Una facultad para Salta
09/09/2014. Análisis y Reflexiones > Análisis y Reflexiones
El juez de la Corte plantea la necesidad que la universidad pública gestione el dictado de la carrera de abogacía en Salta.
Cuando se fundó la Universidad Nacional de Salta, en 1972, se pensó en una casa de altos estudios que formara a sus profesionales con un alto compromiso social y con un profundo sentido de la realidad. Mi sabiduría viene de mi tierra, dice el escudo universitario, y con el tiempo se constituyó en una de las más prestigiosas del país. Sus autoridades son electas en procesos democráticos y participativos, y se respeta estrictamente el sistema de concursos docentes, lo cual garantiza no sólo los principios de igualdad e idoneidad, sino también la inclusión de quienes aspiran legítimamente a enseñar y a aprender. Desde entonces hasta ahora, Salta creció exponencialmente, no sólo demográficamente, sino también en la demanda social por una educación pública que incluya a todos aquellos ciudadanos que aspiren a ser profesionales.
Resulta sumamente auspicioso para Salta, que según los anuncios formulados por las autoridades universitarias, se abrirá la carrera de medicina. Sin embargo, a esta altura resulta inexplicable que aún no se haya planteado la imperiosa necesidad de que la Universidad Nacional de Salta se proponga con la firmeza y perseverancia que la cuestión amerita, a realizar todos los trámites necesarios para abrir en sus claustros la carrera de abogacía, que a la fecha es impostergable, debido a que solamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta se imparte su enseñanza, lo cual, a esta altura, priva a los ciudadanos de la posibilidad concreta de elegir donde formarse.
Según informes recabados, en el 2014 se habían inscripto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, aproximadamente 1014 salteños, cifra que por su volumen refleja la magnitud de la cuestión que se aborda. Además, existe una responsabilidad social concreta, el derecho a elegir en que universidad estudiar, está fuera de toda discusión y es necesaria que exista la mayor oferta posible, porque ese es uno de los ejes en los que se asienta una sociedad democrática, pero no puede perderse de vista que, en la actualidad, los cuadros profesionales que integran el Poder judicial de Salta y varios de la Justicia Federal local egresaron de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, que como tal es una casa de enseñanza privada y hasta donde se sabe la educación en Salta, no se tercerizó, entre otros motivos porque el artículo 47 de la Constitución de la Provincia dispone que: la educación es un derecho de la persona y un deber de la familia y de la sociedad, a la que asiste el Estado como función social prioritaria, primordial e insoslayable.
Esto no significa que los profesionales integrantes de los poderes del Estado no puedan egresar de centros de educación privada, sino que es función del Estado, máxime en una provincia de la importancia geoestratégica de Salta, contar con una universidad pública que forme a los abogados que luego serán jueces, fiscales defensores oficiales, asesores de incapaces o secretarios, como también que desde la cátedra pública los profesionales del derecho emitan sus opiniones en los temas que le son atinentes. La Universidad tiene una función y una responsabilidad social insoslayable. Su presencia es indispensable para opinar en temas claves para la organización social, y a la par de ello, los profesionales formados por docentes que concursaron públicamente sus cátedras, no cabe duda, tendrán desde el inicio un compromiso democrático e institucional genuino, que contribuirá no sólo al desarrollo humano sino, desde luego, a mejorar la calidad de nuestras instituciones.
