Inspeccionan dos fincas decomisadas al Clan Castedo
05/12/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La Justicia Federal falló que deben usarse con fines sociales. La Agencia de Administración de Bienes del Estado inspecciona las propiedades de unas 23 mil hectáreas que lindan con Bolivia.
El año pasado Casación Penal confirmó las codenas para el líder y otros seis integrantes de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de esa actividad.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) inspecciona desde el martes último y hasta hoy las fincas El Aybal y El Pajeal, ubicadas en el departamento de San Martín, lindando con la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. Ambas propiedade, que suman unas 23 mil hectáreas, fueron decomisadas al Clan Castedo luego de que varios de sus integrantes fueran condenados por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos.
El relevamiento de las fincas había sido solicitado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N°1 por los fiscales generales Carlos Amad y Eduardo Villalba, con colaboración de las titulares de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli, y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, Carmen Chena, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.
La inspección está a cargo de la Dirección de Asuntos Contenciosos, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Unidad Bienes Decomisados y la Dirección de Despliegue Territorial de la AABE, con la colaboración de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y el gobierno de Salta y se lleva a cabo luego que, en diciembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmara las condenas dispuestas en 2022 contra Delfín Reynaldo Castedo (en su caso en calidad de líder; su hermano Raúl Amadeo Castedo, el martillero público Eduardo Torino, los comerciantes Alberto Yudi y Luis Yudi, y la expareja del líder del clan, Melba del Carmen Araujo, como integrantes de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de dicha actividad.
El Ministerio Público Fiscal federal informó que los fiscales la inspección es relevante, dadas las características de las propiedades decomisadas. Las fincas El Pajeal y El Aybal cuentan con una extensión aproximada de 23 mil hectáreas ubicadas en localidad de Salvador Mazza, en el departamento San Martín, en la frontera con Bolivia.
La fiscalía recordó que esta extensión le permitió al clan establecer el dominio de la zona y establecer un paso fronterizo privado y sin control ni restricciones, para contrabandear drogas desde Bolivia, como se estableció en el juicio oral.
También informó que para conservar ambas propiedades se dio intervención a la AABE, como prevé el decreto Nº 598/2019, que establece que “los bienes del Estado Nacional y los derechos sobre ellos, son activos que deben ser administrados de forma integrada con los restantes recursos públicos, los cuales conforme los estándares de uso racional, no pueden mantenerse inactivos o sin un destino útil. Que, en dicha inteligencia, sumado a los costos asociados a su manutención, se adicionan los riesgos latentes de ocupación, pérdida de valor de los mismos, focos de inseguridad, como así también el evidente perjuicio urbanístico y social que provoca la conservación de tales activos en estado de subutilización, desocupación o abandono”.
Destino social
Por otra parte, en línea con las previsiones del artículo 305 del Código Penal, se determinó que estas fincas decomisadas tendrán un destino social.
En la sentencia condenatoria, confirmada por la Sala II de Casación Penal, se sostuvo que en la causa quedo “demostrada la participación, en forma activa desde el inicio y de un modo imprescindible para el funcionamiento de la asociación ilícita, del ya fallecido Ernesto José Aparicio, quien fuera diputado provincial durante gran parte del periodo de actividad de la organización delictiva, utilizando indudablemente la influencia directa que le otorgaba el cargo político que ostentaba en Salta y en especial en los departamentos del norte de la provincia, para el cumplimento de los designios ímprobos del emprendimiento criminal, con un indudable perjuicio directo para la comunidad a la cual decía representar el nombrado Aparicio en el norte de la provincia”.
El Tribunal agregó que iba a tomar una decisión en el "afán de poder mitigar o atemperar de alguna manera las necesidades sociales de los sectores más vulnerables de esa zona, y llegar a promover programas ya previstos de salud y de capacitación laboral en la provincia”.
En virtud de todo ello, ordenó el decomiso “con fines específicos de interés público, teniendo especialmente en cuenta que se trata de un inmueble en zona de frontera, debiendo el estado nacional resolver cuál es la utilidad que mejor responda a la idea de bien común, discernimiento que realizará a través de las autoridades que correspondan”. Resta ver cuál será el destino social que le dará el gobierno nacional.
Fuente de la Información: Página 12
