Justicia y legisladores, movilizados por un desalojo
05/10/2021. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Una jueza aclaró el estado del litigio entre el empresario Gianfranco Macri y campesinos que residen a la vera de la ruta 81
La Cámara de Diputados de la Provincia trató en la sesión anterior un tema que genera preocupación en vastas comunidades campesinas del norte de la provincia. De hecho, semanas atrás algunas de ellas, ubicadas a la vera de la ruta nacional 81, se movilizaron para pedir que la Justicia no haga lugar al desalojo de quienes ocupan, en muchos casos ancestralmente, fincas que con los años fueron adquiridas por grandes capitales para ser dedicadas a los cultivos intensivos. La frontera agrícola en el norte de Salta se ha extendido por cientos de kilómetros en los últimos años y muchos de esos latifundios se corresponden con las poblaciones criollas y aborígenes que vivieron en esos lugares desde tiempos inmemoriales.
A partir de la preocupación que en familias criollas generaron estos rumores respecto de que la Justicia haría lugar a varios desalojos, la jueza Civil del Distrito Judicial de Tartagal, Griselda Nieto, hizo pública una información referida al litigio que desde hace más de una década mantienen familias campesinas con el empresario Gianfranco Macri, hermano del expresidente de la Nación, actualmente investigado por un supuesto blanqueo de millones de dólares en un paraíso fiscal.
El comunicado de la magistrada de Tartagal reza textualmente: "El Juzgado Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Tartagal, a cargo de Griselda Nieto, informa, en relación con los expedientes que involucran a la familia Segovia por conflictos de tierra con Gianfranco Macri, que este juzgado no ordenó desalojo en ninguna de las actuaciones".
La magistrada, en una medida inédita ya que los juzgados no suelen hacer públicas sus actuaciones judiciales ni el estado de las diferentes causas, detalló que se tramitan ante ese juzgado los siguientes expedientes:
"Expte. 19.139/09 Macri Gianfranco contra Segovia Ramón, Segovia René Tranquilino, por reivindicación", que en el mismo se dictó sentencia el 10/02/2020, haciéndose lugar a la acción de reivindicación interpuesta por el demandante sobre 20 hectáreas, matrícula 3.498, paraje El Blanco.
La magistrada, en otro tramo del comunicado, se refiere al otro expediente .
"Segovia René Tranquilino, Segovia Ramón contra Macri Gianfranco por adquisición del dominio por prescripción" Expte. 19.700/09, en el cual con fecha 3/04/2019 se declaró la caducidad de instancia (conclusión del proceso por inactividad de las partes, artículo 310, Código Civil y Comercial).
Lo que Griselda Nieto informa con un lenguaje técnico jurídico es que Gianfranco Macri ganó el juicio de reivindicación mediante una sentencia favorable que se encuentra firme; pero la medida no puede ejecutarse porque una ley provincial suspendió los desalojos. Esta semana mediante un proyecto presentado por la bancada del Frente de Todos, que integra Ramón Villa, y siempre que sea aprobada por el Senado, podría ser prorrogada dos años más.
Sin desalojos
La Ley 7.658 no solo suspendió por dos años a partir del 31 de diciembre de 2019 las ejecuciones de sentencias, medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios.
También tiene por objetivo proteger la identidad cultural de los pequeños productores agropecuarios y familias que habitan en zonas rurales de Salta y evitar desalojos de pequeños productores y familias rurales de las tierras en las que habitan.
Una asamblea de criollos al costado de la ruta 81.
Proponen un relevamiento de las familias criollas
La modificación de uno de los artículos de la ley que suspende los desalojos va un poco más allá, como lo explica el diputado por el departamento San Martín, Franco Hernández Berni, integrante de la comisión de Justicia de la Cámara Baja.
“Establecimos en la ley que obtuvo media sanción y que fue iniciativa del diputado Ramón Villa, que se prorrogue por dos años el tema de los desalojos, pero también que el Estado provincial cree una unidad de relevamiento catastral de las familias criollas, algo muy similar a la ley que establece el relevamiento de las comunidades originarias”, aseguró el legislador .
El diputado provincial indicó que “queremos que el Ejecutivo provincial les otorgue a estos pobladores rurales un instrumento mediante el cual se le reconozca la ocupación para que grandes empresas que han comprado inmensas extensiones de tierra ocupadas por criollos no pretendan después desalojarlos a todos”, precisó el abogado Hernández.
Fuente de la Información: El Tribuno
