Garavano: "Para la Justicia, lo único que importa es el expediente"

12/09/2016. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina

GERMÁN GARAVANO, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Los cambios que se avecinan con el objetivo de lograr “un sistema más eficiente y que dé respuestas a las demandas de la gente”, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y el rol

 Periodista: ¿Qué opinión le merece el fallo de la Corte Suprema referido al tema tarifario?

Germán Garavano: El fallo es muy positivo porque permite la normalización del servicio eléctrico. Además, tienen un valor muy importante al marcar los alcances de lo que la Corte denomina acciones de clase. Muchas veces se venían haciendo de una manera inadecuada y la Corte marcó los problemas que tenían estos fallos al resolver casos de gente que no representaba a toda la gente. También indicó cómo conducirse en estos procedimientos, situaciones en las que en los últimos tiempos hubo muchos abusos. Porque en el caso de las tarifas, más allá de los errores que cometió el Gobierno, había un ánimo de exacerbar muchas de estas cuestiones.

P.: ¿Esto permitía que ante una medida del Gobierno que no gustaba, se pudiera ir a la Justicia para pedir un amparo?

G.G.: Exactamente. Y a veces, algunos jueces -sin analizar debidamente la situación- lo otorgaban frenando estas medidas para grandes extensiones geográficas.

P.: ¿Este fallo de la Corte Suprema referido a las tarifas eléctricas sienta jurisprudencia?

G.G.: Sí, sienta jurisprudencia respecto de quiénes pueden pedir amparos y les indica a los jueces con qué alcances se pueden otorgar amparos. Otro tema novedoso es que la Corte fija que las costas del proceso las tiene que pagar la parte que perdió. A aquellas personas que llevan adelante estos amparos simplemente con el propósito de frenar y obstaculizar al Gobierno, la Corte les advierte que "si usted sabe que puede no tener razón, sepa que tendrá que pagar los costos de este juicio". Lo que dice la Corte es: cumpla con los procesos, con la ley. A mi juicio, la Corte advierte que hay que tomar estos temas con responsabilidad institucional. Que estas cuestiones que son tan delicadas, que requieren tanto esfuerzo, que afectan a tanta gente, no se pueden tomar como una pelea política de barricada. El fallo termina de ordenar y envía un mensaje claro a la sociedad y a los actores políticos.

P.: ¿Es útil la ley de extinción de dominio para recuperar fondos generados por la corrupción?

G.G.: Es útil. Fueron acuerdos que se hicieron en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo acompañó proyectos de la oposición, tanto el referido a la ley del arrepentido como el de la extinción de dominio. Los dos proyectos son herramientas útiles para combatir la corrupción, pero no son soluciones mágicas. Tenemos un sistema de Justicia que tiene muchos problemas estructurales.

P.: ¿Por qué la Justicia es tan lenta?

G.G.: Nuestra Justicia sigue teniendo la misma estructura de raíz que tenía en la época de la Colonia y eso nunca se modificó. Yo pasé por todo el escalafón judicial que sigue siendo el mismo escalafón de los tribunales del Virreinato del Río de la Plata. Por ejemplo, la figura del secretario es una figura judicial que ya la preveía Alfonso X "El Sabio" en sus partidas. Fíjese que los jueces siguen escribiendo en español antiguo, por ejemplo, fojas -es en español antiguo- y se habla de foliatura, porque se foliaban estas hojas y esto sigue sucediendo. Antes la sociedad era mucho más formal y tenía muchos menos conflictos. Entonces la Justicia era un trabajo que se hacía muy artesanalmente para muy pocos conflictos. Hoy las sociedades tienen cada vez más conflictos y éstos son cada vez más complejos.

P.: ¿A qué se destina tanto dinero?

G.G.: Lo que pasa es que al tener estas estructuras coloniales y este modo de trabajar tan antiguo, se conforman organizaciones altamente ineficientes. Ante la mayor carga de trabajo, en vez de cambiar el modelo de trabajo, lo que se ha hecho es sumar más gente para trabajar de la misma manera. Lo que piden los jueces son más jueces y más empleados y, en realidad, lo que hay que pedir es cómo hacemos el trabajo de otra manera para resolver los problemas de la gente.

P.: ¿Funcionan los juicios por jurados?

G.G.: Los juicios por jurados no agilizan los procesos judiciales. Lo que permiten es que la gente participe, algo que es muy valioso. Nosotros tenemos previsto para 2017/2018 la posibilidad de avanzar con el sistema de jurados, pero con un esquema más chico. Hoy son 12 jurados y pensamos pasar a 6. 

P.: ¿Qué opinión le merece el proyecto para que no prescriban los delitos de corrupción?

G.G.: Con este proyecto yo tengo algunas reservas. La prescripción para los funcionarios recién comienza a correr cuando dejan la función pública. Yo no creo que el problema sea la prescripción, sino cómo funciona el sistema judicial. Además, las causas no avanzan, ése es el desafío que tiene el sistema judicial. Nosotros estamos haciendo una reforma procesal y se están aprobando algunas leyes como la que está en Diputados para la ampliación de los Tribunal Orales Federales, lo que permitirá pasar de 6 a 13. Otro de los proyectos es el referido a las medidas de prueba especiales para hechos de delitos complejos que debería agilizar el proceso. Por ejemplo, vigilancia electrónica, monitorear un cargamento, los informantes...

P.: ¿ Hoy no existen?¿Esto significa que hoy un juez no puede seguir un cargamento de droga?

G.G.: Si un juez quisiera dejar pasar un cargamento de droga porque quiere ver adónde va, no lo puede hacer porque no está previsto en la ley, no tiene autorización legal para esto. Y si lo hiciese, corre el riesgo de ser impugnado. Otro ejemplo es la vigilancia electrónica que hoy no está regulada.

P.: ¿Los jueces deben pagar Ganancias?

G.G.: Sí, deben pagar Ganancias. Tenemos un proyecto para 2017 que consiste en una compensación para que no haya una disminución del salario de bolsillo hasta que se integren a pagar la alícuota de Ganancias. Así lo voté siendo representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

P.: ¿Está bien que el procurador tenga un puesto vitalicio?

G.G.: Yo creo que no; es más, la Constitución no establece que tenga que ser vitalicio. Hay un informe del CELS donde se indica que, como la Constitución no lo establece, el cargo no debería ser vitalicio. Por eso nosotros impulsamos un proyecto poniendo término a la vigencia en el cargo. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, en Salta, en Córdoba, en Chile, en Colombia, en Costa Rica el jefe de los fiscales tiene plazo. Los plazos son muy diversos y van de 4 a 8 años.

P.: ¿Los cargos de jueces deben ser vitalicios?

G.G.: Sí. Lo que debe funcionar bien son los sistemas de remoción y de investigación. Donde se hicieron mecanismos de evaluaciones cada cinco años, se generó una Justicia muy dominada por el poder político. Por eso para mí deben funcionar los controles.
Fuente: Ámbito Financiero