Aperciben a comunas de la frontera norte por las ocupaciones irregulares

01/12/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

Apuntan contra viviendas, galpones y fincas que usan contrabandistas y narcos. Gendarmería abre actuaciones en la antesala del desembarco del Plan Güemes.

Por más de medio siglo, leyes que regulan la titularidad y tenencia de inmuebles rurales, como también las autorizaciones de edificación en zonas de seguridad fronterizas, han sido vulneradas en los bordes limítrofes de las provincias de Salta y Jujuy con Bolivia, donde bandas del narcotráfico, el contrabando, la trata y el crimen organizado sacan provecho de la ocupación irregular.

En las líneas internacionales de Aguas Blancas (Orán), Salvador Mazza (San Martín) y La Quiaca (Jujuy), una infinidad de fincas, galpones y viviendas se utiliza para cruzar mercancías ilegales, cargamentos de droga, vehículos robados y personas indocumentadas lejos del alcance de los controles migratorios, aduaneros y de seguridad.

En la antesala de un fuerte desembarco de fuerzas federales previsto en los bordes internacionales de los ríos Bermejo (Aguas Blancas) y Grande de Tarija (General Mosconi), desde el despacho de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, empezaron a llegar a los escuadrones de Gendarmería del norte instrucciones que buscan hacer cumplir los marcos de las leyes 15.385 de zonas de seguridad de fronteras y 23.554 de defensa nacional en los municipios que limitan con Bolivia.

El jefe del Escuadrón 21 de Gendarmería, Carlos Anselmo Rodríguez, dio el puntapié en la región con un expediente abierto en La Quiaca, municipio jujeño que linda con Villazón (Tarija).

En la notificación dirigida al intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, el jefe del Escuadrón 21 le recordó al jefe comunal que por las citadas normas de orden público y otras leyes, decretos y resoluciones complementarias rigen expresas restricciones y exigencias de previa conformidad de organismos nacionales competentes para las edificaciones, transmisiones de dominio, arrendamientos, locaciones o cualquier otra forma de constitución de derechos reales o personales por lo que se tenga la posesión o tenencia de inmuebles dentro de las zonas de seguridad fronteriza.

Tras aclarar el marco normativo, el jefe del Escuadrón 21 advirtió al intendente Velázquez que en la localidad que gobierna se detectó "un sinnúmero de edificaciones (viviendas y galpones) en la zona de seguridad de frontera que se utilizan como depósitos de mercaderías e impiden el eficaz control del límite internacional constituido por la quebrada del río La Quiaca".

El comandante principal de Gendarmería insistió ante el jefe comunal que es necesario "comprometer a todos los actores que tienen injerencia en nuestras fronteras, máximo si están compuestas por dos ciudades contiguas, para fortalecer los controles y frenar el narcotráfico y el contrabando". En ese contexto, apercibió al intendente sobre los deberes establecidos en la Ley de Municipalidades, solicitó medidas urgentes para "regularizar las construcciones que se encuentran sobre el límite internacional" y requirió que "se suspendan los permisos y habilitaciones de construcciones hasta que los propietarios, o tenedores, demuestren cumplir fehacientemente con la normativa vigente en materia de radicación en la Zona de Seguridad de Frontera". El jefe del Escuadrón 21 también pidió a la intendencia de La Quiaca que remita a esa unidad de Gendarmería "los antecedentes que identifiquen a cada propietario e inmueble, a los fines de iniciar los trámites pertinentes ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y promover en la Justicia Federal las acciones que correspondan".

El marco normativo que rige sobre los inmuebles de las zonas de seguridad de fronteras establece una serie de restricciones, procedimientos de autorización y condiciones de registro para personas físicas o jurídicas (empresas) extranjeras. Solo se encuentran exceptuados del Régimen de Previa Conformidad los ciudadanos argentinos, nativos o por opción. Estos últimos deben acreditar al menos cinco años desde la obtención de su naturalización. Para todos por igual está fijada la condición de "no registrar antecedentes judiciales".

