Diputados aprobó el ordenamiento de bosques nativos
11/12/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Con abstenciones y votos en contra. Legisladores del departamento San Martín lo rechazaron, con advertencias sobre las consecuencias de la deforestación. Por otro lado, la Cámara Baja prorrogó la ley que prohíbe los desalojos de campesinos.
Con abstenciones y votos en contra. Legisladores del departamento San Martín lo rechazaron, con advertencias sobre las consecuencias de la deforestación, como vienen señalando organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, la Cámara Baja prorrogó la ley que prohíbe los desalojos de campesinos.
El tratamiento del proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos tuvo el mérito de hacer coincidir a legisladores cercanos al kirchnerismo con libertarios. Les unió el rechazo, aunque por distintas razones.
Más allá de ese rechazo, el oficialismo provincial hizo valer su mayoría abrumadora para aprobar, a solo dos días de haber obtenido estado parlamentario y en medio de expresiones de rechazo social, el nuevo ordenamiento. "Téngase por cumplido el proceso participativo de actualización y revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos seguido por la Provincia de Salta", afirma el artículo primero. Agrega que el informe técnico final, su adenda y respectivo soporte cartográfico para su aprobación, se incorporan como anexos I y II respectivamente de esta ley.
La diputada Socorro Villamayor fue la informante. Empezó recordando la aprobación, en 2007, de la Ley Nacional de Bosques, 26331, adoptada en la provincia por la ley 7543 de 2008.
El primer ordenamiento de bosques nativos, que sobrevino tras la aprobación de aquella ley, estaba largamento vencido. Sobre esta demora, Villamayor recordó que en 2020 comenzó el proceso de análisis del nuevo ordenamiento. “Se inicia un trabajo netamente participativo”, con la intervención de ambientalistas, conservacionistas, productivistas, personas del campo, universidades, “y se realiza un trabajo minucioso de mucho tiempo con una tarea distribuida en talleres”, sostuvo la legisladora.
Aseguró que con este nuevo mapeo, “la zona verde, es decir, la zona pasible de cambio de uso (de deforestación) se reduce” de 1.500.000 hectáreas a 721.568 mil hectáreas, “con un criterio científico, con diversidad de actores, manteniendo el equilibrio entre el ambiente y la producción y con un criterio distributivo que resulta más equitativo”.
“Esta nueva normativa sí cumple con los preceptos y los criterios determinados en la ley 26331”, cumple con el principio de no regresividad, “también respeta los presupuestos mínimos que esa normativa establece como también aquellos que determina la 7543”, insistió. Precisamente, las críticas sostienen que el nuevo OTBN viola el principio de no regresividad.
Por otro lado, Villamayor destacó que la Nación "no cumple con las obligaciones de la ley" porque adeuda la mayor parte del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos que le corresponden a la provincia. Detalló que entre 2009 y 2023 la provincia debió haber recibido más de 30 mil millones de pesos y solo se recibió un poco más de 885 millones de pesos.
El también Luis Mendaña y Luis Albeza (Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) aseguraron que se disminuyó la cantidad de hectáreas susceptibles de ser deforestadas. “Tenemos 30 mil hectáreas más en rojo en este ordenamiento” y 30 mil menos en verde, sostuvo Albeza, quien también subrayó que la diversificación de zona, teniendo cada zona las tres categorías, permite la comunicación entre las especies de flora y fauna y que no haya tanto impacto al ambiente.
"Es la hora de la producción"
También se manifestaron legisladores del norte salteño, algunos, a favor y otros en contra.
“Esta ley es fundamental”, afirmó Moisés Balderrama (JGSC, de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia), también para los pueblos originarios, para que puedan tener sus cultivos. Sin embargo, este legislador consideró que debe haber mejores controles de de la extracción de madera. ”Tiene que ser riguroso, que no se nos vaya un palo más de la zona”, sostuvo. También la acompañó el diputado wichí Rogelio Segundo, que dijo estar preocupado por la derogación de la emergencia de la propiedad comunitaria indígena.
