Narcotráfico: Ficción o solución
20/03/2018. Análisis y Reflexiones > Análisis y Reflexiones
Comunicación del académico correspondiente Abel Cornejo, en la sesión privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el 24 de mayo de 2017
Por el académico correspondiente DR. ABEL CORNEJO
El tema que abordare es ciertamente vasto, arduo y lacerante. Tan amplio por su problemática, que únicamente brindaré una resumida crónica en la esperanza de que juntos podamos reflexionarlo. Es frecuente en nuestro país escuchar en forma cíclica, a veces esporádica y otras oportunistas referirse al narcotráfico. Se elaboraron miles de diagnósticos. Se gastó muchísimo dinero en campañas publicitarias, desde “Maldita cocaína” a “Sol sin drogas”, por recordar algunos casos. Se hicieron operativos policiales de ribetes cinematográficos como la “Operación Strawberry”, “Operación Langostino” o “Carbón Blanco”. Un diputado nacional fue aún más lejos: presentó un proyecto de ley de dos artículos, donde en el primero pedía declararle la “Guerra a la Droga” y el segundo era de forma.
Hubo operativos internacionales, por acciones de tráfico iniciadas en Argentina y descubiertas en Barcelona, hace pocos años. Hubo un juez de Orán, en la provincia de Salta, de quien se hizo su apología desde la cima del poder y la Corte Suprema lo invitó a presidir una Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y a los pocos días fue detenido en medio de uno de los mayores escándalos de la historia judicial argentina. Hubo declaraciones públicas y propuestas en campañas electorales propendiendo a que las Fuerzas Armadas asuman esa lucha, sin reparar en lo que dispone la ley de Seguridad Interior y en su caso dar el debate concreto sin eufemismos ni hipocresía.
Existió la “Maldita Policía” y numerosos oficiales y suboficiales de fuerzas policiales y de seguridad involucrados en hechos de tráfico ilegal de droga. Se escribieron innumerables artículos periodísticos y libros sobre el tema. De toda índole. Desde científico - jurídicos hasta panfletarios. Se cometió un horroroso crimen, conocido como “La Masacre de General Rodríguez” que abrió incontables conjeturas sobre la complicidad del poder y sus tentáculos en el tráfico internacional de efedrina, una de las sustancias sintéticas más utilizadas en la actualidad. Se registró en las cámaras de un shopping el doble asesinato en tiempo real de dos ciudadanos colombianos a plena luz del día. La viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria eligieron la Argentina como lugar de residencia, hecho en sí mismo irrelevante, si no fuese por algunas declaraciones públicas que demuestran ciertos vínculos previos entre mafias locales y el Cartel de Medellín.
Andrés Oppenheimer en su libro Ojos vendados: Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina (Sudamericana, 2001) advierte cuánto dinero lavó el Cartel de Juárez en activos en la Argentina y cuánto penetró en la financiación de campañas electorales. Gabriel García Márquez en Noticia de un secuestro, muestra a su vez, descarnadamente, hasta donde retrocedió el Estado en Colombia en momentos de auge, tanto del Cartel de Medellín como del Cartel de Cali. A su vez, Santiago Roncagliolo en Abril rojo, (Alfaguara, 2006) describe magistralmente la simbiosis entre insurgencia armada y narcotráfico en el Perú. Dos series televisivas recientes: “El Patrón del mal” de origen colombiano y “El “Señor de cielos” de origen mexicano, patentizan la influencia sobre los televidentes de sicarios transformados en héroes más allá de la supresión de nombres de políticos y empresarios de primer nivel que colaboraron aviesamente con el narcotráfico. Ambas tuvieron record en raiting.
