en una camioneta a nombre de una sociedad investigada por narcotráfico.
La fiscal en lo penal económico María Gabriela Ruiz Morales le dio impulso al caso, que está a cargo del juez Rafael Caputo. La imputación alcanza a los antecesores de Parrilli en la SI, como Héctor Icazuriaga, a partir de la denuncia del diputado Manuel Garrido, "como así también cualquier otra persona que surja del curso de la investigación".
Fuente: La Nación