El fallo de Salta contra los fiscales abrió una grieta en la Junta Federal de Cortes
11/09/2015. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
El presidente de ese organismo y a la vez miembro de la Corte de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, falló a favor de las facultades de detención de los fiscales penales.
Una inesperada grieta se abrió en las más altas esferas de la Junta Federal de Cortes (JuFeJus), que agrupa a todos los superiores tribunales de las provincias argentinas, por la diametralmente opuesta actitud de la Corte de Justicia de Santa Fe y de la Corte de Justicia de Salta, en lo relativo a las facultades que deben reconocerse a los fiscales penales para que puedan cumplir su función dentro del nuevo sistema procesal acusatorio, que les entrega la conducción de la investigación, desplazando a la vieja figura del juez de instrucción del sistema mixto.
Como se sabe, la Corte de Salta declaró la inconstitucionalidad de determinados artículos de una ley complementaria que les permitía a los fiscales conducir por la fuerza pública a los imputados que no obedecían una citación.
Este fallo fue rápidamente considerado como una maniobra revanchista de los jueces contra la reforma que les quitó facultades históricas en el manejo de la investigación penal
En Santa Fe, la Corte debió fallar sobre la constitucionalidad del artículo 214 del nuevo Código Procesal Penal de esa provincia, el cual otorga la facultad a los fiscales de dispon. La Corte Santafesina, sin embargo, decidió apoyar a los fiscales reconociendo la validez de la potestad de detención que les da la ley.er, por un plazo no mayor de 24 horas (extensible, fundadamente, por 24 horas más), la detención de personas sospechadas de la comisión de delitos. La defensoría general de esa provincia, por su parte, se orientaba a que la decisión de ordenar detenciones debe circunscribirse a los jueces y por lo tanto debía declararse la inconstitucionalidad del artículo referido.
En su decisión, la Corte Suprema entendió que la asignación de facultades de detención al fiscal no resulta irrazonable, si se tiene presente que se trata de una consecuencia obligada de las funciones de persecución penal atribuidas al Ministerio Público de la Acusación.
Los fundamentos
El fallo resalta que las normas de la Constitución nacional, Constitución provincial y tratados internacionales no inviabilizan la posibilidad de que la detención pueda ser resuelta por una autoridad distinta a los jueces, destacando en este sentido que todos los ordenamientos mencionados refieren a que “si bien la detención de cualquier persona debe ser decidida por ´autoridad competente´, no debe derivarse de ello necesariamente que la aludida autoridad sólo puede ser un juez”.
Con esa premisa, el Tribunal continúa su razonamiento destacando la expresa formulación legal del artículo en cuestión del Código Procesal Penal: “Desde el punto de vista estrictamente literal, no quedan dudas de que la intención del legislador ha sido habilitar al fiscal como funcionario competente para ordenar detenciones, no obstante que debe inmediatamente someterse a escrutinio judicial”.
A su vez, destaca el fallo del Supremo Tribunal, esta asignación funcional permite que sea el juez quien en definitiva revisará la legalidad de lo decidido por el fiscal en una audiencia en la que participan necesariamente el imputado y su defensor, resguardándose así adecuadamente las garantías de igualdad de partes e imparcialidad del juzgador.
Finalmente, la Corte de Santa Fe destacó que tales prerrogativas concedidas a los fiscales tiene límites específicos dispuestos por la ley procesal que deben respetarse, como ser la necesidad de orden escrita con la comunicación concomitante o posterior -dentro de un tiempo útil y razonable- por medios de segura registración, control jurisdiccional de la legalidad de la detención en la primera audiencia, sumado a que el plazo temporal por el cual el imputado podrá permanecer detenido sólo por orden fiscal aún no controlada por una autoridad jurisdiccional no debe superar las 24 horas – contadas estrictamente desde la detención-, prorrogable con fundamento por otro tanto; en consecuencia, es un plazo prudencialmente breve y razonable para someter la decisión al control judicial. De esta manera, quedó zanjada una cuestión vital mediante una positiva ponderación de los principios del nuevo sistema de investigación y enjuiciamiento.
¿Disputas de poder?
El fallo de la Corte de Salta, en tanto, avanza sobre atribuciones de los fiscales, en un gesto que algunos interpretan tendería a disciplinarlos; pero, si esto es así, algunos en la ciudad judicial y en el Ejecutivo se preguntan si los miembros de la Corte tuvieron en cuenta que el trabajo de los fiscales es perseguir el delito y que la sociedad reclama mayor eficiencia al respecto.
Un análisis superficial del caso parece mostrar una actitud más comprometida con el interés general y menos orientada a las disputas de poder de parte de la Corte de Santa Fe, integrada entre otros por el Presidente de la Junta Federal de Cortes, Rafael Gutiérrez.
La Corte de Justicia de Salta, cuyo presidente es a su vez vicepresidente de la Junta Federal de Cortes, el juez Guillermo Posadas y los demás integrantes del alto tribunal se niegan a reconocer a los fiscales como autoridad judicial encargada de importantes responsabilidades en el sistema acusatorio y muchos creen que los ministros han reducido el asunto a una puja de poder con el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial por encima del deber de combatir la impunidad, tal como lo exigió recientemente el preside de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.
Fuente: Informate Salta