La justicia electoral quiere hacer un mayor control de los aportes para las campañas
19/08/2014. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Adrián Ventura - La Nación
La Cámara Nacional Electoral pedirá a los jueces penales de todo el país que le informen las causas en las que están involucrados los candidatos que participaron en las últimas elecciones, y a la AFIP y la Anses les solicitará datos para detectar aportes ilegales durante las campañas.
Según fuentes judiciales, los magistrados electorales están cada vez más preocupados por el avance del narcotráfico en el país y quieren evitar que el dinero sucio termine financiando a los partidos y dominando las elecciones, como ocurre en algunos países de América latina.
La Cámara Nacional Electoral está integrada por Rodolfo Munné, presidente del tribunal, y Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, quienes en los próximos días podrían firmar una acordada para reclamar la cooperación de los organismos que conducen Ricardo Echegaray y Diego Bossio.
En rigor, el tribunal no tiene interés en investigar, en términos generales, la capacidad contributiva de los ciudadanos ni su situación previsional. Para eso están la AFIP y la Anses. Pero sin esos datos el máximo tribunal electoral del país no puede saber si una persona que hace un aporte a la campaña de un partido tiene capacidad económica para hacerlo o si, por el contrario, simplemente presta su nombre para canalizar un aporte de origen ilegítimo, sea de la droga o del juego.
Hubo ya varios contactos informales con esos organismos, pero, hasta ahora, ni la AFIP ni la Anses parecieron muy dispuestas a avanzar. Pero la cámara no quiere llegar a las próximas elecciones, otra vez, con los ojos vendados para hacer un control eficaz.
Según trascendió, el tribunal también estaría interesado en llegar a algún tipo de convenio con la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que preside José Sbattella y que es el encargado de detectar operaciones financieras sospechosas de ser parte de un lavado de activos. Y, asimismo, buscaría llegar a un convenio con la Procuración sobre Lavado de Activos (Procelac), que dirige Carlos Gonella.
Según la Constitución nacional y la ley 26.215, los partidos políticos tienen la expresa obligación de dar a publicidad el origen de sus fondos y, por su parte, los magistrados deben controlar si esos aportes se ajustan a las leyes (en cuando a montos, fechas, destinos, etc.) y, además, si son legítimos.
Pero, en la práctica, ese control se ejerce casi a ciegas, porque los únicos nueve auditores que colaboran con la justicia electoral realizan un trabajo por muestreo y, cuando sospechan de alguna irregularidad, se tienen que limitar a citar al aportante para hacerle algunas preguntas. Pero los jueces no disponen de datos amplios para profundizar la investigación.
En los últimos años, la Justicia detectó datos que causaron alarma:
Los camaristas y varios jueces federales de primera instancia -que en las provincias tienen competencia electoral- advierten que, en sus distritos, está avanzando el narcotráfico y, según fuentes judiciales, temen que ese flagelo termine influyendo en el resultado de las elecciones.
El año pasado, los jueces federales del norte argentino alertaron a la Corte Suprema nacional sobre el problema del narcotráfico, y el alto tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, reclamó al gobierno nacional que tome medidas urgentes. Pero también hay magistrados electorales de otras provincias que advierten el mismo problema.
Desde que se establecieron controles, los jueces electorales vienen detectando fuertes inconsistencias e irregularidades en los aportes: en los últimos diez años aplicaron, por distintas fallas, 3500 multas y, en otros 3400 casos, prohibieron a los partidos recibir aportes y financiamiento estatal. "Hay una tendencia en las agrupaciones políticas a no respetar las reglas", se queja uno de los expertos judiciales que supervisa las tareas de auditoría.
Entre las muchas trampas, los partidos reciben las donaciones por fuera del sistema bancario; hay aportes de monotributistas que no tienen capacidad para afrontar esas contribuciones; en muchas ocasiones, los partidos, cuando hacen sus informes ante la Justicia, intentan disimular su financiamiento u ocultan el gasto; usan cuentas paralelas, y en varias ocasiones se descubrió que los aportes fueron hechos por casinos o concesionarias de servicios públicos, algo que está prohibido.
En varias ocasiones los jueces penales detectaron actividades que, aparentemente, relacionan dinero sucio con financiamiento de campaña: basta recordar la causa que lleva adelante la jueza María Servini de Cubría sobre el tráfico de efedrina y el supuesto vínculo de los hermanos Zacarías, cercanos a los Kirchner, y la causa por la mafia de los medicamentos que instruyó el juez Norberto Oyarbide y que involucró al recaudador del FPV Héctor Capaccioli.
"Los partidos se financian con un mar de dinero y nosotros tenemos que detectar si parte de éste es sucio. Sin embargo, en la actualidad, no tenemos muchas herramientas para controlarlo. Nos quieren hacer pescar sin caña. Por eso, necesitamos crear mecanismos para tratar de prevenir que el narcotráfico termine dominando a los partidos", coinciden varias fuentes de la Cámara Electoral.