Escuchas telefónicas complican la situación del juez Reynoso
28/11/2015. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
El pedido de procesamiento, para el juez federal Raúl Reynoso, incluye entre los fundamentos escuchas telefónicas que estarían confirmando su implicancia en la causa por supuestos sobornos.
Los fiscales, Eduardo Villalba, y Diego Iglesias, en la presentación efectuada ante el juez Julio Bavio, remarcan que existen contradicciones entre los dichos del juez y las pruebas aportadas en su contra.
Así sostienen que la confrontación de los descargos efectuados tanto por el magistrado, como por el resto de los imputados durante la indagatoria, revela “severas contradicciones” .
En este sentido, uno de los aspectos centrales tiene que ver con la gran cantidad de llamados telefónicos entre Reynoso y las personas que actuaban, como intermediarios, algo que había sido desconocido por el magistrado.
“La severa contradicción entre la versión dada por el juez Reynoso –en cuanto a que no se comunicó vía telefónica con G. (uno de los abogados imputados) más de cuatro veces- y las constataciones, señalan más de 180, sostienen los representantes del Ministerio Público Fiscal. Ese detalle se entrecruza con las fechas en las que, se adoptaban varias de las resoluciones judiciales cuestionadas.
Asimismo, los testimonios de empleados del juzgado identifican a los abogados acusados de intermediar, como los que con mayor asiduidad ingresaban al despacho de Reynoso, e incluso apuntaron que “las causas de esos abogados se movían más rápido”.
Todo esto fue negado por Reynoso en su indagatoria. Al igual que para el resto de los imputados, los representantes del MPF pidieron que se decrete la prisión preventiva del magistrado, pero que recién se haga efectiva una vez que sea apartado de su cargo, tal como lo establece la ley.
También solicitaron embargos con fines de decomiso por 30 millones de pesos. Los embargos responden a dinero que era secuestrado en diversos allanamientos y el juez los devolvía según las causas. Reynoso, los abogados René Gómez, María Esper, Eladio Gaona, Ramón Valor y los empleados Miguel Saavedra, Rogelio Aparicio y su hermana son los acusados por una organización criminal relacionada con sobornos para favorecer a detenidos.
