Imputaron al diputado Estrada por la difusión de fake news
16/01/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La fiscal penal de Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, expuso los avances en la investigación de publicaciones y difusión de videos anónimos en Tik Tok. El legislador denunció una "persecución judicial, política y mediática".
En otro capítulo de la judicialización de la práctica política, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, convocó a conferencia de prensa ayer para informar sobre la imputación al diputado nacional Emiliano Estrada (UxP) por el delito de intimidación pública, por la supuesta difusión de noticias falsas.
Con la imputación al legislador ya son cuatro las personas acusadas en esta causa, en la que se investiga la difusión de videos con contenidos en los que "sistemáticamente, se pretendía instalar el convencimiento de una vinculación entre el Gobierno de la Provincia y diferentes funcionarios con actividades relacionadas al narcotráfico", según señaló en su momento el Ministerio Público Fiscal.
Ayer Cornejo comenzó su conferencia de prensa aclarando que el delito de intimidación pública busca castigar toda conducta que cause temor en la sociedad de manera tal que tenga la potencialidad de incidir en el normal desenvolvimiento de los poderes del Estado y "desestabilizar el orden democrático e inconstitucional, auspiciando intervenciones interruptivas de los gobiernos surgidos de la voluntad popular".
También aclaró que el delito que investiga la fiscalía es caracterizado como de acción publica y de competencia ordinaria, y busca proteger el orden público, y no a una persona en particular. Añadió que las personas que pudieran haberse sentido agraviadas por estas publicaciones tienen la posibilidad de presentar una querella por calumnias e injurias (de acción privada) o una acción civil por daños y perjuicios.
Sobre la causa, la fiscal explicó que la investigación se inició en contra de personas no identificadas, titulares o administradores de las cuentas desde las que se difundían estas noticias falsas, ni quienes creaban los videos publicados. Luego, con el avance de la investigación, se imputó a tres personas.
Ayer se sumó como imputado al diputado Estrada, quien respondió denunciando una "persecución judicial, política y mediática" del gobierno provincial, "sostenida con los recursos de todos nosotros, los salteños".
El legislador sostuvo que desde 2022 viene sufriendo "una persecución sin precedentes" que incluyó campañas de desprestigio en las redes digitales, denuncias penales que fueron desestimadas, y ataques a su entorno: "Intimidaron a mis amigos, presionaron a mis clientes y hasta involucraron a mi familia", aseguró.
Asimismo, volvió a recordar las revelaciones del juicio por el homicidio del asesor político Darío Monges, en el que se conocieron videos del sicario Gabriel "Gringo" Palavecino y se ventiló el estrecho vínculo de la víctima con el ex secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, quien lo autorizó a ingresar al penal de Orán para entrevistarse con otro sicario, al que le ofreció beneficios a cambio de un pago.
La fiscal Cornejo señaló ayer que tras recibir declaraciones de las otras tres personas imputadas en esta causa, "dos de ellos identificados como empleados contratados de la Cámara de Diputados de la Nación como asesores del diputado nacional Emiliano Estrada", y de la incorporación de otros elementos probatorios, como informes de las empresas Tik Tok y Google, imputó ayer a Estrada por "la posible comisión del delito de intimidación pública" y "peculado de trabajos y servicios".
En su respuesta pública, el legislador sostuvo que los coimputados fueron "forzados a declarar en esta causa", y adelantó que seguirá "hablando por quienes no pueden hacerlo" y llamó la atención: "Si a un diputado nacional lo persiguen de esta manera, ¿qué puede esperar un periodista, un docente, un jubilado o una madre?"
Por su parte, la fiscalía precisó que hay "por lo menos cinco videos que reconocen claramente una insistente trazabilidad común que los uniforma homogéneamente, donde públicamente refieren a las instituciones de la provincia como 'estado narco', vinculándolas con carteles de droga, con operativos de secuestro de drogas efectivamente efectuados sobre ambulancias de particulares ajenas al sector público, entre otros contenidos".
Aseguró que estos contenidos tienen "objetivamente entidad para causar temor en la ciudadanía respecto al rumbo del lugar donde viven, miedo y temor a que la Provincia de Salta se convierta en un territorio violento a merced de la criminalidad organizada".
Sobre la acusación por peculado de trabajo y servicios, la fiscalía explicó que es por la presunción de que "la organización y distribución de tareas de esta organización estaba siendo financiada con fondos públicos -del Estado Nacional, en el caso del Congreso de la Nación, ya que el pago de los servicios de dos de los imputados (sus asesores) provenían del erario público nacional". Dijo que por esta razón se evaluará si eventualmente corresponde la competencia del fuero federal en relación a este delito, aunque aclaró que la intimidación pública es de competencia de la justicia provincial.
Fuente de la Información: Página 12