En nuestro país, sin que nadie se ruborice, se privatizó la Casa de la Moneda Sociedad del Estado con la compra de la empresa en quebranto “Ciccone Calcográfica” a los fines de emitir dinero en forma ilimitada y sin control alguno, sin que nunca se haya averiguado ni se haya sabido a quien se le pagó el monto expropiatorio. La emisión descontrolada no sólo es una pésima medida económica, sino que favorece ampliamente el lavado de activos. Antes, un juez federal utilizó dos supuestos agentes encubiertos no solamente para cargar un jarrón de un autodenominado empresario futbolístico, sino que acudió a los mismos personajes para enviarlos a comprar cocaína a Bolivia. Hace pocos años, un funcionario judicial que subrogaba en un Juzgado Federal de Comodoro Py, fue literalmente a comprar 750 kilos de cocaína para “hacer” un procedimiento en el gran Buenos Aires. La mayoría en el Consejo de la Magistratura con la vehemente oposición de quien les relata estos hechos, realizó un fervoroso encomio de lo actuado. Y hubo procedimientos y detenidos…
Hace exactamente treinta años en octubre 1987, un avión Pipper Comander cayó en las cercanías de la localidad montañosa salteña de San Antonio de los Cobres llevando doscientos kilos de cocaína, con el sello del cartel de Medellín. Los conducía un experto ex comandante de la aeronáutica brasileña, acompañado de un ex policía federal de Brasil y dos mujeres que habían sido modelos publicitarias. Todos murieron en el accidente. Parte del cargamento fue robado por oficiales de Gendarmería Nacional, que además encontraron U$S 2.000.000 en billetes escondidos en varias gavetas del fuselaje. Los autores primero fueron detenidos y luego exculpados. El fuselaje del avión siniestrado fue devuelto, tal como escuchan, a los familiares de las víctimas. Es decir no quedó ninguna evidencia probatoria. Luego se supo que los dos hombres que murieron en el accidente y de los que no quedó rastro probatorio alguno, tenían orden captura internacional de los Estados Unidos, Colombia, México y Brasil. Obviamente, ya no había ninguna pista para seguir, ni plan de ruta que orientara una pesquisa, porque todo había sido devuelto. Cabe aclarar que cuando cayó, la aeronave no se incendió sino que pudo llegar a carretear y luego chocó contra un peñasco bruscamente. Incluso una de las modelos aparentemente habría sobrevivido unas horas.
Años más tarde, en 2005, volcaron en Jujuy el Delegado y Subdelegado de la Policía Federal en Salta transportando 113 kilos de cocaína. Nunca explicaron porqué la droga que había sido secuestrada el día antes a autores desconocidos en la frontera con Bolivia a más de 400 kilómetros del lugar del accidente, luego fue llevada a Oran para finalmente intentar estibarla en Salta. Los autores fueron ascendidos como jefes en el Área Tucumán. Unos años antes, el entonces Delegado de la Policía Federal en Jujuy se vio involucrado en un crimen donde calcinaron a una madre y a su hijo mayores de edad por haber presenciado un falso operativo de narcotráfico. Por ese tiempo la opinión pública de la ciudad de Jujuy también se conmocionó cuando oficiales de la Policía Federal fusilaron a un almacenero que se negaba a pagarles el tributo mensual por importación de hojas de coca, práctica habitual de recaudación de las fuerzas policiales y de seguridad en el norte. Debe recordarse que las hojas de coca pueden consumirse libremente, pero su ingreso está prohibido legalmente, lo cual es una tautología. Este habitual raid recaudatorio genera ingentes ganancias procedentes del contrabando, debido a la veda absoluta que rige respecto a la importación de las hojas de coca, al haberse derogado los cupos de ingreso.
Actualmente en el Consejo de la Magistratura se debate la conveniencia de designar como juez federal de Paso de los Libres, en la zona limítrofe de Corrientes con el Brasil a un ex secretario federal del Juzgado Federal de Corrientes, primero sumariado por devolver aviones, bienes y dinero en efectivo a narcotraficantes. Se suma a ello, los supuestos vínculos telefónicos entre el gobernador de esa Provincia y el intendente de la localidad de Itatí, en la que a la par se abrió una investigación que involucra al juez federal de Corrientes.
En otro orden, nadie supo hasta dónde se investigó o si alguna vez se lo hizo, en la causa donde el Cartel de Los Monos, siniestramente conocido en la ciudad de Rosario de Santa Fe, compró a un ex futbolista de San Lorenzo de Almagro, luego fue transferido a Italia; cuando se sabe que este negocio es uno de los más prósperos y codiciados para el lavado de activos.
Un ex juez federal de Zárate – Campana, afortunadamente destituido, entre otras vergonzosas andanzas protagonizó la siguiente: a raíz de un insólito episodio en un procedimiento realizado en la localidad de San Miguel, efectivos de la Policía Federal fueron a allanar un galpón donde encontraron 750 kilos de cocaína y a efectivos de la Bonaerense conversando amigablemente con narcotraficantes mexicanos. Los policías hallados in fraganti dijeron que cumplían directivas del juez, pero la orden de allanamiento apareció horas después cuando el magistrado la envió por fax desde el juzgado de Zárate-Campana. El juez se defendió ante el Consejo, explicándoles a los Consejeros que el mismo era una “orden de allanamientos con pies”. Puede constatarse esta aserción.
Otro episodio. Un juez de Comodoro Py autorizó a un individuo de origen croata, con orden de captura internacional por narcotráfico en varios países, a que asista al casamiento de su hija celebrado en el hotel Four Seasons. Trascendió que la autorización habría costado U$S300.000. Sin embargo el expediente penal nunca avanzó y quedó en el olvido. Otro juez federal pero del Tribunal Oral Federal de Salta dejó sin efecto luego de recibir una coima, la orden de captura internacional de un individuo vinculado al asesinato de una mujer llamada Liliana Ledesma, masacrada en Orán y testigo clave en varias causas de narcotráfico. El juez fue destituido, juzgado después de diez años, condenado a seis años de prisión, pero continúa en libertad porque su expediente hasta la fecha nunca habría sido elevado a la Cámara Federal de Casación Penal, de manera que su pena puede prescribir sin que nunca haya sido detenido. El prófugo también está grabado telefónicamente en la causa que se le sigue al ex juez federal de Orán.
