Huelga "ilícita" de judiciales jujeños

01/10/2013. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina

El Tribunal Superior de Justicia de Jujuy declaró la ilicitud de la huelga iniciada por los empleados del Poder Judicial local.

Los jueces postularon que las medidas “exceden el marco de un conflicto laboral”, y que los empleados configuraron “actos ilícitos que superan los límites del derecho de huelga”.

La porcentualidad es el reclamo de todos los empleados de la justicia, en 2012 fue la bandera de las huelgas de los judiciales bonaerenses, un conflicto que se estiró casi medio año. En 2013, esa reivindicación está siendo exigida por parte de los empleados del Poder Judicial de Córdoba, y desde el 7 de agosto último, por los judiciales de Jujuy.

El conflicto entre los trabajadores y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy tuvo su momento de mayor tensión el jueves último, cuando los miembros del Máximo Tribunal provincial, Sergio Ricardo González, María Silvia Bernal, Sergio Marcelo Jenefes y Clara Aurora De Langhe, en acuerdo pleno, decidieron declarar la ilicitud de la huelga que vienen llevando a cabo los empleados de la justicia.

Cronograma ddel conflicto

La Asociación Judicial de la Provincia de Jujuy viene reclamando desde hace años la operatividad del artículo 170 inciso 3º de la Constitución de la Provincia, que reza que “la retribución de los magistrados, funcionarios y empleados debe guardar adecuada proporción con la establecida para los jueces del Superior Tribunal de Justicia”.

Los empleados decidieron recurrid a la via judicial, y en 2011 interpuso una acción de amparo a fin de que se les reconozca ese derecho de raigambre constitucional. Pero el expediente tuvo como último movimiento una providencia con fecha en septiembre de 2012.

Ante esa situación, a partir del 7 de agosto, los empleados adoptaron algunas medidas de fuerza, como el trabajo a reglamento, fueron implementadas por los miembros de la entidad sindical, con el correr de los días, y sin tener respuesta por parte de las autoridades, los judiciales endurecieron sus reclamos.

En ese contexto, el Alto Cuerpo provincial a través del dictado de la Acordada 133/2013, exhortó a los agentes del Poder Judicial “a reintegrarse a sus tareas habituales”.

Las medidas, en vez de neutralizarse, se endurecieron, y se llegó hasta un paro de actividades. Ello derivó en el dictado de un nuevo acto administrativo por parte del Tribunal Superior de Justicia.

La Acordada

“La continuidad de las medidas de fuerza adoptadas por personal del Poder Judicial, no obstante los constantes esfuerzos realizados por los poderes del Estado para la resolución del conflicto y la exhortación a reintegrarse a sus tareas”, fue lo que tuvo presente el Alto Cuerpo al momento de dictar la Acordada n ª 141/2013.

En tal sentido, el texto de la misma expresó que “a mas de las dificultades generadas por dichas medidas en el desarrollo del servicio de justicia, y la consecuente ilicitud de la huelga que ello implica, cabe tener presente que las mismas exceden el marco de un conflicto laboral”.

Sobre ese punto, el TSJ entendió que el mismo consiste “en la mera abstención del deber de trabajar con abandono de los puestos de trabajo”, cosa que no hicieron los judiciales, ya que, a criterio de los jueces, han “configurando actos ilícitos que superan los límites del derecho de huelga, en donde cada trabajador debe tomar la decisión libre de adherir o no a las medidas acordadas”.

De esta forma, “quienes actúan dentro de este marco de violencia, imposición por la fuerza, y ejercen presiones físicas o psicológicas están conculcando el derecho de trabajar y transforman la medida en ilegal”.

Por ende, la acordada consideró que dichas acciones, “por la forma y la modalidad, pueden constituir actos ilícitos que generen responsabilidades en materia administrativa (sanciones administrativas), civil (por los daños causados) y penal (por los hechos que están siendo materia de investigación)”.

Con estos basamentos, los jueces dispusieron declarar la ilicitud de la huelga iniciada el 7 de agosto, y, como consecuencia de lo dispuesto, se conminó e intimó “a los agentes judiciales que continuaren adheridos a las medidas de fuerza, a reintegrarse a sus tareas habituales a partir del 30 de setiembre de 2013”.

La Acordada, asimismo, postuló que, en caso de incumplimiento de la misma “se iniciarán los sumarios administrativos correspondientes, previa exclusión –en su caso- de la tutela sindical de los agentes que se encuentren amparados bajo ella”. Y acto seguido se ordenó a los magistrados y secretarios, que “deberán hacer conocer y denunciar la comisión de hechos a los que se refiere la presente acordada”.

Resta saber si el dictado de esa norma interna, logrará apaciguar el reclamo, o si, por el contrario, endurecerá el conflicto. Por lo pronto, desde el sector gremial se hizo saber que las medidas de fuerza continuarán. Los más perjudicados por esta pelea, sin embargo, siguen siendo los justiciables.

Fuente: DJ