Santiago Vargas (Unión Salteña – UCR) fue uno de los más entusiastas con el nuevo OTBN. “Me parece que es la hora de la producción. Es el momento de que la Argentina y la provincia empiecen a producir”, aseguró antes de afirmar que 6 de cada 10 dólares que ingresan al país vienen del campo, y culpar a los subsidios a las personas menos pudientes por la crisis en el país.
El departamento San Martín “tiene excelentes condiciones para la producción agroganadera”, ahí está el feed lot más importante de la Argentina, el mayor productor de poroto, resaltó, justo en sentido contrario al que se expresó su par Jorge Restom, que también recordó la presencia de esta gran empresa ganadera en la ruta 86, y lo poco que beneficia al lugar. El país tiene perspectivas de crecimiento para el año que viene, “no podemos nosotros quedar afuera de ese crecimiento simplemente por cuestiones políticas”, insistió Vargas.
También el jefe del bloque oficialista mayoritario, Germán Rallé (JGSC), se expresó a favor de la aprobación del ordenamiento. “Esta ley está muy bien hecha, está muy bien trabajada la parte técnica”, será muy positiva para Salta, sostuvo.
Del otro lado se anotaron, como casi siempre, los legisladores del bloque libertario Ahora Patria, Roque Cornejo y Griselda Galleguillos. La novedad fue que los peronistas Jorge Restom y Mirtha Miller, del departamento San Martín, coincidieron en el pedido de vuelta a comisión que planteó Cornejo, quien cuestionó el escaso tiempo dado para el análisis de una iniciativa de esta envergadura. También pidió la vuelta a comisión la radical Soledad Farfán, en su caso atendiendo a los pedidos que recibió de organizaciones interesadas en participar de la discusión.
Restom leyó un extracto de una resolución de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta: "la zonificación no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permite en algunos casos el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las categorías I (rojo) y II (amarillo)", afirma antes de advertir que el avance de los desmontes amenaza la continuidad biológica y cultural de los pueblos originarios y por eso es necesario "que se detengan de inmediato" en resguardo de su supervivencia y "se evite la tragedia humanitaria que podría derivar en una catástrofe social, cultural, de incalculables consecuencias". También reseña que entre fines de 2007 y fines de 2022 se desmontaron 714.052 mil hectáreas en la provincia.
"Yo creo que no se puede aprobar en dos días un proyecto de tal magnitud”, afirmó Mirtha Miller (Evita Conducción). Aseguró que en el departamento no pueden "permitir que se sigan desmontando ni siquiera media hectárea ya” por todos los problemas que se derivan.
Desalojos de campesinos
En la extensa sesión de la víspera se aprobó también la prórroga de la ley provincial 7658, que suspende la ejecución de sentencias y demás disposiciones judiciales que tengan por objeto el desalojo de tierras poseídas por familias rurales.
Moisés Balderrama recordó que esta ley viene siendo prorrogada cada año desde 2014 y pidió que esta vez la prórroga sea por dos años, hasta diciembre de 2026, aunque después concedió a un planteo de Rallé para que la prórroga sea de un año.
El legislador del departamento Rivadavia dijo que esta suspensión es necesaria para continuar el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, un "proceso largo" y lento debido a la complejidad y también por la falta de recursos, dijo.
“Estamos en una situación que dista de ser ideal”, sumó en su momento Patricia Hucena, quien reconoció que a 14 años de la sanción de la ley 7658 debería haber un mayor avance en la regularización. Agregó que si no se sancionara esta ley se produciría una verdadera crisis para los productores. No obstante, insistió, la prórroga no es suficiente, “se necesitará llevar recursos” para regularizar la situación.
En otro orden, también se aprobó la prórroga de la emergencia hídrica, a partir del 2 de diciembre de 2024 y por el plazo de un año.
Y se aprobó un proyecto para modifica la normativa referida a los fueros para dejar taxativamente aclarado que quienes tienen fueros, sean legisladores o funcionarios de otros poderes, pueden ser investigados sin necesidad de que se los desafore. "El Fiscal y Juez intervinientes podrán efectuar todos los actos procesales que prevean las normas vigentes hasta la total conclusión del proceso, a excepción de aquellos que impliquen la restricción de la libertad", afirma el proyecto.
Fuente de la Información: Página 12
