Para que no se demore más el juicio a los Castedo
24/05/2019. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Familiares de Liliana Ledesma recurrieron a la Nación en procura de que se agilice la causa penal que se sigue contra los hermanos Raúl Castedo y Delfín Castedo. Ya pasaron más de 12 años del crimen, y los Castedo llevan detenidos dos años y seis me
El 10 de mayo, dos días después de que se suspendiera el juicio oral a los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo Castedo, la madre de Liliana Ledesma, Élida Romero, solicitó una audiencia con el presidente Mauricio Macri, en otro intento para evitar más demoras en el trámite de una causa que ya viene a marcha de tortuga.
Liliana Ledesma fue asesinada el 21 de septiembre de 2006 en Salvador Mazza y, a pesar de que sus familiares siempre apuntaron a la responsabilidad intelectual de los hermanos Castedo y el entonces diputado provincial José Ernesto Aparicio, la justicia se tomó sus tiempos y con ello facilitó que los hermanos pudieran mantenerse prófugos de la justicia por años (diez en el caso de Delfín). En el caso de Aparicio, falleció en 2013 sin haber sido convocado a indagatoria por este hecho. Liliana fue acuchillada luego de que señalara a Aparicio y a los Castedo por el cierre de caminos vecinales con el propósito de liberar zonas de la frontera para el narcotráfico y otras actividades ilegales.
Desde hace dos años y medio los hermanos Castedo están a disposición de la justicia de Salta. Sin embargo, el debate oral se previó recién para el pasado 8 de mayo, y fue suspendido por pedido de la defensa, a cargo del abogado Santos Ramón Saldaño, quien planteó un recurso de reposición porque el Tribunal le había denegado de pruebas solicitadas y por el uso, para el debate, del nuevo Código Procesal Penal de Salta, a pesar de que este proceso venía hasta este momento rigiéndose por el viejo Código Procesal Penal, vigente al momento del hecho.
Ante estos planteos, la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán suspendió sin fecha el debate, a la espera de que se resuelvan estos recursos. Como Saldaño hizo reserva de casación una eventual decisión en contra de sus pedidos, se descuenta que demandará un tiempo prudencial.
En todo caso, no podrá ser mayor a un año, el plazo por el que el Tribunal prorrogó la prisión preventiva a los hermanos, el pasado 13 de este mes, en respuesta a una solicitud de la fiscala Claudia Carreras. Aunque tarde, el pedido evitó que los hermanos pudieran quedar libres, porque ya exceden el plazo máximo de dos años de preventiva sin sentencia que estipula la legislación argentina. La ley 25430 prevé, precisamente, que solo en casos de “evidente complejidad” de la causa “hayan impedido el dictado” de la sentencia en este plazo, la prisión podrá prorrogarse por un año más. De todos modos, en este caso los Castedo no iban a salir de la cárcel federal de General Güemes porque también tienen dictada la prisión preventiva en relación a la investigación por narcotráfico que se sustancia en la justicia federal. De hecho, la captura de Delfín y la extradición de Ula (que estaba detenido en Bolivia) se debió a la gestión de los fiscales federales.
En 2006, el año en que fue asesinada Liliana Ledesma, estaba vigente todavía el ahora viejo Código Procesal Penal de Salta, y la causa contra lxs autorxs materiales se tramitó con este sistema. En 2010, la Cámara del Crimen de Orán, que juzgó y condenó a lxs autorxs materiales y a sus encubridorxs, ordenó que se investigue a los hermanos Castedo, por lo que la causa volvió al juez Nelson Aramayo para que siguiera la instrucción. Aunque en 2011 la ley 7690, del nuevo Código Procesal Penal, lo convirtió en juez de Garantías, Aramayo continuó actuando en esta causa como juez de Instrucción, tramitándolo, como venía, con las reglas del viejo Código. Y en mayo de 2017 los procesó (como prevé el viejo Código).
Este procesamiento fue apelado por los hermanos Castedo y en su resolución, en la que confirmó el procesamiento, el Tribunal de Impugnación recordó que esta causa se tramita con el viejo Código Procesal Penal. Sin embargo, cuando llegó al Tribunal de Juicio de Orán para realizar el debate, la Sala I de este Tribunal, integrada por los jueces Eduardo Laurenci y Raúl Fernando López y la jueza Laura Toledo Zamora, siguió el trámite con el nuevo Código.
Este Código es más restrictivo a la hora del ofrecimiento de prueba, por ejemplo, exige –entre otras cuestiones- que sean las partes quienes aporten el domicilio de lxs testigxs, bajo pena de no admitir esta prueba. “Cuestiones menores que afectan el derecho de defensa”, señaló a Vove un operador judicial.
Este doble uso de los códigos ya fue advertido por el abogado David Leiva ante la Secretaría del Tribunal de Juicio, en la etapa preparatoria del debate. Leiva planteó entonces que debía definirse con qué Código se iba a seguir, dado que según uno u otro instrumento, cambia el sistema de apelaciones. A principios de mayo, antes del inicio de la audiencia de debate, el abogado defensor planteó esta cuestión y fue uno de los motivos para la suspensión.
El pedido de audiencia de Élida Romero ante la Presidencia fue derivado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según Presidencia, Macri no podrá recibirla “debido a la intensa actividad de gobierno que actualmente desarrolla”. Más allá de la respuesta, familiarxs de Liliana Ledesma informaron a Vove que esperan poder reunirse con el ministro Germán Garavano para expresarle sus deseos de que el juicio se lleve a cabo cuanto antes.
Fuente: VoVé