Podría describir varios hechos de inusitada gravedad esta tarde. Y debo admitir expresamente que sólo el ámbito recoleto de esta Academia y la calidad moral de sus miembros me dan la plena confianza y la seguridad de poder relatar estos hechos sin ambages. Acaso porque, o bien existe una suerte de adormecimiento ético en nuestra sociedad, o en otro casos, un aceitado sistema de complicidades que verdaderamente apabulla y desalienta a luchar por la causa de la justicia. Basta recordar ejemplos heroicos como el del ministro colombiano Rodrigo Lara Bonilla o el del juez italiano Giovanni Falcone, en una cruzada que en la que se inmolaron en un sacrificio impar, para dar pábulo a fundados temores.
Mientras tanto, los discursos, las diatribas y las respuestas no solamente no están a la altura de las circunstancias sino que el panorama se torna pavoroso, sin que esto implique describir una situación apocalíptica. Sino simplemente la verdad, que reside en el acuerdo entre las palabras y los actos. Aquella frase atribuida a Maquiavelo: juzgo imposible describir las cosas contemporáneas sin ofender a muchos, parece atinada para describir el momento. No se trata de ofender, sino de asumir seriamente y con responsabilidad cívica las dimensiones de un flagelo que si bien puede no tener una solución integral, si tiene paliativos con firmeza en las convicciones, porque tal vez así pueda al menos detenérselo en nuestro país. Trataremos de analizarlo detenida y sucintamente. Hay tres ejes que deben analizarse: la justicia, las fuerzas de seguridad y el rol de algunos medios en zonas de frontera. Los tres ejes confluyen en una constante: la falta de políticas de Estado sostenidas en el tiempo. Más el oportunismo ineficiente utilizado en algunos discursos vacuos que a nada conducen.
En primer lugar se debe analizar que pasa en la Justicia Federal. En este ámbito las carencias no solamente son edilicias y de falta de recursos de toda índole, sino que la ley 48 data de 1862 y el Decreto Ley 1285/58 de ese año, de Organización de la Justicia Nacional siguen vigentes. No cabe duda que ambas son normativas vetustas, aún cuando0 en su tiempo puedan haber sido óptimas. Consecuentemente, los jueces federales del interior, en particular los de zona de frontera, tienen competencia múltiple. En algunos casos, suman la competencia electoral. Los comentarios huelgan dado lo antiguo del sistema y su consecuente organización anacrónica. Tampoco se instalaron Unidades Fiscales en las zonas de frontera, sino que hay un solo fiscal ante un solo juez. Por otro lado, no se aprovechó el “affaire” Reynoso para reubicar juzgados como Orán, Tartagal, Paso de los Libres, Libertador General San Martín, o Eldorado, cuya ubicación lejos de aportar soluciones ahonda el problema.
Se genera una asimetría en el poder, pues el juez federal que detenta su cargo en forma permanente, desequilibra ampliamente en los hechos el poder del intendente o los legisladores locales. Más allá de la inconveniencia de que un solo magistrado ejerza su jurisdicción en esas zonas, dado que deja de ser un juez para convertirse en una suerte de sheriff, sin control ni freno alguno. El sistema de selección de jueces sigue en deuda con la sociedad. Prima el compromiso político a la búsqueda del candidato adecuado y en este sentido no parece haber una toma de conciencia sobre el tema. Tanto el caso de los tribunales federales del noroeste como los del nordeste parecen sumidos en el abandono. Circunstancia antipática, por cierto, si se constata que la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que puso a plazo fijo una ingente suma de dinero en su inexplicable disputa financiera con el Consejo de la Magistratura. La reforma integral de la justicia federal en todo el país es una asignatura pendiente, de la cual no hay atisbo de que permita inferir que vaya a realizarse y requiere de inversiones inmediatas, sin titubear.
El otro eje a tener en cuenta es la seguridad. Un sinnúmero de fuerzas en nuestro país se ocupan de un mismo tema con magros resultados. Si a ello le sumamos, por dar un ejemplo, que la ley 23.737 autoriza a los jueces, a designar agentes encubiertos, la situación es más preocupante aún, debido a que no existe requisito legal alguno para la elección ni criterio legal para la selección de dichos agentes; a quienes la ley autoriza, incluso, a cometer delitos si se trata de una investigación de tráfico ilícito. Hace unos años una vista de cine titulada “Donnie Brasco” mostraba hasta dónde puede llegar un agente encubierto cuando se introduce en los intersticios de la mafia. Sin embargo, si hubiese pautas legales de selección, esta figura podría ser de suma utilidad. Por cierto, debería haber un programa adecuado de protección, como también para preservar a los testigos de identidad reservada. Actualmente, nada de eso existe.