Pese a estas y otras exigencias, las zonas de seguridad de La Quiaca, Salvador Mazza y Aguas Blancas están plagadas de ocupaciones irregulares funcionales al narcotráfico y grandes contrabandos. Si bien aún no hubo confirmaciones oficiales, se da por descontado que otros municipios fronterizos, como el de Salvador Mazza, serán apercibidos por escuadrones de Gendarmería en iguales términos.

El marco normativo atropellado

Las leyes 15385 de zonas de seguridad de frontera, 23.554 de defensa nacional y 14.027, que fija las obligaciones de propietarios y ocupantes de inmuebles fronterizos, tienen plena vigencia desde hace 60 años. Sin embargo, el marco normativo, que incluye decretos y resoluciones, ha sido atropellado con ocupaciones ilegales, permisos municipales y posesiones veinteañales avaladas por jueces locales.

 

Algunas de las 140 edificaciones irregulares que tiene la zona de frontera de Aguas Blancas.

 

En Aguas Blancas hay 140 edificaciones irregulares

El municipio de Aguas Blancas ya tiene algunas medidas de ordenamiento adoptadas por el interventor Adrián Zigarán que fueron resaltadas desde la cartera nacional de Seguridad. Apenas asumió esa función, el pasado 1 de octubre, tras la destitución del intendente Carlos Martínez, el interventor comisionado por el Ejecutivo provincial instrumentó un programa de identificación catastral y numeral de calles y viviendas de esa localidad fronteriza con la localidad tarijeña de Bermejo.

Semanas atrás, como informó El Tribuno el pasado 23 de octubre, la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, pidió a la Justicia Federal de Salta la apertura de una investigación con foco en irregularidades detectadas en el padrón electoral de esa comuna.

Una de las arterias de Aguas Blancas, 20 de Febrero, tiene solo cinco cuadras en las que los frentes se reparten entre viviendas y galpones. Sin embargo, según el padrón que se usó en comicios nacionales del 23 de octubre de 2023, allí tendrían sus domicilios 603 de los votantes habilitados en las 12 mesas del municipio. En la denuncia, la funcionaria nacional remarcó que, llamativamente, todos esos sufragantes fueron registrados en el padrón electoral con domicilio en calle "20 de febrero sin número (S/N)". Parecida situación se advirtió con otros cientos de votantes con domicilio consignado en calle "25 de mayo sin número" o simplemente como "Aguas Blancas S/N".

Desde el pasado 20 de noviembre, por una disposición de Zigarán, personal del Municipio comenzó a intimar a propietarios de inmuebles con un plazo máximo de 15 días, para que coloquen las correspondientes numeraciones en los frentes de sus casas. Quienes no cuentan con el número de casa deben concurrir a la sede municipal para solicitarlo.

La frontera norte sería reforzada con cerca de 200 gendarmes y un centenar de efectivos de la Policía Federal y Prefectura Naval.

El pasado jueves, funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, comenzaron a relevar con la asistencia de Gendarmería las edificaciones irregulares que avanzaron sobre la zona de camino de la ruta nacional 50 y en áreas serranas fronterizas con riesgos de derrumbes. Fue ese el primer paso de una decisión enmarcada en el Plan Güemes que se traduciría, según se adelantó, en desalojos requeridos a la Justicia Federal de Orán.

La mayoría de las construcciones que llamaron la atención de los organismos de seguridad integrados en el Plan Güemes fueron emprendidas por ciudadanos bolivianos. En principio eran solo algunas edificaciones precarias, pero sin controles, muchas avanzaron prácticamente sobre las banquinas de la ruta 50 y en algunos casos tienen hasta dos y tres pisos. Otras son verdaderos galpones donde se almacenan mercaderías que se cruzan a uno y otro lado de la frontera a través de transbordos en camiones y vehículos de carga de menor porte.

En la localidad fronteriza de Aguas Blancas ya se acondicionan espacios para el desembarco de fuerzas federales.

