Escándalo por cursos truchos en Salta: según damnificados Jorge “Coco” Chávez Díaz reclutaba colaboradores para ofrecer cursos para luego no pagarles
15/12/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Los cursos se promocionaban como gratuitos en convenio con los municipios, pero a algunos estudiantes les cobraron hasta $90 mil. Para dictar las clases se usaban espacios de la UNSa, municipales y parroquias.
Un escándalo por estafa educativa se desató en Salta y se estima que más de 100.000 personas se habrían visto afectadas por cursos de retroescavadorista y paramédico minero supuestamente avalados por la Universidad de Oncativo, con participación de la CTA y también aparece la Agencia de la Juventud de la Provincia involucrada. Los certificados entregados carecían de validez oficial.
Algunos damnificados aseguran que pagaron hasta 90.000 pesos por cursos que, en realidad, no tenían reconocimiento del Ministerio de Educación y tampoco de Salud, ni de ninguna entidad oficial. Las denuncias apuntan a Jorge “Coco” Chávez Díaz, quien, según las víctimas, reclutaba colaboradores para ofrecer cursos, los sometía a extensas jornadas laborales para luego no cumplir con lo prometido ni pagarles por su trabajo.
Además firmaba convenios en calidad de “rector” con diversos municipios de Salta, incluso con la capital salteña y Calilegua Jujuy,
El relato de los afectados
Entre los testimonios, varios damnificados contaron cómo fueron engañados con promesas de capacitación y oportunidades laborales. Uno de los casos más reveladores es el de Mirta que fue convocada en junio para formar parte del área de recursos humanos, encargándose de organizar la presentación de los cursos. Tras meses de trabajo sin pago, la afectada se dio cuenta de que los cursos no tenían ningún respaldo oficial y que, además, no se les otorgaba ningún tipo de certificación válida.
“Nos decía que si nos poníamos en su contra, él tenía mucha influencia y era amigo de Benjamín Cruz”, relató una de las víctimas, quien detalló cómo Chávez Díaz utilizaba su supuesto poder para mantener a raya a los empleados y contratistas.
La implicación de la Universidad de Oncativo
Otro punto clave en este caso es la supuesta complicidad de la Universidad de Oncativo, cuyo director, Pablo Verdecchio, fue señalado por los damnificados como conocedor de la situación desde el inicio. A pesar de que la universidad asegura no haber tenido conocimiento de las irregularidades, varias personas afirman que tanto el director como otros miembros de la institución estaban al tanto de la situación y no tomaron medidas para detener el fraude.
Los cursos, que se ofrecían en municipios como Irigoyen, Cerrillos, Vaqueros, La Caldera, Quijano, Salta capital entre otros lugares carecían de respaldo institucional, lo que los hacía completamente inútiles para quienes buscaban obtener un empleo. Las víctimas también denunciaron que las autoridades municipales sabían de la situación, pero no hicieron nada para frenar el engaño.
Las falsas promesas de trabajo y los pagos
Los testimonios de las personas involucradas en la organización de estos cursos son igualmente reveladores. Muchos aseguraron que Chávez Díaz prometió conseguirles empleo una vez que terminaran los cursos, lo que motivó a muchos a inscribirse. Sin embargo, la realidad fue muy diferente: los pagos por los cursos nunca fueron entregados de forma completa, y muchos docentes y colaboradores fueron explotados laboralmente, sin recibir la compensación que se les había prometido.
Algunos de los afectados mencionaron que incluso el pago de los cursos, que oscilaba entre los 2.000 y 50.000 pesos, nunca llegó a los profesores ni a los organizadores. Además, los certificados entregados carecían de cualquier tipo de validez, lo que dejó a los estudiantes sin ninguna opción de acreditar las capacitaciones ante las empresas que los habían contratado para realizar prácticas.
El futuro de los afectados
Ante la magnitud del fraude, los damnificados están comenzando a organizarse y buscar asesoramiento legal para presentar demandas penales. La indignación es palpable entre quienes participaron en los cursos, y muchos exigen que se haga justicia. “Nosotros queremos que se nos devuelvan lo que pagamos, que se reconozcan nuestros derechos y que se castigue a los responsables”, expresó una de las víctimas.
Además, las colaboradoras que trabajaron en la organización de los cursos, denunciaron haber sido tratadas de forma abusiva y explotadora por Chávez Díaz, quien las manipulaba con falsas promesas de pago y trabajo. Algunas incluso fueron amenazadas cuando intentaron denunciar la situación.
Un escándalo que sigue creciendo
Con el paso de los días, las denuncias continúan creciendo, y las autoridades provinciales se ven presionadas a tomar cartas en el asunto. Los más de 100.000 afectados esperan respuestas de los responsables y de las instituciones que supuestamente validaban estos cursos.
Fuente de la Información: El Tribuno
