Fernando Gómez: los informes iniciales apuntan a la Gendarmería
19/01/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Una patrulla de 16 gendarmes estuvo en el operativo en el que Fernando Gómez resultó muerto, en el monte cercano al Puesto 28 de Julio. Ninguno de ellos declaró todavía y no hay imputados. Tres bagayeros fueron heridos con balas de plomo.
Plan Güemes: las querellas, con la mira en la línea de mando
Los informes incorporados al expediente que se tramita en la fiscalía federal de Orán por los hechos del 18 de diciembre pasado en la frontera con Bolivia dejan en claro que ya en los informes iniciales se apunta a la Gendarmería Nacional por los disparos que provocaron la muerte del bagayero Fernando Gómez. La propia Gendarmería da cuenta de que otros tres bagayeros resultaron con heridas de armas de fuego. Surge otro dato: la patrulla que realizó el procedimiento en el monte, de la Sección Núcleo del Escuadrón 20 "Orán", no informó del incidente con los disparos.
Cumplido un mes de la violencia desatada en el marco del Plan Güemes que lanzaron el 9 de diciembre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador Gustavo Sáenz, la causa en la que se investiga la muerte del "chanchero" (pasador de hojas de coca) Fernando Gómez, aún no cuenta con imputados.
Los testimonios apuntan a la patrulla de gendarmes que en las primeras horas de la madrugada del 18 de diciembre de 2024 interceptó a un grupo de "paseros" que ingresaba al territorio nacional por un camino alternativo detrás del Puesto 28 de Julio de la Gendarmería. Esta fuerza ya entregó la lista de 16 gendarmes (no 14, como se informó inicialmente) que integraban la patrulla de la Sección Núcleo. También se secuestraron las armas que usaron aquella noche. Pero hasta ahora ninguno ha sido citado a declarar.
En ese camino alternativo en el monte fueron baleados Gómez y dos bagayeros más: Bruno Franco "Caco" Hualpa (no Walpa), herido en el estómago, y presuntamente Rómulo Páez, que fue al Hospital San Vicente de Paul a hacerse atender pero luego huyó sin esperar el alta.
Las querellas consideran que será difícil individualizar a quienes dispararon los cartuchos que tenían balas de plomo. La misma Gendarmería señala en su informe a la fiscalía federal que el procedimiento de secuestro (porque no habla del tiroteo) “se produjo en lugar despoblado, hostil, zona montuosa" y "no se logró contar con la presencia de testigos del hecho”.
Pero sí estaban los "paseros" y las mujeres "campaneras". Precisamente, la "campanera" que había dado el aviso para que avanzara el grupo de pasadores declaró que los disparos "a los paseros" venían de donde estaban los gendarmes. Y del otro lado, desde el sector del río Pescado, vió que sacaban a alguien en una lona. Un relato similar brindó el trabajador de frontera Rolando Pizarro, que acompañó a la Policía de Salta en una inspección al lugar del hecho, donde se encontraron cartuchos disparados del tipo de los antitumulto.
El gendarme Alejandro Calli, operador de radio esa madrugada, declaró que la patrulla pedía apoyo porque estaba siendo agredida por bagayeros y decían que "habría" una persona civil herida. Este relato parece encajar con el de otros paseros que afirman que los gendarmes arrastraban el cuerpo de Gómez hacia el río, que se lo quitaron y lo llevaron a la ruta.
"Mataron a un changuito"
La sección Núcleo remitió un informe a la fiscalía federal. Lleva la firma de su jefe, Cristian Nicolás Wicky, y del subalférez Santiago Mburaya, jefe de la patrulla que realizó el procedimiento de secuestro de bultos la madrugada del 18 de diciembre. Es llamativa la cortedad del informe sobre el momento en que la patrulla se topa con los bagayeros. Esta falta contrasta con la descripción fluida que se hace del segundo momento, cuando los bagayeros atacan a pedradas el Puesto 28, ya sobre la ruta.
Sobre el primer momento el informe detalla el resultado del secuestro: 51 kilos de cocaína, 216 kilos de hojas de coca, 791 cartones de cigarrillos. El informe dice que en el camino alternativo se constataron infracciones a las leyes 23.737 y 22.415. Es todo, no hay mención al tiroteo, nada se dice de Fernando Gómez ni de los otros dos bagayeros heridos.
