Código Penal, inseguridad y debate

25/03/2014. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina

El Acuerdo por la Seguridad Democrática, Justicia Legítima y el INECIP emitieron sendos comunicados sobre los cruces generados alrededor del anteproyecto de reforma del Código Penal.

El espectro político ya definió su postura en torno a la reforma del Código Penal, ahora referentes especializados en el tema fueron las que se pronunciaron a favor de “reencauzar el debate” generado por la misma. El Acuerdo por una Seguridad Democrática (AGD), Justicia Legítima y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), emitieron comunicados en los que se solicitó una mayor amplitud de debate.


“Para más seguridad, más democracia”,

Ese fue el título que propinó la AGD para manifestar su postura, tanto sobre el anteproyecto, como sobre el debate que giró a su alrededor. Allí manifestó que “las reacciones ante el tratamiento de un anteproyecto de ley para modificar el Código Penal sirven de base para el despliegue de argumentos autoritarios, tanto en su perspectiva penal, como en su desprecio por las instancias de debate institucionales”.

El documento, que fue firmado por diferentes políticos y referentes de organizaciones sociales, y fue presentado el pasado jueves en el Salón Azul del Congreso Nacional, en una mesa integrada por Horacio Verbitsky (CELS), Hugo Cañón (Comisión Provincial por la Memoria) y la jueza María Laura Garrigós de Rébori (integrante de la Cámara del Crimen y presidente de la Justicia Legítima, que también solicitó un debate serio sobre el tema).

La AGD se pronunció en contra del discurso “oportunista de demagogia punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de toda racionalidad democrática y especula con la desinformación de la opinión pública”.

En tal sentido, expresó que “las políticas basadas en el aumento de penas y el mayor encarcelamiento no reducen la inseguridad ni desactivan las redes de criminalidad causantes de los delitos que más preocupan a la población. Esas son las políticas que fueron el eje de todas las reformas penales de los últimos veinte años en el país y sólo aumentaron la violencia”.

En el mismo tenor se prounció Justicia Legítima, que en su comunicado expresó que “los reproches que se han alzado en contra de esta iniciativa legislativa, ponen en evidencia el profundo desconocimiento que existe sobre su contenido y significación jurídica integral. Entre los ejemplos más notables, cabe ubicar el interés por confundir la incidencia del Código Penal respecto de la definición de las políticas de seguridad”.

En cambio, tanto la AGD como Justicia Legítima se mostraron a favor del proceso de elaboración del anteproyecto, del que la primera reconoció que “se comprometieron diversas fuerzas políticas como base para una discusión amplia en el Congreso y rechazamos el intento de clausura del debate”.

Y a pesar de que los firmantes tienen “críticas, modificaciones o agregados al anteproyecto”, creen que ello “hay que hacerlo por fuera de todo oportunismo electoral o demagogia, que luego cobra víctimas que vuelven a servir para construir una nueva demagogia, en un círculo vicioso que urge superar”.

Por lo que, en definitiva, se buscaba reencauzar “los términos y ámbitos de la actual discusión y, de cara a la sociedad, debatir con claridad y rigor técnico, las bases de una política criminal y de seguridad que sea democrática y eficaz, que para serlo no necesita tirar por la borda las mismas libertades públicas que forman parte de la calidad de vida que necesitamos defender”.


Reencauzar el debate

El cierre del documento de la AGD también dio pie para el título asignado por el INECIP al comunicado publicado este viernes en su sitio web: “Código Penal: la importancia de reencauzar el debate”.

La Asociación, presidida por el jurista Alberto Binder, y que tuvo una influencia importante en la redacción de los nuevos códigos procesales de las provincias, que promueven un mayor enfoque acusatorio, como también la incorporación del juicio por jurados, sostuvo que “la reforma del código penal es una de las tareas pendientes para atender a la nueva conflictividad”.

“El actual código penal data de 1921. Su aprobación vino a cumplir con la disposición constitucional que exige un compendio de leyes penales que no sea mero aglutinamiento, sino un cuerpo sistemático, unificado y coherente. A casi cien años de su sanción, nos encontramos con un código que ha sido objeto de cerca de 1000 reformas y enmiendas, al que complementan 337 leyes y decretos diversos con disposiciones de carácter penal”, recordó el comunicado.

INECIP remarcó su postura al sostener “una reforma integral del Código Penal implica determinar nuevos consensos sobre cuestiones medulares para una sociedad: cuáles son las conductas que deben ser sancionadas y con qué rigor; cómo se cumplen las penas; cuáles son las penas de cumplimiento efectivo, entre otras. De allí que todo proyecto de reforma debe atender el objetivo de devolver sistematicidad, coherencia y lógica interna al código penal”.

Y a continuación, del mismo modo que la AGD, INECIP se manifestó en contra del discurso que relaciona políticas más represivas con disminución del delito. A tal fin, refirió que “la falta de credibilidad del sistema penal no pasa ni por el tipo de pena ni por la escala penal, sino por su franca ineficacia, por la cual no llegan a sentencia más del 5% de los casos que ingresan al mismo”.

“Por eso no es posible soslayar que una política criminal coherente y eficaz es impensable si no se reforman todos los sistemas procesales inquisitivos; si los jueces siguen siendo los que investigan y juzgan; si no se devuelve al pueblo -hecho jurado- la decisión; si los fiscales no integran organismos poderosos que rinden cuentas a la sociedad; si no hay una defensa pública fuerte e independiente; si no hay una política penitenciaria realmente integradora; y si no se generan verdaderos mecanismos de control de medidas sustitutivas y alternativas”, destacó a continuación.

“En definitiva son tantos los cambios que se deben emprender, que lo único que no puede pasar es que no se habilite la discusión, y menos donde ello debe tener lugar que es el Congreso de la Nación”, postuló el comunicado.

Para las tres organizaciones, tanto la reforma como su debate en el Congreso son impostergables.

Fuente: DJ