El Estado les pagará u$s 88.000 a militares por un fallo de la CIDH
06/02/2017. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
El Estado ordenó pagar en efectivo la sentencia dictada por la CIDH en el caso “Argüelles y otros vs. Argentina”.
El Gobierno dispuso concretar un pago de casi u$s 88.000 a un grupo de militares, a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al país a indemnizarlos por violación de derechos por haber sido detenidos de "manera preventiva" durante siete años en el marco de una investigación por presunto fraude fiscal.
Según se informó en el Boletín Oficial, el Estado ordenó pagar en efectivo la sentencia dictada por la CIDH en el caso "Argüelles y otros vs. Argentina" por un monto equivalente a u$s 87.874,95, por "daño inmaterial a favor de las víctimas del caso y por reintegro de costas y gastos, por el lapso transcurrido desde el vencimiento del plazo dispuesto en la sentencia -16 de diciembre de 2015- hasta la fecha de su efectiva cancelación; y para el caso del reintegro de la suma erogada durante la tramitación del caso por el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el lapso transcurrido desde el 16 de marzo de 2015 hasta su efectiva cancelación".
En diciembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por violaciones de los derechos de 20 militares juzgados por fraude en un proceso iniciado en 1980.Las víctimas reclamaban una cifra indemnizatoria superior a los u$s 300 mil dólares para cada uno, pero el Gobierno argentino rechazó la pretensión diciendo que esos montos no tenían "sustento jurídico", que no se acreditó el sufrimiento padecido durante sus arrestos y que aún cuando estuvieron privados de libertad "gozaron de ciertos beneficios por su condición de militares".
La CIDH dictó sentencia en el caso "Argüelles y otros vs. Argentina" y declaró al Estado argentino responsable internacionalmente por la violación del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, además del derecho a ser asistido por un defensor letrado de su elección y de tener un proceso en plazo razonable.
Fuente: Ámbito
