A 13 años de la denuncia, llega a juicio una causa contra el exintendente Gerala

22/11/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

La primera en actuar fue la Justicia Federal que dispuso la prisión domiciliaria en el marco de la investigación por el robo de rieles. Hoy asume el interventor de Morillo

El exintendente de la localidad de Coronel Juan Solá (Morillo o Rivadavia Banda Norte), Atta Miguel Gerala, será juzgado por peculado entre el 3 y el 5 de diciembre, en el marco de una investigación que se inició en 2011, hace 13 años, y que fue requerida a juicio en 2018.

Este juicio en la justicia provincial llega luego de que la Justicia Federal acusara ex jefe comunal y dispusiera que debe cumplir prisión preventiva, aunque en la modalidad de domiciliaria, en una investigación del saqueo de rieles pertenecientes a la estructura del Belgrano Cargas para venderlos en Bolivia. En este caso, el fiscal federal Eduardo Villalba acusó al ex intendente por "contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario".

También le imputó el delito de malversación de caudales públicos, porque dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal. Por otra parte, la fiscalía federal solicitó y consiguió el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil e investiga las cuentas del histórico dirigente político del norte salteño. 

Más de una década perdida

El 28 de diciembre de 2011, la ex intendenta Marcela Carabajal denunció a Gerala por un faltante de 1.260.000 pesos.

Carabajal recordó que los hechos que involucraron aquella primera denuncia se suscitaron el mismo día que asumió como intendenta, el 10 de diciembre de 2011, tras cuatro períodos consecutivos de Gerala.

Ese día, el ex intendente faltó al acto de asunción de su sucesora y envió en su lugar al contador Juan Lopresti y al secretario de Gobierno saliente, Armando Villalba.

Se informó entonces que el saldo en caja era de 1.261.183 pesos. Pero nunca llegaron a manos de la nueva gestión.

“Les digo '¿cómo hacemos con el dinero?’, y ellos me dicen que eso lo tiene el intendente. Les pregunto por qué, y me responden que ‘eso lo maneja él, y no lo entregó’”, recordó Carabajal al ser consultada ayer a propósito de la novedad de que se fijó fecha para el juicio oral. Afirmó que, pese a que el requerimiento se elevó en 2018, la causa había “dormido” en la Justicia Provincial durante estos seis años.

Hacer la denuncia le valió “mucho rechazo social de la gente porque no admitían que se haga una denuncia penal por eso. Porque decían que lo perjudicaba a Gerala. Y me juzgaban por hacerla”, recordó Carabajal. Sin embargo, no hacer la denuncia también le iba a implicar consecuencias en su contra porque no se podía justificar el faltante.

Carabajal afirmó que si bien Gerala está con prisión domiciliaria, actualmente “dicen en el pueblo que recibe a quien quiere, que no tiene custodia y hasta hace asados en su casa. Es como si estuviera libre”.

El único paréntesis de la gestión

Carabajal era una lideresa campesina cuando logró llegar al municipio rivadaviense. Lo hizo con el apoyo de comunidades criollas y originarias de la zona. La referenta recordó que  en los comicios que siguieron, la diferencia entre los candidatos no era de más de 30 votos.

Cuando se empezó a organizar la lucha campesina por 2010, ya en Morillo había concejales que luego se unieron al sector y reclamaron contra las irregularidades en la administración de Gerala.

En la denuncia presentada por Carabajal en 2011 se recuerda que ya en 2008 se denunciaba que en la gestión de Gerala existían “actos de comercio en nombre del Ejecutivo Municipal para beneficio personal y de familiares, convirtiendo al municipio en una empresa personal”. Se aseguraba que las obras públicas que se realizaban tenían como técnico a un familiar del funcionario. La compra de los materiales se hacía a una empresa de la familia y se decía que en realidad era un corralón del propio Gerala. 

También se señalaba que se usaban vehículos oficiales para el traslado de materiales de propiedad del intendente, y que el depósito de combustible y otros bienes del municipio estaban en propiedades de su familia.

Carabajal asumió como intendenta después de cuatro períodos de Gerala (16 años), quien había sido reelecto como intendente desde 1995. El histórico intendente volvió a la Municipalidad en 2015 y fue relecto dos veces más, en 2019 y 2023. Este mandato que se frustró por la investigación federal sobre el robo y contrabando de rieles seguía hasta diciembre de 2027. 

Con resistencia en el gobierno provincial al principio y su impulso después, el martes último la Legislatura salteña aprobó la intervención del Ejecutivo municipal de Morillo y puso fin al mandato de Atta Gerala.

Una vez acelerado este proceso, el gobierno salteño promulgó esta ley de intervención y ya nombró al interventor, el secretario de la Delegación de Asuntos Indígenas, Marcelo Córdova, quien asumirá hoy, a las 11. 

Como el período de este proceso culmina el 10 de diciembre de 2025, se prevé convocar a elecciones en Morillo el año que viene. Será imposible que sea en las legislativas provinciales del 4 de mayo, dado que, según explicó el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, los tiempos legales no permiten llegar para esa fecha en el caso de Morillo. 

Sin embargo, el ministro aseguró que la elección de nuevo intendente se hará el año que viene, de manera de que asuma en diciembre de 2025. 

Fuente de la Información: Página 12