Día negro para Gils Carbó: fue imputada y le pidieron que explique cómo designa fiscales
29/05/2013. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
La acusan de encubrir a Lázaro Báez en la causa por el desvío de dinero. Además, la Cámara le reabrió una denuncia por irregularidades y la Corte Suprema también le solicitó explicaciones.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue apuntada, casi en simultáneo, desde diferentes sectores de la Justicia. Por la mañana se conoció que el fiscal Gerardo Di Masi la imputó por presunto encubrimiento del empresario kirchnerista Lázaro Báez; luego la Cámara Federal porteña ordenó reabrir una causa para determinar si cometió irregularidades en el nombramiento de representantes del Ministerio Público; y pasado el mediodía desde la Corte Suprema le pidieron que explique si la Procuradora adjunta, Alejandra Cordone, está habilitada para realizar dictámenes.
En uno de los casos, Di Masi impulsó una denuncia de la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) contra Gils Carbó, el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa central que involucra a Báez, y los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, de la Procuraduría antilavado, por tener “un accionar deliberado en el que se intenta frustrar la investigación”. Di Masi impulsó a los cuatro, solicitó la copia de la causa para determinar si hubo demoras en avanzar en la pesquisa y consideró que la causa se puede encuadrar en los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público, para dar paso a una posterior resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con quien comparte la investigación que inició Carrió al presentar una denuncia contra los imputados luego de que Casanello enviara a Río Gallegos la causa contra Báez por el presunto desmantelamiento de una bóveda en su chacra, prueba que también había llevado a la Justicia la diputada.
Respecto a la decisión de la Cámara Federal de reabrir la causa contra Gils Carbó por el nombramiento presuntamente irregular de fiscales, fueron los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, de la Sala I de la Cámara, los que revocaron la decisión de Casanello de archivar la denuncia de la Procuradora y ordenaron que lleve a cabo medidas de prueba solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuán. Gils Carbó fue denunciada por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por el senador Mario Cimadevilla, que cuestionó la creación de la Procuraduría Antilavado y la Procuraduría de Narcocriminalidad, así como también la designación de sus titulares, Gonella y Félix Crous, por no respetar los procedimientos establecidos. La Cámara cuestionó la decisión de Casanello porque “la gravedad de las imputaciones dirigidas” a Gils Carbó no podía ser reducida en la simple apelación a un recurso dialéctico del juez.
En esa línea, se supo que la Corte Suprema analiza la posibilidad de pronunciarse sobre la validez de designaciones de fiscales subrogantes, en el marco de un dictamen en un juicio comercial que es objetado por el empresario Antonio Conrado De Martino, quien desde hace varios años viene reclamando en distintas instancias por una causa comercial conocida en los tribunales como “Automotores Saavedra”. En ese expediente, el 13 de marzo pasado la procuradora adjunta subrogante Alejandra Cordone Rosello emitió un dictamen que fue objetado por Martino porque no se trata de una fiscal constitucional, sino de una designada sin respetar los mecanismos constitucionales y, consecuentemente, ilegal. El planteo apunta a declarar la “nulidad del dictamen”. La Corte emplazó por cinco días a la Procuración para que se pronuncie sobre la validez del dictamen de una subrogante a la que el organismo designó desde el Ministerio Público Fiscal.
Fuente: El Cronista
