Justicia Federal se setea en modo electoral y ya piensa en el año que viene
03/10/2016. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
La mayoría de las causas en trámite estirarán definiciones a 2017. Se esperan más llamados a indagatoria para Cristina de Kirchner y ex K. Jueces conjuraron amenazas.
Pese a la hiperactividad desplegada durante toda la primera mitad de este año, los tribunales federales de Comodoro Py ya tienen la mente puesta en 2017, un año electoral en el que la dinámica que adquieran las causas en trámite también ejercerá influencia en las urnas. En los expedientes que más afectan al kirchnerismo se espera un desfile constante de exfuncionarios y un nuevo llamado a indagatoria para Cristina de Kirchner en el marco de la causa Hotesur el próximo mes. El llamado será a consecuencia de la convocatoria ya gatillada por presunto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, por la que deberá declarar el 20 de este mes. Inaugurará la ronda de 17 imputados, por lo que la definición del juez Julián Ercolini sobre esa causa llegará sobre el filo de la feria judicial de verano, o pasará directamente a febrero. Dólar futuro, Skanska y la denuncia del fiscal Alberto Nisman marcarán el pulso del último trimestre en los tribunales de Retiro. No se deben confundir visitas a tribunales con definiciones judiciales concretas.
Los jueces federales aventaron dos de las principales preocupaciones con las que se toparon en 2015: el denominado "fuero boutique" con el que el Gobierno pretendía multiplicar la cantidad de magistrados con competencia federal para casos de criminalidad organizada, que no salió de los papeles; y la auditoría que, con bombos y platillos, anunció el Consejo de la Magistratura, pero que se desinfló como ariete y se limitó al llenado de un formulario con las fecha de inicio y finalización de cada trámite vinculado a un hecho de corrupción investigado en los últimos 20 años. Fuera de eso, nada mueve el amperímetro de los tribunales federales, que encaran la última parte de 2016 con la mira puesta en el próximo año y la expectativa de cómo quede configurado el escenario político, que ha puesto al Poder Judicial como protagonista.
De todas formas, habrá expedientes colaterales que tendrán definiciones: la Sala II de la Cámara Federal deberá decidir si ratifica o revoca el procesamiento de la expresidente en el único expediente en el que hasta ahora fue procesada por la venta de contratos de dólar a futuro. Si confirma lo dispuesto por Claudio Bonadio, dejará a la exmandataria más cerca de un juicio oral, quizá la única forma -con un calendario ajustado- para evitar que pueda ser candidata en las legislativas. La idea de una eventual detención por alguna de las causas de posible corrupción que la acechan se ha disipado con el correr de los meses. Es más, Cristina abrirá las indagatorias convocadas por Ercolini por haber beneficiado a Báez con obra pública en Santa Cruz. Se extenderán hasta la última semana de noviembre con sólo 17 de los 34 pedidos. Por procedimiento, cuando culmine la ronda el juez tiene 10 días hábiles para definir la situación de todos. Con la inclusión de algún imputado más o si algún faltazo obliga a reagendar, la decisión morderá el final de la actividad judicial. Podría, sin contratiempos, pasar al año próximo.
La reapertura de Skanska, con una ristra de funcionarios implicados, tendrá que ser decidida en las próximas semanas por la Sala I. Cada llamado a indagatoria de un exfuncionario equivaldrá a un procesamiento. Sin embargo, nada parece replicar el caso de Ricardo Jaime, Lázaro Báez o José López, cuyas detenciones marcaron la etapa de mayor actividad judicial e impacto político. Ni siquiera la situación de Julio De Vido o de Ricardo Echegaray, multidenunciados en varios expedientes.
Los movimientos para remover jueces incómodos para el oficialismo también hasta ahora son tibios. En el Consejo sólo han podido traducirse en convocatorias por el artículo 20, el que anoticia del trámite de una denuncia en su contra. El intento por reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman consumió energías y tiempo, pero tendrá una saga en la Cámara de Casación, adonde llegará la apelación de la DAIA (como querellante pretendido) a los sucesivos fallos desestimatorios en otras instancias. Los guarismos sobre la Sala I del máximo tribunal penal, integrado por Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos marcan un 2 a 1, todavía voluble.
El año electoral que se avecina tampoco deja al Gobierno con saldo favorable. En 10 meses de gestión, una inédita cantidad de funcionarios nacionales fueron implicados en causas judiciales sin resolución a la vista que permita despejar los nubarrones. Para colmo, el 5 de septiembre de 2017 es la fecha de inicio del juicio oral por las escuchas ilegales, una causa que le trae malos recuerdos a Mauricio Macri y de la que pudo desligarse recién cuando asumió como Presidente.
Fuente: Perfil