Consorcios: hay un vacío legal y están librados a su suerte

22/02/2022. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

Tableros abiertos, paredes en mal estado, malezas y residuos son las problemáticas. Vecinos y el IPV destacan la necesidad de la conformación de consorcios para el bien común.

El fallecimiento de un niño de 8 años por electrocución a causa de un tablero eléctrico sin medidas de protección, ocurrido en Castañares hace cuatro días, encendió la alarma sobre la falta de control y medidas de prevención de accidentes en edificios. Además, puso en el tapete la problemática de la falta de consorcios en barrios de viviendas sociales de la capital salteña. Es que existe una especie de vacío legal y están librados a su suerte.

En la mayoría de los barrios de las zonas norte y sur los consorcios dejaron de funcionar hace años. Los vecinos comentaron que el cese tuvo que ver con "cuestiones económicas". La realidad es que, en muchos casos, los vecinos van dejando de pagar las cuotas mensuales y la organización se termina desarmando.

Luis M., quien vive en uno de los primeros blocks del barrio Juan Pablo II desde hace 30 años, contó que nunca hubo consorcio y que hace unos años un grupo de vecinos aportaba algo de dinero para el mantenimiento pero eso se fue diluyendo porque algunos residentes pagaban y otros no.

"Durante la cuarentena por la pandemia, en 2020, nos dimos cuenta de que el block, conformado por 16 departamentos, se estaba viniendo abajo y algunas vecinas pidieron que empecemos a cobrar para levantarlo", explicó el vecino de la zona sur.

El monto era de 500 pesos en ese entonces, pero varios abonaban en partes y otros ni siquiera aportaban. "Un 70 por ciento ponía la plata, pero el resto no", dijo.

El tablero de la luz se ubica en la entrada del edificio y permanece cerrado. El departamento de Luis está contiguo a ese espacio. El hombre trata de controlarlo y oficia casi de encargado, prácticamente ad honorem.

"Lo veo a cada rato. Sí, soy como un portero pero no quiero ser administrador de nada. Yo colaboro porque se trata de mi departamento y alguien tiene que hacer algo", expresó.

Actualmente es poca la colaboración de los vecinos. Luis hace cortar el pasto del predio. Recientemente se reparó una cisterna. En las veredas del barrio se observan canastos de residuos colapsados, bolsas de basura desparramadas y excremento de animales. También hay malezas alrededor.

Luis considera importante la conformación de un consorcio. "Pero si no pueden pagar ni 500 pesos, poner una persona en el consorcio y pagarle un sueldo resulta casi imposible", finalizó.

En una de las cinco etapas del barrio ampliación Intersindical, conformada por 50 departamentos distribuidos en torres de tres plantas, existe un consorcio aunque desde la pandemia no se llama a elecciones y parte de la comisión renunció. Una sola persona está encargada de la administración.

La cuota mensual es de mil pesos. Si hay retraso en el pago, asciende a $2.000 y si excede los cinco meses es cobrada por un estudio jurídico.

Adriana, una vecina que reside en la torre 13, contó que la administración se encarga del mantenimiento del pasto y el recambio de focos.

En el lugar se observa que algunos espacios colindantes a departamentos de la planta baja han sido ocupados para instalar almacenes y garages.

"En ningún momento se autorizó. No hay contratos. Se apropiaron de esos espacios. También hay una zona de esparcimiento en la última parte que la usan como garage para determinadas familias", dijo Ramón, otro vecino.

En el lugar hay una caja ubicada en una columna central que tiene todas las llaves interruptoras. Aunque está en la parte superior, cualquiera puede abrirla ya que no tiene llave ni seguro.

Creemos que hay que tomar medidas de precaución, también con los medidores de gas que están del lado de la calle. Las puertas se abren con el viento", finalizaron.

En el barrio Villa Palacios el panorama es similar: no hay consorcio. Por ejemplo, en el block 35, si bien el tablero eléctrico permanece cerrado y Edesa cambió todos los medidores y los operarios son los únicos que los manipulan, hay otras problemáticas como las malezas y la falta de higiene. “Es necesario que tengamos consorcio. Ojalá algún día todos los vecinos podamos unirnos por nuestro bien”, dijo César Yáñez, un vecino. 

Seis mil pesos de expensas

En otro barrio cercano, el Casino, conformado por más de 300 departamentos distribuidos en dos etapas, la situación es diferente ya que sí hay consorcios. Sin embargo, no faltan los problemas. Hace cuatro años se cambiaron los tableros eléctricos luego de que uno se incendiara. Estos están en un gabinete dentro de las torres, en la planta baja, bajo las escaleras. Hace un tiempo los desagües colapsaron, pero ya se arreglaron.

“Las expensas subieron de forma brutal: se fueron a seis mil pesos, una barbaridad. Al parecer, se recaudaron millones de pesos pero nunca vimos balances y por eso hay una denuncia en la fiscalía penal 3 de Limache”, contó Zoe Medina, una vecina. 

Por otra parte, un caso excepcional se da en la segunda etapa del barrio Juan Pablo II de la zona sur, donde hay un consorcio y, según los vecinos, todo funciona muy bien. “Nos fumigan, cortan el pasto, limpian, pasan cera, arreglan las puertas, levantan los excrementos de los perros, nos barren los bichitos muertos, cambian los focos. Estamos chochos”, contaron.

Todo depende de la buena voluntad de los vecinos

El asesor del IPV destacó la importancia de mantener la seguridad.

Un precario canasto de basura en el barrio Juan Pablo II.

Entre los fines y prestaciones del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) está la entrega de toda la documentación correspondiente a planos, recomendaciones para el buen mantenimiento del inmueble y normativas de uso, especialmente en el caso de las viviendas en propiedad horizontal en lo referente al funcionamiento de los consorcios.

Al ser consultado por el tema, el asesor del IPV, Esteban García Bes, explicó que existen dos casos: los últimos edificios entregados y los anteriores. 

“A los adjudicatarios de los últimos edificios que se entregan, sin la aprobación de los planos de propiedad horizontal, les damos un instructivo para que vayan armando el consorcio por reglamento hasta tanto se apruebe el plano y se pueda inscribir el reglamento de copropiedad de la Dirección de Inmuebles”, precisó García Bes.

Esto es lo que sucedió en las últimas entregas de edificios, como por ejemplo, en el barrio El Bosque, en la zona sur de la capital salteña.

Pero en el caso de los edificios que ya tienen matrículas individuales, planos aprobados, reglamentos de copropiedad ya inscriptos en Inmuebles, es función de los propietarios en ejercicio de ese reglamento cobrar las expensas del edificio y el mantenimiento de la propiedad privada y espacios comunes. “Depende de ese consorcio hacer cumplir el pago y administrar los gastos”.

Y destacó la importancia de cuidar los espacios comunes que involucran la propiedad individual de cada ciudadano para que no se deterioren.

“Hay que tener conciencia. En Salta, al haber pocos edificios del IPV, no hay conciencia del adjudicatario con respecto a mantener espacios comunes. Los adjudicatarios deberían mantener el valor y la seguridad de su propiedad”, sostuvo.

Y añadió que el cuidado de los espacios comunes está relacionado con la seguridad de todos los habitantes.

Además, mediante los consorcios, se toman decisiones sobre temas importantes como: reglas para tener mascotas, horarios y ruidos molestos. “Es una normativa de buen vecino y es indispensable que esté en vigencia”, dijo García Bes. 

Fuente de la Información: El Tribuno