Facturas apócrifas: La causa de Matías Huergo ya está en manos de Casación
30/10/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El fiscal general ante la Cámara Federal Penal mantuvo el recurso de Amad. El acusado de armar una usina de facturas truchas había sido sobreseído.
La causa de Matías Huergo ya está en manos de la Sala III de la Cámara Federal de Casación, que se espera pronto emita un decreto para designar una audiencia, ya sea escrita u oral, para definir el curso del caso.
Amad: "En el caso Huergo nadie fue imputado ni llamado a declarar por la justicia provincial"
Tras investigaciones que datan de 2018, Matías Huergo había sido imputado por presuntamente liderar una organización ilícita dedicada a cometer fraudes fiscales mediante el uso de facturas apócrifas. Sin embargo, en septiembre de este año, fue sobreseído junto con otros ocho acusados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, al acogerse a la nueva ley de blanqueo de capitales. Los camaristas Marta Liliana Snopek y Mario Marcelo Juárez Almaráz fallaron a favor del sobreseimiento, mientras que el juez Federico Santiago Díaz se manifestó en disidencia.
El 8 de octubre, el fiscal Carlos Amad presentó un recurso de casación, y ayer se supo que el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De Luca, decidió mantener la apelación. Los abogados de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) también avanzaron en la misma dirección.
En su presentación, Amad solicitó la revocación de la resolución que sobreseyó a Matías Luis Huergo y a los coimputados Aníbal Anaquín, Gerardo Romero, Héctor Silva, Mimessi Sormani, Juan Llanos, Rubén Romero, Francisco Antonio Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman, en un caso de asociación ilícita fiscal que incluso tuvo ramificaciones políticas, pues incluyó allanamientos en la Municipalidad de Salta. La Fiscalía busca revertir el fallo judicial que extingue la acción penal contra los acusados, amparado en la Ley de Regularización Tributaria 27.743 y su decreto reglamentario 608/2024, los cuales considera inconstitucionales.
Amad cuestiona la constitucionalidad del decreto reglamentario N° 608/2024, argumentando que este excede las facultades del Poder Ejecutivo al incluir el delito de asociación ilícita fiscal dentro del régimen de extinción penal. Según el fiscal, esta inclusión atenta contra el principio de legalidad, ya que el Congreso no contempló dicho delito en la Ley 27.743. Para la Fiscalía, solo el Poder Legislativo está habilitado para definir qué delitos pueden ser beneficiados por una ley de amnistía y cuáles son sus excepciones, y esta función no debería ser alterada por el decreto.
Además, el recurso subraya la naturaleza compleja de la asociación ilícita fiscal, que afecta no solo la hacienda pública, sino también el orden y la tranquilidad social. La Fiscalía sostiene que este delito es autónomo y pluriofensivo, por lo que no debería ser extinguido mediante mecanismos de regularización fiscal.
Los jueces Marta Liliana Snopek y Mario Marcelo Juárez Almaráz respaldaron el sobreseimiento, al considerar que el decreto 608/2024 se ajusta a las facultades del Ejecutivo y no viola el principio de legalidad. Sin embargo, el juez Federico Santiago Díaz disintió, argumentando que solo el Congreso tiene la potestad de legislar sobre los delitos que pueden beneficiarse de un régimen de amnistía.
En agosto, Matías Huergo pagó deudas en la AFIP por casi 70 millones de pesos, según confirmaron fuentes fiscales, un mes después de que el Gobierno nacional implementara la ley de blanqueo de capitales. El Tribuno accedió a tres comprobantes por $25 millones, $42 millones y $661 mil.
Según estimaciones de la AFIP, la organización habría emitido facturas falsas por montos cuyo IVA superaba los 100 millones de pesos entre 2015 y 2018, afectando gravemente los ingresos del Estado.
Sigue el freno en la fiscalía provincial
La causa, que tenía cientos de expedientes, fue dividida en dos: la parte tributaria quedó en el fuero federal, mientras que los delitos más graves que tienen que ver con el desmanejo de fondos quedó en el Ministerio Público Fiscal, sin tener avances. El caso tiene desgrabaciones de conversaciones telefónicas en las que se escucha, por citar un ejemplo, a personas que trabajaban en Aguas del Norte.
Fuente de la Información: El Tribuno