La narración salta directamente al segundo momento, ya en el Puesto 28, cuando un grupo de bagayeros llegó enardecido llevando el cuerpo inerte de Fernando Gómez, que habían sacado ellos mismos hasta el playón de bagayeros. Ahí, entre insultos y gritos contra los gendarmes, tomaron una camilla de la ambulancia de Aguas Blancas, cargaron en ella a la víctima y corrieron hasta el Puesto, donde lo entregaron a los gendarmes acusándolos de haberle provocado la muerte. Luego comenzó la pedrada, y los disparos. La Gendarmería sostiene que repelieron el ataque con disparos de balas antitumulto (AT, de goma), que hicieron unos 1800 disparos con escopetas calibre 12/70, y que siempre apuntaron a las piernas. Sin embargo, ahí recibió un tiro de plomo en la cabeza el trabajador Arnaldo Gareca.
Otro dato: Mburaya aparece nombrado en un informe del oficial de servicio, Daniel Guaymás, de la Comisaría 5°, de Aguas Blancas, que cita al jefe del Puesto 28, Luis Sosa, quien dijo que el subalférez informó que cuando retornaban a este Puesto escucharon disparos "a la distancia desconociendo quién los habría efectuado", con lo que sostuvo que su patrulla no estuvo involucrada en el tiroteo que terminó con la vida de Fernando Gómez. Mburaya añadió que después escucharon por los Handy de los "coqueros" que "mataron a un changuito".
Hualpa, de 19 años, estaba en el grupo de Fernando Gómez. Según contó su abogado Gonzalo Ramos, el joven dijo que esa madrugada la patrulla de la Gendarmería actuó de manera distinta a la costumbre. Esta vez no hubo voz de alto (el aviso para que los chancheros abandonen sus bultos y se retiren), "aparecieron de repente y empezaron a disparar". Los "paseros" corrieron. Hualpa se detuvo cuando sintió que no podía respirar. Entonces escuchó dos disparos y que alguien decía "no, no, no". Luego, por el Handy oyó: "Vengan, está muerto Fernando".
La línea de mando
"Nosotros tenemos que querellar a quienes participaron del procedimiento", dijo a Salta/12 el abogado Gonzalo Ramos, que también asumió la representación de la querella de la familia de Fernando Gómez. Ramos consideró que hay responsables en el mando superior y que por eso debe seguirse "la línea de mando".
Asimismo, el abogado anticipó que esta causa tendrá un trámite largo, aunque dijo que las medidas iniciales básicas están hechas. "Nosotros seguimos trabajando". "Es bastante el trabajo que tenemos que hacer", "estamos avanzando con bastantes elementos probatorios". Su querella ya realizó entrevistas y "las aportará en el momento oportuno", dijo. En Salta la Justicia Federal aplica el sistema acusatorio, por lo que las querellas pueden realizar su propia investigación y aportar las pruebas en el momento que consideren más útil a su estrategia.
Por otro lado, Ramos cuestionó que cuando Hualpa estaba en el Hospital "fue presionado por personas de la fiscalía para que declarara en ese lugar", dijo que le preguntaban por el "enfrentamiento" aunque en el expediente la Gendarmería no incorporó información que dé cuenta de que en el procedimiento en el monte haya habido disparos desde el sector de los pasadores hacia los gendarmes.
Sobre la línea de mando, la patrulla que hizo los secuestros en el monte actuó en cumplimiento de las directivas emanadas de la Orden de Operaciones N° 20/24, del jefe de la Agrupación VII "Salta", "para la ejecución de una operación policial conjunta de control de frontera intensivo reforzado" y control de áreas y localidades en la zona de responsabilidad del Escuadrón 20 "Orán", se desprende de un informe del comandante mayor Ramón Ariel Pereyra, al que Salta/12 tuvo acceso.
El informe sostiene que esta operación era "tendiente a la consecución de los objetivos propuestos por el Estado Nacional". Y entre sus directivas se recuerda el protocolo del Reglamento general para el empleo de las armas por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad, dado por la ministra Bullrich en marzo de 2024.
En el informe se destaca la posición geográfica de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, con una gran extensión de límite con Bolivia, "lo que la convierte en un paso estratégico para el comercio, pero también para actividades ilegales, como el contrabando y el narcotráfico". Y se hace una apreciación sobre la población oranense: hay "una cultura arraigada a la criminalidad, donde ya no logran discernir entre delito y fuente de trabajo".
El abogado David Leiva, querellante en representación de Arnaldo Gareca, también considera que se debe escalar para establecer la responsabilidad de quienes ordenaron este operativo. En cuanto al Plan Güemes, fue categórico: "Lo que está claro es que es un plan represivo".
Fuente de la Información: Página 12
