Declaran vigente la acción penal por la detención de un sindicalista en la dictadura

10/02/2022. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

Juan Antonio Poppe era delegado de la UTA en la empresa Ale Hnos. Fue detenido poco después del golpe. También fue detenido el secretario general de este gremio, cuya sede fue allanada.

Juan Antonio Poppe fue detenido sin orden judicial en días posteriores al 24 de marzo de 1976. Un grupo de hombres fuertemente armados, con sus caras cubiertas por pasamontañas, irrumpieron en su casa de la calle Coronel Moldes al 847 de la ciudad de Salta y mataron a patadas al perro de la familia, porque no paraba de ladrar.

Los hombres llevaron a los golpes a Poppe “desde la verja hasta su dormitorio”, y permanecieron en la vivienda “durante un largo tiempo, dando vuelta todo en búsqueda de ‘panfletos’”. Despertaron a los pequeños hijos de Poppe, de entre uno y tres años, lo golpearon "delante de ellos y de su esposa, mientras le preguntaban ‘¿dónde tenés escondidos los panfletos con los que generan los paros de transporte?’”, describe la resolución por la que la jueza federal Mariela Giménez declaró vigente la acción penal para seguir investigando estos hechos, a casi 46 años de cometidos. Los acusados son dos represores reconocidos en la provincia, que ya cuentan con condenas: Joaquín Guil y Virtom Modesto Mendíaz, que tenían cargos de conducción de la Policía de Salta en aquel momento. 

La madrugada de la pesadilla en la casa de Poppe el grupo de tareas incluso rompió un ropero de la habitación principal buscando panfletos y armas, contó su mujer, Rosa Nélida González, que además de recordar la muerte del perro a patadas describió que a sus hijitos “los policías los tiraban de una cama a otra dando vueltas los colchones”. Ella intentó defenderlos, igual que a su marido, y también fue golpeada. 

Cuando la patota se cansó de revolver todo, Poppe fue llevado a la Central de Policía, con las manos esposadas y los ojos vendados. En la “chancha” (el vehículo policial) a la que lo subieron pudo advertir que había varias personas más, pero no pudo hablar con nadie.

Al llegar a la Central le sacaron las zapatillas y de un “plantazo” (una patada) un policía lo metió en una celda junto a las otras personas que iban en la “chancha”, y quedaron todas amontonadas. 

Cuando recordó estos hechos, Poppe dijo que estuvo una semana “en los sótanos” de la Central, donde "fue sometido a torturas, mediante la utilización de una ‘picana eléctrica’”. También fue interrogado en una oficina, el policía puso un arma sobre la mesa preguntándole sobre los famosos panfletos y revistas políticas. Poppe sostuvo que estuvo siempre con los ojos vendados y no le dieron alimentos. Hasta que finalmente fue liberado, merced a los trámites de miembros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Contra los gremios 

Poppe trabajaba en la empresa de transporte de pasajeros Ale Hnos y era delegado gremial de la UTA. Ni él ni su mujer pudieron recordar (después de los muchos años que hubo que esperar para que se investiguen estos hechos) el día exacto de su detención, pero sí que fue después del 24 de marzo y de un paro de actividades realizado por la UTA.

La sede de este gremio fue allanada la misma noche de la detención de Poppe; también fue detenido y violentado el secretario general, Carlos Roberto Hoyos, y otro trabajador del transporte, Juan Carlos Flores, denunció su detención. El caso de Poppe expone, una vez más, que la represión se ensañó con la clase obrera y sus organizaciones. En el caso de la UTA, a principios de 1977 fueron detenidos irregularmente, y en muchos casos torturados, una veintena de trabajadores de la empresa La Veloz del Norte, hecho por el que se investiga, entre otros, al empresario Marcos Jacobo Levin. 

Después de que se llevaran a Poppe, González buscó a Hoyos y le pidió que intercediera por su marido, cuyo paradero desconocía por entonces. El sindicalista la tranquilizó y le avisó que estaba en la Central. Hacia ahí corrió González y pudo a verlo, “muy deteriorado”, a tal punto que cuando recuperó su libertad “tardó muchos días en recuperarse de los malos tratos sufridos” y mucho tiempo después seguía sufriendo las consecuencias de esa violencia.

Una experiencia parecida sufrió Carlos Hoyos. En su caso fue detenido cuando se encontraba en la casa de su suegro, los atacantes, que se identificaron como miembros del Ejército, lo golpearon y le dijeron que se despidiera de sus hijas antes de subirlo a un vehículo. Luego lo torturaron exigiéndole que se responsabilizara por una bomba puesta en una vivienda. Cuando por fin lo liberaron, estaba flaco y a veces "se levantaba por las noches gritando debido a las pesadillas que sufría".

Mendíaz era subjefe de la Policía cuando ocurrieron estos hechos, y Guil era director de Seguridad, un cargo clave desde el que tenía dominio sobre toda la fuerza policial salteña, en todo el territorio. Ambos serán investigados ahora por la detención de Poppe. Además de la responsabilidad propia de sus funciones en la cadena de mando del aparato represivo puesto en marcha por el Estado, la Fiscalía también les atribuyó responsabilidad por la posición de garantía que ocupaban respecto de la víctima, “pues eran los funcionarios responsables de su guarda”.

La discusión hasta aquí estaba planteada sobre la imprescritibilidad de estos hechos. "Se puede afirmar que, en función de jurisprudencia nacional e internacional de derechos humanos, como así también lo dispuesto por convenios internacionales de derechos humanos que obligan al Estado argentino, los hechos descriptos constituyen delitos de lesa humanidad, y son imprescriptibles, condición que revestían con anterioridad a la fecha de su comisión, por lo que la acción penal para la persecución de los mismo se encuentra vigente, lo que así deberá ser declarado", sostuvo la jueza en su resolución que permite la continuidad de esta causa, dictada la semana pasada. 

La misma magistrada dictó, también la semana pasada, tres resoluciones de procesamiento por otros crímenes de lesa humanidad. En la que reúne a más acusados y víctimas, procesó a los ex jefes militares Luis Dubois, Carlos Alberto Arias y Librado Rubén Gamón y a los ex jefes policiales Mendíaz (también militar), Guil, Roberto Rodolfo Arredes y Ramón Jacinto Vivas por detenciones ilegales y vejámenes en perjuicio de 39 personas, entre ellas Carlos Hoyos. 

Fuente de la Información: Nuevo Diario