Hoy habrá otra audiencia por la disputa de tierras en Embarcación
21/11/2016. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Para hoy se espera una nueva audiencia en la mediación entre Huberto Bourlon de Rouvre, de la finca Tres Pozos, y los representantes de las comunidades aborígenes que se instalaron a la vera del “camino de la invernada”.
Hasta el momento, se realizaron ya tres audiencias previas sin ninguna posibilidad de acuerdo. En tanto, se conocieron otros detalles de este conflicto, los que incrementaron las sospechas de intereses de funcionarios nacionales y empresarios locales en esta disputa.
Un reporte policial del lunes pasado, de la comisaría de Embarcación, da cuenta de un nuevo grupo de aborígenes instalados en otro tramo del camino, en este caso a la vera de un terreno vecino a la finca Tres Pozos. Se trata de cincuenta personas, entre adultos, menores y mujeres, quienes se identificaron como integrantes de la Comunidad Honhat Leles “Hijos de las Tierra”.
Valerio Cobos, cacique y dirigente de esta comunidad adujo que se instalaron en dicho lugar por “directiva de los abogados del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Daniel Fernández y Miguel Casimiro”. Más tarde, en tanto, se hizo presente el representante legal, Hernán Masetto, quien sostuvo que poseen un mapa de relevamiento de las tierras y que los aborígenes tienen derechos de titularidad de dichas tierras.
Por esta situación, Silvia Morales, radicó denuncia en contra de los aborígenes, pues adujo que se trata de una heredera de Angel Sánchez, propietario del campo, que se encuentra bajo un juicio sucesorio en el fuero civil.
De esta manera, ya son tres las propiedades cuyas tierras están cuestionadas por comunidades indígenas. Dos de ellas se encuentran aún con la titularidad en trámite, ya sea por juicios sucesorios o litigio por posesión veinteañal, como son los casos de Ortega Velarde y Angel Sánchez.
La tercera, en tanto, es Finca Tres Pozos, la cual pertenece al grupo Almanzor SA, cuyo apoderado es Bourlon de Rouvre, con quien los socios de la firma no estarían muy felices, pues todo indica que el conflicto se habría iniciado por la decisión de arrendar una parcela de la propiedad para la explotación ganadera.
Almanzor SA, una sociedad que posee numerosas propiedades en esta provincia, tiene como presidenta a Betina García Puló y como director suplente a Cristián García Puló, quien sería uno de los abogados que se desempeñó como querellante de la viuda del abogado Miguel De Escalada.
Además, según trascendió, existirían otros vínculos de los García Puló con funcionarios del gobierno provincial y a la vez con otras sociedades, en las que también estarían involucrados empresarios relacionados con el grupo Macri, entre otros.
Doble vía
Lo que llamó la atención es que los aborígenes afirmaron que llegaron al lugar “por directivas” de abogados del INAI. Esto, según dirigentes de otras comunidades aborígenes, refuerza la hipótesis de que el conflicto es impulsado por el propio Gobierno nacional, se especuló en fuentes judiciales.
Al respecto, señalaron que la intención del presidente, Mauricio Macri, consistiría en generar una situación de inestabilidad e ilegalidad a fin de presionar con ello al gobernador, Juan Manuel Urtubey, para que tome medidas, como así también cuestionar la Ley 26.160, la cual ordena la suspensión de cualquier proceso judicial o extrajudicial que tienda al desalojo de tierras comunitarias hasta noviembre de 2017, según la última prórroga.
Esta ley, cuya autoría es de la ex senadora, Alicia Kirchner, es una complicación para gobierno nacional, sobre todo para los intereses del sector agropecuario de la zona, cuyos principales exponentes son nada menos que la familia Urtubey, la del ex gobernador, Juan Carlos Romero, el jefe de Gabinete, Marcos Peña e incluso el propio Macri.
Según los caciques de las comunidades que podrían disputarles la posesión a este grupo, el gobierno nacional junto a la Provincia se aliaron a fin de interrumpir el Relevamiento Territorial, un programa impulsado por el gobierno anterior.
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