El servicio 911, en deuda

12/05/2020. Análisis y Reflexiones > Otros Análisis

Crímenes ocurren en todos los países, pero que una mujer pida auxilio al servicio de emergencias de la Policía y los agentes informen que “está la luz prendida y nadie contesta”, y se retiren sin más trámite es una falencia en el corazón del si

El asesinato de la maestra Rosa Sulca, en Villa Mitre, dibuja una radiografía de la violencia social latente en nuestra provincia. Un femicidio, con ensañamiento, perpetrado por personas muy jóvenes, pero envuelto en un marco de microtráfico periférico. Los agentes enviados no habían escuchado el dramático audio de la víctima, diciendo que la estaban matando, y que termina con alguien que dice: “Es mi tía; toma pastillas”.

Pero quienes lo escucharon debieron informarle en detalle que se trataba de algo más que “una pelea de familia”, como sostienen los agentes que les dijeron.

Y alguien debió intervenir para ordenar que los uniformados voltearan la puerta de la casa y entraran. Porque Rosa Sulca podía estar viva aún, y los asesinos, tal vez, siguieran adentro. El servicio notificó a la fiscalía 16 horas más tarde.

Y lo que sucedió después no despeja el panorama.

A la ineficiencia del servicio, se suma la sanción a una comisaría que quedó al margen del procedimiento fallido (aunque intervinieron policías de esa dotación por indicación del 911), la imputación al responsable del servicio de emergencia, Fabián Tolaba, y la celeridad de una jueza por desestimarla, así como la diligencia del diputado provincial, expolicía, Gustavo Orozco por descartar eventuales responsabilidades de ese oficial.

Al mismo tiempo, la protesta de los vecinos contra la Policía (enfocada en el destacamento de Villa Mitre) vuelve a poner en blanco sobre negro que la gente de los barrios de Salta se siente indefensa y desprotegida.

Como advirtió la senadora Silvina Abilés, no puede abordarse como una disputa entre poderes: es un caso obsceno de irresponsabilidad e inseguridad.

Más allá del esclarecimiento definitivo que pueda hacerse (aunque nunca los esclarecimientos de los crímenes son definitivos), es evidente que las políticas de seguridad requieren de un conocimiento profundo y minucioso de la realidad social de una provincia, un diagnóstico y una estrategia idóneos y una conducción eficiente y sin ambivalencias.

Porque al asesinato siguieron fuertes protestas de vecinos contra la madre y el padrastro de la joven acusada (ambos detenidos), denuncias de amenazas de ambos, y una queja muy fuerte contra los agentes territoriales de la comisaría cuarta.

Este escenario es perceptible en todos los barrios, y a veces se pone de manifiesto con homicidios de personas jóvenes, a veces a manos de la policía y otras, por peleas territoriales entre patotas.

No hace falta hacer espionaje digital para evitar crímenes y puebladas (como sugirió la ministra nacional Sabina Frederic hace poco) sino que es necesario prestar atención a lo que ocurre en todos los estamentos de una sociedad donde la pobreza, el desempleo y la ausencia del Estado frente a las urgencias sociales hacen estragos.

El servicio de emergencias policiales 911 fue creado en 2003 dentro de una estrategia que se proponía garantizar la presencia policial permanente en las calles, con agentes sólidamente capacitados, distribuidos en la ciudad por cuadrantes, para transmitir confianza a la gente y desalentar a los delincuentes.

Por eso, tanto los policías como los operadores que recepcionan las llamadas fueron seleccionados y recibieron capacitación con criterios específicos.

El organismo, dirigido en ese momento por el médico Víctor Ola Castro, contó son un margen importante de maniobras y de autonomía para la toma de decisiones. Además, mantuvo siempre un vínculo inmediato con Samec.

La policía cumple una legítima función represiva del crimen, pero su esencia es la de preservar los derechos de ciudadanía, es decir, el mutuo respeto entre las personas y la plena vigencia de la ley.

Lamentablemente, la convivencia con bandas criminales cuyos códigos son otros, regidos por la ventaja de la clandestinidad y el poder de la fuerza, llevó a legitimar la “mano dura”, que es una forma de convertir en virtud otro delito: el de la represión ilegal. Y la represión ilegal rápidamente deriva en la complicidad con el crimen.

El espíritu del 911 era el de tratar de recuperar ese rol policial, para que la gente duerma tranquila.

En los últimos años, al descuidarse la formación de agentes y operadores y por la ausencia de profesionalismo en el manejo de la seguridad, ese objetivo se desvirtuó.

Sin embargo, la evolución de la crisis social exige como nunca un replanteo del concepto de “seguridad” y de la conducción policial.

En nuestra provincia, más allá de muchos casos espectaculares de narcotráfico, los crímenes más frecuentes no están vinculados a bandas de asaltantes o secuestradores, sino a la violencia intrafamiliar y los femicidios, el microtráfico de estupefacientes, los robos en viviendas y los delitos informáticos.

¿Este es el abordaje previsto en la agenda de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que encabeza Gustavo Orozco? ¿Esta es la dimensión social del conjunto de los derechos ciudadanos que interesa a los legisladores?

El comisario Tolaba cumple una función delicadísima, al frente de un organismo que fracasó claramente en el caso de Rosa Sulca. Es probable que no haya culpa alguna de ese oficial, pero existe una responsabilidad institucional que lo obliga a dar respuestas y no eludir una demanda del Ministerio Público que parece razonable.

Ese es el problema que debería interesar al diputado Orozco antes de plantear desde la Legislatura un virtual choque de poderes, que a esta altura se parece más bien a una danza macabra.

Porque la seguridad y la eficiencia policial es la preocupación de la ciudadanía que sostiene a la Policía, a la Legislatura y al Gobierno.

Por Francisco Sotelo

Fuente de la Información: Diario El Tribuno