En este punto, la intervención de Aguas Blancas también tomó la iniciativa con un amplio relevamiento que hoy tiene detalladas las usurpaciones en tres tramos de la ruta nacional 50, con cerca de 140 edificaciones. Entre éstas resaltan entre puente internacional y la entrada al pueblo, 44 casas que están irregularmente conectadas al acueducto que abastece a la localidad, situación que afecta el servicio de suministro potable de cientos de vecinos de Aguas Blancas. Concretamente, a causa de las "pinchaduras" clandestinas en el tramo superior de la tubería, el agua baja a las casas de los usuarios del servicio con baja presión. Además, se constató que también hay edificaciones irregulares "colgadas" de la red eléctrica e incluso del soporte de telefonía móvil del que depende la conectividad del pueblo.

La ocupación fronteriza en Salvador Mazza 

Los 98 km que separan a Salvador Mazza de Yacuiba, con una quebrada seca de pocos metros, están ocupados por viviendas, galpones y fincas donde la presencia de gendarmes, policías federales y agentes aduaneros se sigue viendo impedida con portones, tranqueras y candados. Así, por esos cien kilómetros, personas, mercaderías de contrabando, vehículos robados, armas, dinero del lavado o ladrillos de cocaína trasponen la caliente y permeable línea internacional fuera del alcance de los controles aduaneros, migratorios y de seguridad, como también de circulares policiales, órdenes judiciales de detención y alertas rojas de Interpol.

 

Caminos y fincas que mueven contrabandos a Bolivia.

 

El desbande lleva décadas sin respuestas, pese a que los propietarios y ocupantes de tierras limítrofes a las fronteras de la Nación están obligados por una ley a permitir a la Policía Federal y Gendarmería el franco acceso a los puntos de comunicación internacional y su libre desplazamiento a lo largo de la línea divisoria. A todo esto, llama la atención la "vista gorda" del ordenamiento municipal dentro de la comuna a cargo del intendente Gustavo Subelza.

La ley que nadie hizo cumplir hasta hoy es la 14.027, que mantiene plena vigencia desde julio de 1951, y también obliga a propietarios y ocupantes de inmuebles fronterizos a "consentir la instalación de los destacamentos que las autoridades consideren indispensables para la vigilancia de los pasos no habilitados" y a "denunciar inmediatamente" cualquier movimiento de personas o mercancías.

A lo largo del tiempo, en Salvador Mazza, no solo hubo un avance irregular sobre tierras fiscales de la Nación, sino que los inmuebles fronterizos, que en más de un caso se otorgaron por posesión veinteañal, son utilizados abiertamente para canalizar contrabandos, ingresos migratorios irregulares o cruzar vehículos robados con pagos de "peajes" que operan como aduanas paralelas. Redes del narcotráfico, tratantes y organizaciones del crimen transnacional aprovechan la ocupación de la zona de seguridad fronteriza para filtrar armas, víctimas de trata y grandes cargamentos de droga, como quedó a la vista con las dos fincas incautadas al clan Castedo en la zona de Madrejones. El Aybal y el Pajeal, dos inmuebles de Salvador Mazza que suman 25.000 hectáreas, fueron usadas por años como pantalla legal por una de las mayores organizaciones narcos de la región, que con ellas ejerció un dominio absoluto de 40 km de frontera con caminos internos y tranqueras.

A propósito de las fincas de las que se desapoderó al clan Castedo y que están confiadas por la Justicia Federal desde 2019 a la Sociedad la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Ministerio de Seguridad de la Nación acaba de elevar una nota a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pidiendo pista para Gendarmería en esas tierras.

Colaboradores de la ministra Patricia Bullrich también se reunieron con el fiscal federal Eduardo Villalba en espera de un espaldarazo judicial frente a las obligaciones que marca la ley 14.027 para propietarios y tenedores de inmuebles de la zona de seguridad fronteriza, en el sentido de permitir a fuerzas federales un franco acceso a los puntos de comunicación internacional y su libre desplazamiento a lo largo de la línea divisoria.

Fuente de la Información: El Tribuno