Es ley la reforma que pena con multas y despidos a quienes no vayan a votar

17/05/2012. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina

Fue impulsada por Randazzo para permitir votar con tarjeta de DNI. Los empleados públicos podrán ser cesanteados.

Con 41 votos a favor y 22 en contra, el Senado sancionó hoy la reforma electoral presentada por Florencio Randazzo para permitir que las tarjetas de DNI puedan utilizarse para votar, pero que contiene además modificaciones polémicas como restricciones a la fiscalización y duras sanciones a quienes no van a votar.

El artículo sexto impone multas de entre 50 y 500 al “elector que dejare de emitir su voto y no se justificare ante al justicia nacional electoral dentro de los 60 días respectivos de la elección”.

Pero lo más llamativo es el artículo 8 que contempla la posibilidad de suspender por seis meses y hasta echar a los empleados públicos que no concurran a las urnas. El texto no permite dobles lecturas:

“Todos los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal presentarán a sus superiores inmediatos la constancia de emisión del voto, el día siguiente a la elección, para permitir la fiscalización del cumplimiento de su deber de votar. Si no lo hicieren serán sancionados con suspensión de hasta seis meses y en caso de reincidencia, podrán llegar a la cesantía”.

Y agrega que “los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones en que sus subalternos hubieren incurrido. La omisión o inexactitud en tales comunicaciones también se sancionará con suspensión de hasta seis meses”.

Tampoco deja claro a que se refiere con “constancia de voto”. El articulo 5 sólo dice que será entregada por el presidente de mesa al votante, pero nada aclara sobre cual será el documento. Lo deberá definir el Gobierno en la reglamentación.

Los empleados públicos también podrán ser multados con 500 pesos en caso de que admitan gestiones o trámites ante sus respectivas oficinas sin que los interesados presenten la constancia de emisión de voto.

Todos los bloques de la oposición rechazaron con énfasis este artículo en Diputados y también en el Senado. Randazzo lo defendió al recordar que muchas de esas disposiciones ya existen y Aníbal Fernández reforzó hoy su teoría en que hay jurisprudencia de la Corte que contempla estas sanciones.

“Es un acto de amedrentamiento. De apriete, que no tiene sentido. En vez de ir a una reforma electoral, una vez más se avanzó, como nos tienen acostumbrados, imponiendo”, se indignó Luis Naidenoff, el jefe del bloque radical.

Como miembro informante del oficialismo, el neuquino Marcelo Fuentes ignoró estos artículos y limitó al proyecto a "la inalterabilidad del padrón y a darle habilitación al soporte por tarjeta del documento de identidad". Miguel Pichetto, jefe de bloque, no aportó a esas incógnitas y pidió varias veces adelantar la votación.

"Volvemos a la época de los patrones que retenían las libretas de los peones: Eso es un atraso, algo reaccionario, que establece una lista negra de los desaparecidos cívicos por su inconducta", definió el salteño Juan Carlos Romero. "Ustedes van a votar el mismo texto que aprobó la dictadura", acusó el socialista Rubén Giustiniani.

El kirchnerismo sí celebró el otro cambio resistido por la oposición: los fiscales ya no podrán votar en la mesa que controlan sino a la que pertenecen. O sea, cada partido deberá tener un fiscal entre los votantes de cada escuela.

El artículo 4 es claro: “Ninguna autoridad, ni aun el juez electoral, podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en los ejemplares del padrón electoral”.

“Es un grave retroceso en los derechos. Cada partido necesitará un fiscal que esté acreditado en la mesa en que debe votar”, advirtió, asegurando que eso es “imposible”, protestó la salteña Sonia Escudero, del peronismo federal.

Y recordó los recurrente problemas por “la desaparición de las boletas” de los partidos que no tienen fiscales. En su paso por el Senado, Randazzo aseguró que ese no era el objetivo sino que la norma sólo intentaba impedir la práctica de imponer jefes de mesa donde no los hay.

De hecho, el artículo 3 señala que “las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón de la mesa para la cual sean designados”.

“Nos perdimos la posibilidad de tratar una buena reforma electoral”, se apenó Naidenoff. Recordó el frustrado intento de la oposición de incorporar la boleta única, sistema que utilizan casi todo los países de la región y ya aplican Santa Fe y Córdoba.

Recordó también que en Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Paraguay y El Salvador el financiamiento y distribución de boletas en los partidos políticas no está a cargo de la justicia electoral.

La ley permite votar con el DNI “en todos sus formatos”, pero no impide hacerlo con Libreta Cívica o de Enrolamiento. En caso de que se vote con tarjeta, el sello del voto se hará mediante troqueles.