"Buscamos que la balanza de la Justicia sea equilibrada"
14/10/2020. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El concejal Raúl Córdoba se reunió con el procurador de la Provincia, Abel Cornejo. Analizaron el proyecto de ley Tahiel, presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.
Ayer se cumplió un mes de la muerte de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que fue asesinado en un siniestro vial ocurrido en Gregorio de Laferrere, Buenos Aires. Tras el trágico hecho, los padres y su representante legal fueron recibidos en el Congreso de la Nación, donde presentaron un proyecto de ley con el nombre de la víctima que buscará crear la figura del "homicidio vial", a los fines de agravar la pena en los casos de fallecimiento por corridas o picadas de autos. El objetivo será que las mismas dejen de ser excarcelables. Raul Córdoba, concejal salteño e integrante de la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad, mantuvo una entrevista telefónica con el procurador de la Provincia, Abel Cornejo, para "hacerle ver que es una buena herramienta para los fiscales, porque son ellos quienes impulsan la elevación a juicio y deben sostener en base a pruebas el porqué de una condena. Después seguirá siendo el juez el que interpretará y juzgará", le dijo a El Tribuno.
Se trata de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, que apunta a agravar la pena de quienes realizan las llamadas picadas y como consecuencia de esa acción provocan la muerte de una persona. El proyecto "es de ese tenor" expresó Córdoba, quien junto a su esposa, Marcela López, sufrieron la pérdida de su hijo Marco (10 años) el 12 de agosto de 2007 en un siniestro vial en la rotonda de Limache, y desde ese momento no pararon de luchar por justicia y en homenaje a Marquitos.
"El proyecto me parece perfecto, porque dentro del desmadre que es todo esto viene a ser un granito de arena. Si se aprobara nosotros podríamos salir a pedir que todos aquellos que pasan "volando' por las avenidas como la Bolivia o la Kennedy hay que meterlos presos", apuntó el edil capitalino. Lo que aquí se planteó específicamente "es el tema de un agregado en el artículo 84 bis por el tema de las velocidades ilegales, "agravamiento de pena por prueba de velocidad ilegal en automotor' e imposición con una pena específica en el caso de fallecimiento". Si bien es un pasito adelante, Córdoba y el resto de los familiares que sufrieron alguna pérdida a causa de un siniestro vial saben que el agravante contemplaría solo si el vehículo estaba corriendo a alta velocidad o realizando una picada, con lo cual "siguen quedando grises".
En el Código Penal argentino el artículo 193 bis prevé una pena de 6 meses a 3 años de prisión a quienes realizan "pruebas de velocidad" (picadas), poniendo en riesgo la integridad de terceros, "lo importante de esto es que en base a ese artículo se le agrega el artículo 84 bis, que tiene agravantes y está vigente e impone penas de 3 a 6 años de prisión efectiva en casos como conducir con alcohol en sangre, pasar semáforos en rojo o ir en contramano. A ese artículo se le agregaría cuando se considere las circunstancias previstas y de la misma resultare víctima fatal -como en el caso de Tahiel- la pena sería de 8 a 25 años de prisión, con inhabilitación especial vitalicia para conducir, aun si le dieran la condena mínima. Además, el acusado podría ser detenido desde el primer momento del hecho hasta llegado el juicio", aclaró Córdoba.
Cuestión de interpretación
Las leyes están y muchas veces se cumplen, lo que pasa con los hechos fatales de siniestros viales que las condenas son culposas porque así lo interpretan los jueces. "No es que no hay penas para que vayan presos, sino que se aplica la mínima, que es condicional", explicó Córdoba, y recordó que "hay otra ley que tiene un año por homicidios viales y lesiones", que fue impulsada por las Madres del Dolor y la Agencia, busca que se agregue la lectura de una conducta donde el autor manifiesta "el desprecio por la vida y/o integridad de las personas'. Ahí sí los conductores irresponsables estarían comprometidos y podrían ir presos".
Se trata de un proyecto de ley que, según Córdoba, no tiene tratamiento hasta el momento, aún "sabiendo que nadie desconoce que si bebe alcohol y se sube a un vehículo o pasa un semáforo en rojo puede matar. Hoy la información está instalada en la sociedad, entonces si igual manejan borrachos porque les da lo mismo, pasan los semáforos en rojo y realizan picadas, están manifestando desprecio por la vida y por la integridad de terceros inocentes". Para el funcionario y padre de una pequeña víctima fatal "el 84 bis no se aplica como debería, se juzga con la mínima aún teniendo agravantes. La voluntad e interpretación siempre está en el juez y lo que venimos buscando es que la balanza de la Justicia sea equilibrada".
Fuente de la Información: El Tribuno