Si observamos una de las rutas del denominado Corredor Bioceánico, como lo es el complejo ferrovial Zárate - Brazo Largo, puede comprobarse lo que aquí se afirma. En la orilla este del Paraná de las Palmas vigila la policía de Entre Ríos, en la oeste la policía Bonaerense; sobre las vías tienes jurisdicción la Policía Federal. En la cinta asfáltica ejerce su jurisdicción Gendarmería Nacional; sobre las aguas del río la Prefectura Naval, y en el cielo para quienes somos creyentes: Dios, debido a que por la ley de seguridad interior la Fuerza Aérea no puede inmiscuirse dentro del territorio del Estado. Las fuerzas de seguridad nacionales como Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina confluyen con la Policía Federal más la policía aduanera en varios puntos del mapa argentino, si a ellas se les suman las veintitrés policías provinciales más la Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, rápidamente puede concluirse que no puede haber eficiencia posible en la lucha contra el narcotráfico. O bien debería dársele competencia a una sola fuerza o de lo contrario adoptar el sistema de task force creándose una unidad operativa combinada, al modo de las fuerzas multinacionales de paz.
En las policías provinciales, tanto el ingreso como la capacitación son deficientes y en algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba o Salta por imperio de la ley 26.052 se dispuso “desfederalizar” parcialmente la competencia penal en materia de micro tráfico, lo cual generó inequidades tales como que un hecho que es considerado delito por la justicia provincial, a la misma hora y en el mismo lugar es juzgado como insignificante en la jurisdicción federal. Más allá de la dispersión de esfuerzos que ello importa y el mensaje confuso y ambiguo hacia las fuerzas de seguridad. Sin perjuicio de que el barbarismo “desfederalización” hubiese asombrado al propio Borges, pues, en todo caso podría haberse utilizado la palabra provincialización del micro tráfico, que hubiera sido lo correcto.
Otra cuestión pendiente es la sanción de la denominada ley de Derribo, norma que debe ser complementada con la radarización. Un punto crítico, -como antes se dijo- es la prohibición de la intervención de la Fuerza Aérea. El otro es que por desconocimiento, algún legislador nacional se haya referido a que equivale a imponer la pena de muerte en el cielo, lo que por cierto es un dislate. La ley de Derribo importa ajustarse a un protocolo preventivo, donde la aeronave sospechosa recibe avisos de descenso y aterrizaje previos a que se tomen decisiones más drásticas. En aquellos países que la han aplicado, tuvo resultados aceptables, y además, permitió determinar el origen y procedencia de diferentes acciones de tráfico ilícito. De nada sirve desplegar un plan de radarización si no se sanciona la ley de Derribo, más que alucinarse, es decir ver miles de pequeñas luces en una pantalla sin sentido alguno.
Por último, no puede soslayarse el rol de algunos medios de comunicación en zonas de frontera. Es sugestivo hacer el análisis de las líneas editoriales de algunos portales de internet y de ciertos medios escritos en estas áreas. En primer lugar por la desinformación aplicando un silencio cómplice sobre determinadas actividades, o procedimientos realizados legalmente, como también por la sistemática descalificación de quienes los llevan a cabo, lo que en muchos casos hizo desistir a las fuerzas de seguridad y a la propia justicia de perseguir penalmente a los responsables. La difamación es la socia más formidable que tiene el narcotráfico contra el imperio de la ley. Coadyuva al miedo de los testigos y conspira contra los periodistas libres y los jueces probos.
En algunas provincias, mediante un financiamiento dirigido, ciertos medios responden directivas que persiguen fines espurios y propósitos decididamente inconfesables, de modo tal que no confunden pero si amedrentan; no apoyan la legalidad pero si intimidan mediante mensajes anónimos o suscriptos con nombres falsos y ponen en duda todo lo acontecido, de modo que poco a poco van socavando la autoridad del Estado y el prestigio de las instituciones, que por naturaleza, son el mejor enemigo del narcotráfico y su objeto inmediato de cooptación.
Tanto es así que hace poco tiempo en una localidad del interior de la provincia de Salta, el presidente del Concejo Deliberante fue detenido portando más de trescientos kilos de cocaína y posteriormente liberado por el ex juez federal de Orán. El tratamiento que de esta noticia hicieron algunos medios locales fue notable, no solamente por cómo se fueron desvirtuando los hechos, sino por el con
