Comienza el juicio por la muerte de una niña electrocutada con el alambrado de una vecina
03/02/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Mañana se cumplen tres años de la tragedia. La familia sigue luchando por justicia, buscando una condena que refleje que hubo negligencias y falta de control.
El 3 de febrero de 2022, a las 18:15, una tragedia marcó para siempre la vida de la familia Pérez. Irina, una niña de 10 años, falleció tras recibir una descarga eléctrica al trepar a un árbol en la calle Pacheco de Melo 260, en el barrio El Mirador, al este de la ciudad de Salta. La niña jugaba con su hermano y algunos amigos vecinos, cuando, al intentar descender de la rama de un árbol, tocó un alambre electrificado que atravesaba el cercado perimetral de la vivienda. Al poco tiempo de ser trasladada al hospital Materno Infantil, la vida de Irina se apagó, y con ello comenzó una larga lucha por justicia que ahora, tres años después, se encuentra a las puertas de un juicio penal que iniciará el 5 de marzo de 2025.
Irina había estado jugando, como lo hacía habitualmente en las tardes de verano, en el frente de la casa de su papá. En un momento, mientras subía a un árbol, tocó un alambre de púa que atravesaba el cerco perimetral de la propiedad. Lo que parecía ser un simple juego se convirtió en una tragedia porque el alambre estaba electrificado, debido a una mala conexión en el medidor de electricidad de la vivienda de su vecina, María Delma Caballero, actualmente imputada en la causa.
El hermano de la niña, quien estaba cerca en ese momento, intentó salvarla, pero también recibió una descarga al tocar a Irina. El padre, al enterarse de lo sucedido, acudió a socorrerla, pero también fue víctima de las descargas eléctricas. Después de varios intentos, finalmente logró sacar a su hija del lugar y, desesperado, comenzó a practicarle maniobras de resucitación. La niña fue trasladada rápidamente al hospital, pero a las 19.50 horas, los médicos confirmaron su deceso por "paro cardiorrespiratorio por electrocución".
Investigación y responsabilidades
Tras el trágico suceso, la familia de Irina presentó una denuncia penal por homicidio culposo y lesiones leves, lo que originó una exhaustiva investigación. En una inspección ocular realizada por la Fiscalía, se constató que la electrificación del alambre de púa fue producto de un cable de alta tensión que había perdido su aislamiento debido a un amarre improvisado en el alambrado. De acuerdo con el informe de la empresa distribuidora de energía, EDESA SA, el medidor de electricidad de la propiedad de la Sra. Caballero estaba mal conectado, lo que provocó la fuga de corriente hacia el alambre de púa.
La familia de la pequeña apunta a lo que considera una negligencia por parte de la empresa distribuidora de electricidad y del propietario de la vivienda. "Fue una muerte evitable. Si hubieran verificado adecuadamente las instalaciones, Irina aún estaría con nosotros", expresó Silvina Ibañez, madre de la niña.
El juicio comienza en marzo
El juicio por la muerte de Irina comenzará el 5 de marzo de 2025, y se extenderá durante varios días, con audiencias previstas para el 7, 10 y 11 de marzo. La familia se mantiene firme en su reclamo, buscando que los responsables sean castigados y que se cambien las normativas de seguridad eléctrica para evitar que otros niños sufran el mismo destino.
Silvina Ibañez, madre de la víctima expresó su dolor y reafirmó su lucha por justicia: "Es doloroso, pero tenemos que seguir luchando. Necesito que la justicia actúe, que no haya impunidad. Esto no tiene que volver a ocurrirle a ninguna otra familia", enfatizó entre lágrimas. Además también denunció la falta de seguridad en la ciudad, señalando que en varios puntos de Salta existen cables sueltos y otras deficiencias en el sistema eléctrico que ponen en riesgo a la población.
Una condena por la magnitud de la negligencia
Néstor Holver Martínez, abogado querellante en la causa, dijo tajante: "buscamos una condena razonable que refleje la magnitud de la negligencia".
Además expresó su desacuerdo con la calificación actual de homicidio culposo en el caso de la muerte de Irina Pérez, calificando el hecho como un "homicidio simple con dolo eventual". Según Martínez, la responsabilidad no solo recae en la persona imputada, sino también en los encargados de la empresa EDESA, cuyo informe revela graves fallas en la supervisión de la instalación eléctrica.
El abogado aseguró que la demanda civil presentada asciende a más de 423 millones de pesos, buscando una condena efectiva y proporcional a la magnitud de la tragedia.
Apoyo y acompañamiento
La familia no está sola en esta lucha. Además del apoyo de su abogado, Silvina recibió respaldo de la Dirección de Acompañamiento en Juicios de la Nación, que comprometió su presencia en el juicio, ya sea de manera presencial o virtual. También se sumo el acompañamiento de ciudadanos y organizaciones que exigen una revisión de las políticas de seguridad eléctrica en Salta.
"Mi fuerza hoy es para que esto no le pase a nadie más. Para que ninguna familia pase por lo que yo pasé", expresó Silvina, quien, a pesar de la desgarradora pérdida, continúa luchando por un cambio estructural que garantice la seguridad de los salteños.
Un reclamo por justicia
Tres años después de la muerte de la niña, la familia sigue esperando que los responsables enfrenten la justicia. En el juicio que comienza en marzo no solo se busca castigar a los culpables, sino también generar conciencia sobre la importancia de la seguridad eléctrica y la responsabilidad de las empresas y los propietarios en la protección de la vida de las personas.
El caso de Irina es solo uno de los muchos que revelan la falta de controles y medidas preventivas en la ciudad, pero su madre, Silvina Ibañez, sigue luchando con la esperanza de que su hija no haya muerto en vano y que, al menos, su historia sirva para evitar futuras tragedias.
"Es una muerte evitable, y la justicia tiene que reaccionar. No se puede permitir que esto siga pasando", concluyó Silvina, con la firme convicción de que, en su lucha por la memoria de Irina, hay algo más grande en juego: la seguridad y el bienestar de todos los niños y ciudadanos de Salta.
Fuente de la Información: El Tribuno