Curiosidades de nuestra Corte Suprema
14/02/2021. Análisis y Reflexiones > Otros Análisis
Entre las sorpresas que vamos naturalizando argentinas y argentinos, superamos la inolvidable letra de Pedro Navajas de Rubén Blades. Ya no es que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, sino que trocó en que la Corte te sorpresas, casi consta
Por ejemplo. Este año debe debatirse quien será el nuevo presidente del Máximo Tribunal y resulta que la pelea de fondo no es por administrar justicia bien y legalmente, como es la fórmula de juramento de los jueces, sino quien manejará el fondo anticíclico que este año supera los $41.000.000.000. Ese fondo, es una curiosidad en sí mismo, debido a que no existe precedente alguno en otras partes del mundo, en que el Poder Judicial se convierta en una suerte de entidad financiera de ahorro y préstamo.
No se conoce que esa suma haya sido sometida al control de la Auditoría General de la Nación, ni los fundamentos legales y jurídicos que autoricen a la Corte a amasar y manejara su antojo semejante suma, al contrario de lo que expresamente dice la letra de la Constitución Nacional. Recordemos que en la Reforma Constitucional de 1994, se dispuso con el concierto de todo el arco político, que la administración del Poder Judicial la tenía el Consejo de la Magistratura. La Corte nunca aceptó de buen grado esta manda constitucional e inició un pleito, que desde luego ganó, donde se estableció un arbitrario reparto de los fondos asignados presupuestariamente a la justicia.
A continuación, vino lo esperable. Luego del fuerte viento de la cola que la economía tuvo entre 2003 y 2007, se aprovechó el superávit fiscal para comenzar a juntar monedas que con el tiempo se volvieron una verdadera fortuna y por cierto, una pieza clave dirimente del poder presidencial dentro de la Corte. Para que se entienda: la Corte maneja la partida del presupuesto nacional que legalmente le corresponde al Poder Judicial, más ese fondo anticíclico. El artículo 114 de la Constitución es diáfano en su redacción, no caben interpretaciones de ninguna índole y dice: El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Una vez más, como ocurre con el indebido acatamiento de la duración del los jueces, la Corte no cumple un mandato constitucional. De allí que se dé el absurdo que exista un poderosísimo Administrador de la Corte y un Administrador General del Poder Judicial, en el ámbito del Consejo de la Magistratura. No es casual que el Administrador de la Corte sea prácticamente inamovible y el Administrador General esté constantemente sujeto a vaivenes y ese cargo haya sido desempeñado por varias personas desde 1998 hasta la fecha.
Otra curiosidad que se da en este caso, es que el Poder administrador por antonomasia, es el Poder Ejecutivo Nacional. No perdamos de vista que según el artículo 99 inciso 1º de la Constitución, el Presidente de la Nación es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Si nos detenemos en esta última atribución constitucional, claramente se infiere que es quien decide y cómo se ejecuta el presupuesto general de gastos del país. Imaginemos el escándalo que se suscitaría en la opinión pública si el Congreso de la Nación, al margen del Poder Ejecutivo, también decidiese formar su propia partida anticíclica.
Quiere decir entonces, que si a cada poder del Estado se le ocurriese formar su propia cuenta anticíclica, las facultades del Poder Ejecutivo no sólo se verían seriamente menguadas, sino que además se ingresaría en una órbita de competencias absolutamente vedada, próxima al abuso de poder. Es una clara desviación de la institucionalidad republicana crear cuentas de ahorro paralelas a la respectiva cuenta de presupuesto, porque no pueden existir sobrantes desde el punto de vista de la contabilidad pública. O bien se invierte todo, con lo que necesario que resulta para la adecuación y modernización de la justicia, plagada de edificios obsoletos y ansiosa de informatizarse en su totalidad; o de lo contrario deberían retornar las remesas sobrantes a la esfera del Ministerio de Economía y por consiguiente a la cuenta general de gastos de ejercicio Desde el interior del país o desde el conurbano bonaerense este fenómeno resulta todavía más antipático. Mientras el flagelo de la pobreza arrasa, más la falta de vivienda, construcción de escuelas, de infraestructura básica de servicios públicos y transporte, parece inconcebible que uno de los Poderes del Estado, máxime cuando es el encargado funcionalmente de administrar justicia, que por encima de todo presupone la equidad, se acumule una cantidad que es prácticamente equivalente al presupuesto de una provincia mediana.
Entonces es cuando se entiende que las preocupaciones pasen por desarrollar el lawfare de manera desembozada, o se le hayan tributados honores de estado a un cuestionadísimo ex magistrado bolsonarista como Sergio Moro, que actualmente se ve seriamente expuesto ante una serie de irregularidades cometidas en contra de uno de los líderes populares más queridos y respetados del continente como Luiz Inacio Lula da Silva. Las investigaciones de Moro son una suerte de réplica brasileña de los métodos que utiliza el lawfare en Argentina. Cualquier parecido con la realidad, no es pura casualidad en este caso. Obviamente que ni la equidad, ni la solidaridad forman parte de la actual agenda judicial.
Fuente de la Información: Identidad Colectiva
