La reforma a la justicia
12/07/2020. Análisis y Reflexiones > Otros Análisis
A menudo escuchamos que soplan vientos de cambio en el ámbito de la justicia. En realidad, desde 1983 es una de las asignaturas pendientes más importantes que quedaron por discutir en la agenda política.
Alguna vez escuché decir, volvió la democracia, pero no la justicia; y reparé inmediatamente en cómo puede existir una sin la otra. La afirmación no deja de ser real. Basta para ello recordar, que cuando asumió el gobierno democrático, puso un plazo, hasta el 30 de abril de 1984, para que aquellos acuerdos que todavía no habían sido renovados caducarán inmediatamente a esa fecha.
Dos fueron las consecuencias. La primera que se convalidaron a varios jueces y juezas que habían jurado por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, que se lo había colocado por encima de la propia Constitución. No era inimputables, nadie los obligaba a postrarse éticamente ante esa aberración, pese a todo lo hicieron y continuaron campantes con sus rostros empacados, adustos e impertérritos. Más allá de la ignominiosa abjuración al Estado de Derecho, eso deparó la otra consecuencia: desde entonces la justicia fue el poder más conservador y refractario a cualquier clase de reforma que se plantease en adelante. Y ante el más mínimo atisbo de metamorfosis, sus operadores desplegaron sistemáticamente sus tentáculos para hacerla abortar desde el vamos.
Los resultados no pudieron ser más contundentes, pues los fallos impregnados de esa impronta, pronto se encargaron de torcer la voluntad popular de cambio, o bien de convalidar un status quo incompatible con el progreso y los nuevos colectivos que comenzaron a formarse en nuestro país. Por cierto, que hubo excepciones.
Sin embargo, desde entonces hasta ahora, la justicia no pudo salir de su letargo, o, lo que esa aún peor fue enteramente funcional a intereses corporativos alejados o reñidos con las pretensiones populares o con las de las provincias argentinas. Es evidente, por ejemplo, que la Corte Suprema, en sus diferentes conformaciones, con honrosas excepciones, no fue un tribunal interesado en la defensa y preservación del federalismo argentino. Ni mucho menos en fortalecerlo. Dar la razón en forma aislada a un reclamo provincial no significa tomar como parámetro las necesidades postergadas de las regiones y las economías regionales. Los formalismos, los arcaísmos, las palabras difíciles, los pleonasmos y finalmente los rigores e impedimentos para un adecuado acceso a la justicia, la convirtieron en un tribunal inexpugnable.
El federalismo, no es declamativo, es el único antídoto eficaz para una mejor distribución de la riqueza y con ello para al menos atenuar los estragos humillantes y escandalosos que generala pobreza, en un país, donde según varios estudios realizados al efecto: no deberían haber pobres. En todo caso, la Corte poco a poco se fue transformando en un bastión de las grandes corporaciones, basta para ello analizar su derrotero jurisprudencial en materia de comunicaciones, -clave para una democracia genuina y participativa- para percatarnos que, la ley de medios, sigue siendo una expresión de deseos sin posibilidad de aplicación concreta e integral. S hubiese una conciencia democrática profundamente arraigada, el fallo “Muiña” debió haber traído aparejado un juicio político a los firmantes del voto mayoritario y no que sea el Congreso Nacional, quien enmiende esa enormidad jurídica que generó una masiva movilización social en repudio.
Más recientemente, ante la acción declarativa promovida por la Vicepresidenta de la Nación en torno a que el Máximo Tribunal de Justicia se pronuncie por la constitucionalidad del voto virtual de los senadores, en plena pandemia del COVID 19, la Corte recurrió al viejo artilugio de denegar la pretensión, para luego escribir más de setenta fojas de las cuales se infiere que aceptaba ese modo de sesionar.
El caso ameritaba de sobra un pronunciamiento concreto, porque de no haberse planteado esa acción, seguramente algún sector reaccionario hubiera tildado de autoritaria la medida. Es decir, ante los ojos de un observador imparcial, la Corte está en una zona de confort en contraposición a los otros poderes del Estado y sus cinco miembros deciden a su antojo, y no pocas veces arbitrariamente, los destinos de miles de personas. Ni hablar de la nefanda doctrina sentada en materia de prisiones preventivas o la liviandad con la cual se filtran escuchas telefónicas, citar algunos casos. ¿Qué hay que hacer entonces? Ya en la Convención Reformadora de 1994 se discutió arduamente el tema de la justicia, pero no de la Corte. Debe ser el único Tribunal de Justicia del planeta que tiene un millonario plazo fijo sin invertir, y que ignora la manda constitucional que dispone que el Consejo de la Magistratura es el órgano al cual le corresponde administrar el patrimonio del Poder Judicial de la Nación. En otras palabras, desde la justicia se ignoran disposiciones constitucionales que tienen que ver con el propio funcionamiento del Poder Judicial.
Ahora, el gobierno nacional propende la creación de un Consejo Consultivo de Afianzamiento de la Justicia. No obstante, es en el Congreso de la Nación donde deben darse esa discusión a fondo y definir qué justicia queremos para los argentinos. Para los ciudadanos de a pie, les resulta incomprensible que existan dos justicias diferentes en un país transido por el dolor y atravesado por la pobreza y la falta de recursos. Como así también, que los jueces duren eternamente en sus funciones y nunca sean removidos; mientras los otros dos poderes deben revalidar sus mandatos cada dos y cada cuatro años respectivamente.
Recordemos el escándalo que significó que la única vez en la historia argentina que se tuvo el desparpajo institucional de declarar inconstitucional a la Constitución, fue para que un juez se quede hasta los 98 años en sus funciones.
Ante estas perspectivas si lo que queremos es soberanía popular, independencia económica y justicia social, será necesario que exijamos que la reforma de la justicia, no se haga entre bambalinas a espalda de la voluntad popular, sino que sea armonice conforme las auténticas necesidades actuales: una Corte con nueve miembros divididos en Salas especializadas; un proceso de selección de jueces mucho menos engorroso y más participativo; y tirar la por la borda la hipocresía de predicar o proponer objetivos inalcanzables para el ejercicio de la magistratura, cuando en realidad lo que hace falta son magistrados que decidan y ejerzan su función de cara a la realidad del país en que viven, no de una corporación sectaria alejada del sentir del pueblo argentino.
Por Abel Cornejo
Fuente de la Información: Identidad Colectiva
