Inaceptables planteos a la designación de jueces
30/06/2017. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Se advierte una inadmisible presión de senadores de la oposición para que los nuevos magistrados federales sean del agrado de los gobernadores
Sumando problemas a la Justicia y a la necesidad imperiosa de cubrir vacantes judiciales, la bancada peronista en el Senado traba designaciones de jueces federales y otros funcionarios con la inadmisible excusa de que los gobernadores deben poder opinar sobre los magistrados que ejercerán en sus provincias.
Un grupo de candidatos a jueces, propuestos por el presidente de la Nación, seleccionados de ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, no puede asumir porque aquel bloque se niega a dar quórum para terminar el trámite. En los últimos meses la Comisión de Acuerdos del Senado recibió en audiencia pública a jueces, fiscales y defensores oficiales que obtuvieron dictamen favorable y quedaron en condiciones de ser aprobados; desde entonces, por la arbitraria postura de la oposición, los pliegos siguen esperando.
Tal conducta, institucionalmente repudiable, se debe al malestar de este grupo por no haber sido consultado en las negociaciones en el seno del Consejo de la Magistratura entre el PE y otros representantes kirchneristas, entre los cuales se hallan los legisladores que integran el Consejo.
Corresponde recordar, en primer lugar, que ya no es el Senado el lugar donde pueden seleccionarse los candidatos a juez. El acuerdo de la Cámara alta a los ya elegidos por el PE podría negarse sólo en caso de encontrar una causal no advertida en el Consejo de la Magistratura.
De aceptarse la tesis de tales senadores, aun cuando declamen que no quieren suplir las funciones del Consejo, en la práctica se agregaría a la selección que hace esta institución una "consulta" a los senadores que no está prevista ni se justifica.
El sistema actual de selección por el Consejo de la Magistratura se introdujo para atenuar el régimen presidencialista y asegurar la independencia de la Justicia. En efecto, fue la defección del Senado en el cumplimiento responsable de la función de prestar el acuerdo para la designación de jueces, que le correspondía según la Constitución nacional de 1853/60, y por ende el haberlo relegado a un mero trámite, lo que abandonó al total arbitrio del titular del Poder Ejecutivo Nacional la facultad que tenía de designar jueces.
Desde hace más de dos siglos, en los Estados Unidos, de donde heredamos nuestra cláusula constitucional, el acuerdo senatorial es muy riguroso y difícil de sortear, lo que obliga al presidente a meditar cuidadosamente sobre los candidatos que presenta. En nuestro caso, por el descuido y desinterés del requisito del acuerdo, en vez de procurar acentuarlo, en 1994 se optó por modificar el sistema con la selección previa del Consejo de la Magistratura. Por ello, la facultad que reivindican hoy algunos legisladores resulta inaceptable.
Alarma que descaradamente los senadores quieran -por pedido de los gobernadores de las provincias que representan- negociar que los magistrados federales con competencia electoral sean personas de su agrado o confianza como si fuera un planteo legítimo. No se puede pretender que los magistrados federales estén en sintonía con los gobernantes provinciales, pues precisamente la razón de ser de una justicia federal en el país, además de procurar una aplicación de las normas uniforme en todo el territorio nacional, es buscar magistrados ajenos e independientes, que sean una garantía ante presiones y feudalismos locales.
Es de esperar que los planteos de los senadores justicialistas no tengan acogida y que el Poder Ejecutivo no acceda a tales pretensiones en el futuro.
Fuente: La Nacion
