Asesinan a una mujer de 67 años en Salta
03/04/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Dos mujeres fueron halladas sin vida en menos de 24 horas. La Asamblea Lesbo Trans Feminista de Salta responsabilizó a los tres poderes estatales por los "femicidios", la "impunidad y violencia institucional". "El Estado nos mata"
Una mujer de 67 años fue hallada sin vida y con signos de violencia el martes por la noche en la ciudad de Salta. La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios informó que fue detenido un hombre que era pareja de la víctima.
Esta muerte se conoció apenas unas horas después del hallazgo del cuerpo de Daiana Rocío Orellana en Cerrillos. La Asamblea Lesbo Trans Feminista de Salta responsabilizó al Poder Judicial, la policía y el gobierno provincial por los crímenes contra las mujeres.
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Lujan Sodero Calvet, informó que estuvo en el domicilio de la mujer de 67 años, desde donde coordinó las tareas de rigor de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP.
El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, y se espera el resultado de la autopsia que determinará la causa y data de muerte.
Sodero Calvet reveló que su principal hipótesis es la de un femicidio debido a "la violencia sufrida por la mujer", aunque no se descarta ninguna posibilidad. Informó que se detuvo a un hombre, "con quien la fallecida mantenía una relación de pareja".
Por otro lado, Radio Salta informó que el crimen se habría cometido cerca de las 21 y que el acusado tendría 76 años. Además, dio a conocer que este hombre habría esgrimido en un primer momento que se trató de una muerte accidental, "llegó a decir en un primer momento que había salido a hacer compras y al regresar encontró a su pareja tendida en el piso y que no reaccionaba", detalló la emisora. Sin embargo, la versión no habría encuadrado con los datos obtenidos tras las primeras medidas de la investigación y quedó detenido.
"El Estado nos mata"
La Asamblea Lesbo Trans Feminista de Salta difundió ayer un texto con el título "El Estado nos mata. Femicidios, impunidad y violencia institucional", con la adhesión de diversas organizaciones y militantes de la provincia.
"En Cerrillos, Rocío Orellana fue asesinada tras haber denunciado reiteradas veces a su agresor. Acudió a la justicia, buscó protección y fue violentada sistemáticamente, no solo por su agresor sino también por el Estado que la abandonó. La justicia patriarcal y misógina ignoró su grito. El Poder Judicial, la policía y el gobierno provincial son cómplices de este nuevo femicidio", denunció la Asamblea, tras conocerse el hallazgo del cuerpo de quien sería la primera víctima de esta semana. Aunque la principal hipótesis fue un suicidio, la UFEM por protocolo investiga si fue o no un femicidio, los familiares y las amistades de la mujer consideran que la mujer fue asesinada, dado que tenía huellas de violencia, y sospechan de su expareja.
Pasaron horas nada más y se conoció el femicidio de la mujer de 67 años en la ciudad de Salta. La Asamblea no llegó a incorporarlo en su pronunciamiento.
"Durante diez años de emergencia de género, las leyes nacionales y provinciales han sido violadas por jueces, fiscales y policías que permiten la impunidad. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad sigue reprimiendo y asesinando a los más vulnerados del sistema en nombre de la 'seguridad' con un Plan Güemes que se ha convertido en una vergüenza nacional. Este plan no solo fortalece la represión sino que ha facilitado la trata de personas y mujeres en la frontera, permitiendo el tráfico y explotación de cuerpos con la complicidad del Estado", señaló la Asamblea.
"Exigimos al Gobierno de Gustavo Sáenz, al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan con las leyes de protección de género y terminen con la impunidad. Juicio y castigo a todos los responsables: jueces, fiscales, legisladores y gobernantes que con su inacción sostienen la violencia patriarcal", añadió.
Falencias institucionales
La Asamblea Lesbo Trans Feminista incorporó una serie de reclamos en su comunicado. Señaló que las organizaciones feministas están siendo excluidas del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVcM). "Un organismo que creamos con nuestras luchas y que hoy está vaciado de representación real", recalcó.
También enumeró falencias del Estado provincial, entre ellas, las fallas de la Policía, que "sigue sin tomar denuncias" por violencia de género y aplicando criterios discrecionales.
Otra queja apunta a la Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género (OVIFG) del Poder Judicial, a la que le reprochó que "no asesora ni contiene a las víctimas". Además, denunció que "no hay seguimiento de casos", y "solo existen 5 defensoras oficiales (con especialidad en violencia familiar y de género) para 60 municipios".
Asimismo, la Asamblea destacó que "el gobierno provincial promueve políticas de 'emprendedurismo' que excluyen a quienes más lo necesitan". Por otro lado, señaló que a nivel nacional el cierre del Plan ENIA ha desmantelado el trabajo de prevención en los barrios. Y en este contexto, "el Estado sigue operando como agente de violencia estructural contra mujeres, lesbianas, travestis y trans. El Estado no está ausente. El Estado nos está matando".
Crímenes contra las mujeres
La Asamblea Lesbo Trans Feminista sostuvo que las cifras de violencia y desapariciones en la provincia siguen en aumento.
El 17 de enero de este año desapareció Rosmery Aramayo Torres, de 52 años, comerciante de Salvador Mazza y madre de cuatro hijxs. Su marido, José Miranda, permanece detenido como el principal sospechoso de haberla asesinado y también un hijo está imputado.
Luciana Laciar Eckardt, de 31 años y madre de una niña de seis años, fue asesinada el 11 de febrero último en su propia casa en Cerrillos. Su expareja y padre de la hija en común, Juan Marcelo Hoyos, se encuentra con prisión preventiva, imputado por femicidio.
A estos casos, se suman los dos que se conocieron esta semana en menos de 24 horas.
Según el Registro de Femicidios del Poder Judicial de Salta, hubo otras dos muertes violentas o dudosas. Una adolescente de 17 años fue hallada sin vida en enero, en Campo Santo, la principal hipótesis era un suicidio. Mientras que en febrero, Milagros Gutiérrez, de 18 años, falleció en circunstancias dudosas en el Hospital San Bernardo, aunque la autopsia no halló signos de violencia.
También hubo un intento de femicidio de una adolescente de 17 años en Joaquín V. González, cometido por su novio de la misma edad. Y antes hubo otro, intento de lesbicidio, en Orán.
Además, desde 2024 siguen desaparecidas Jesica Gutiérrez y Viviana Leonor Lubik. Una amiga de Lubik dijo a Salta/12 que la última novedad que tuvo por parte de un policía fue que ya la daban por muerta. Además, indicó que en la zona conocida como "el bajo chico", donde vivía la mujer, hay comentarios de que podría haber sido asesinada, pero no hubo ninguna detención hasta el momento.
"Denunciamos que los crímenes contra mujeres no son homicidios comunes, son femicidios, feminicidios. La justicia patriarcal sigue negando esta realidad para sostener los privilegios de jueces y fiscales de cuna, de doble apellido, que garantizan la impunidad de los agresores", manifestó la Asamblea.
Esta organización también denunció los "suicidios femicidas", que "son aquellos en los que la violencia sistemática, el hostigamiento y la ausencia de respuestas institucionales llevan a las víctimas a una muerte inducida por la violencia patriarcal". "No son suicidios individuales, son femicidios encubiertos, resultado de una estructura que somete a las mujeres a la desesperación. A 16 años de la sanción de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género, las mujeres y diversidades de Salta seguimos siendo víctimas de un sistema que nos relega, nos vulnera y nos asesina", advirtió.
El cierre del comunicado, incluyó un pedido de "justicia para Rocío Orellana y todas las víctimas de feminicidio".
Fuente de la Información: Página 12
