"No puede haber un juez que investigue y juzgue"
22/02/2016. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Entrevista con el ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein.
"Si volvemos o no volvemos al sistema anterior no es la discusión. Eso es el pasado y ahora tenemos que ver cómo mejoramos el actual, que obliga a tener fiscales altamente preparados", señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Ricardo Silberstein.
En diálogo con Ámbito Nacional, el funcionario del Gobierno que comanda el mandatario socialista Miguel Lifschitz destacó los puntos a favor del Código Procesal Penal que la provincia activó en febrero de 2014, aunque reconoció cuestiones para mejorar y planteó la necesidad de leyes complementarias para aceitar aún más el sistema.
Periodista: ¿Cuáles son los principales puntos a analizar del Código Procesal Penal para realizar futuros cambios?
Ricardo Silberstein: Uno de ellos es el juicio abreviado. Hay preocupaciones ya que, en algunos casos, se dieron penas por debajo de las mínimas, y eso resulta inaceptable. Además, nos ha preocupado enormemente la utilización de los juicios abreviados en causas de gran impacto social. Otra problemática para resolver son los plazos para decidir la detención que puedan disponer los fiscales, quienes muchas veces no tienen tiempo para preparar las pruebas (24 horas) y sería necesario prorrogar los plazos de la detención en algunos casos, haciéndoselo saber obviamente al juez. También hay otros temas para analizar de política criminal, como pueden ser la utilización de las probation, o la decisión de desactivar la burocratización para agilizar aún más los procesos.
P.: A dos años de su implementación, ¿cuáles son las cuestiones por destacar del nuevo Código Procesal Penal en Santa Fe?
R.S.: Se han logrado muchos objetivos y de manera positiva. Primero, se agilizaron y aumentaron las sentencias en comparación con el sistema anterior y se transparentaron mucho más los procesos. Si ahora hay cosas por mejorar, es porque hemos detectado las objeciones y podemos criticar. Además hay una realidad a tener en cuenta: los paradigmas del proceso penal, o de los procesos constitucionales, o de los tratados internacionales son principios sobre los que no se puede volver hacia atrás. Si volvemos o no volvemos al sistema anterior no es la discusión, es el pasado, y ahora tenemos que ver cómo mejoramos el actual sistema, que obliga a tener fiscales altamente preparados, no solamente que conozcan el Código Procesal Penal, sino que también sepan de técnicas de litigación y de investigación criminal. En la actualidad no están debidamente entrenados, lo que exige también una adecuada inversión, así como también en tecnología, para acompañar con elementos probatorios las condenas.
P.: ¿Qué papel tiene la universidad en la preparación de un fiscal para este nuevo sistema?
R.S.: En las facultades de Derecho, particularmente en las públicas, y quizás como un resabio de la última dictadura militar, formamos hombres de derecho penal especializados en la defensa. Hoy tendríamos que dar una formación para que también puedan actuar como hombres de las fiscalías. En general, no están ni motivados ni entrenados, tan así es que, en general, las mayores ofertas están en el Ministerio Público de la defensa. Por suerte, hoy estamos en democracia y necesariamente tiene que haber un poder coactivo por parte del Estado y con fiscales entrenados.
P.: ¿La polémica por el juicio abreviado que aceptaron integrantes de la banca narco Los Monos dio un empujón para debatir retoques al Código?
R.S.: Lo que puso en evidencia es que la problemática del proceso penal no es sólo una cuestión cuantitativa de aumentar el número de condenas, sino también de comunicación hacia la sociedad, ya que ésta tiene que percibir que no hay impunidad. Con un caso de relevancia, la sociedad quiere ver un juicio oral y público, donde se debata y se respeten garantías, y si hay pruebas, condenas. Pero me da la impresión que en el Ministerio Público de la acusación no se tienen en cuenta estos procesos de alto impacto.
P.: ¿Qué piensa sobre un código específico para menores de edad?
R.S.: Se está trabajando y es una realidad. El sistema acusatorio fija un nuevo paradigma: no puede haber un juez que investigue y juzgue. Eso ha sido cuestionado por el mundo de hoy y tiene impacto no sólo en la Justicia procesal penal juvenil, sino también en la contravencional.
P.: El Gobierno nacional impulsa una reforma electoral, e invitó a provincias a acoplarse. En Santa Fe, los cambios seguramente activarán el debate sobre la reforma constitucional. ¿Están dadas las condiciones?
R.S.: Desde hace años que se ha venido planteando, aun antes de que el Frente Amplio Progresista se hiciera cargo del Gobierno (2007). Creo que sería importante y conveniente el debate.