La Justicia suspende la prohibición de Cobro de Tasas Municipales en boletas de servicios
15/12/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
La reciente decisión de la justicia argentina ha permitido que los municipios continúen cobrando tasas a través de las boletas de servicios, un cambio que busca preservar la autonomía municipal y garantizar la financiación de servicios esenciales.
En una medida cautelar, el juez federal Osvaldo Rubén Lunge suspendió temporalmente la resolución del Ministerio de Economía que prohibía a los municipios cobrar tasas en las facturas de servicios públicos. Esta acción fue solicitada por varios intendentes, entre ellos el de Puerto Rico, quien argumentó que “los municipios no podrían solventar estos costos” si se aplicara la prohibición.
El juez Lunge explicó el contexto legal de esta decisión: “Se interpuso una acción de amparo por parte de cinco municipios del departamento Libertador General San Martín contra la resolución 267 del Ministerio de Economía. Esta acción se fundamenta en la necesidad de proteger los ingresos municipales, que son vitales para el funcionamiento diario”.
La resolución 267/2024 había sido implementada con el objetivo de evitar que las facturas incluyan cargos ajenos al servicio contratado, lo que generó preocupación entre los gobiernos locales. Según el juez, “el alumbrado público entra en la categoría de contribuyente, no de consumidores”, lo que justifica su inclusión en las facturas. Esta distinción es crucial, ya que implica que los municipios tienen el derecho a cobrar tasas por servicios que benefician a toda la comunidad.
Por otra parte, el intendente Federico Achával, quien también presentó un amparo similar en Pilar, destacó la importancia de esta medida para su municipio: “La incorporación de tasas está permitida por una ley provincial y es crucial para mantener los servicios municipales. Sin estos ingresos, muchos municipios se verían en una situación insostenible”. Achával enfatizó que “los ciudadanos deben entender que estos fondos son necesarios para garantizar servicios básicos como el alumbrado público y la recolección de residuos”.
La situación es especialmente crítica en Puerto Rico, donde se estima que el costo del alumbrado público asciende a 43 millones de pesos mensuales. El intendente local subrayó: “Si no pudiéramos cobrar estas tasas, en el primer mes nos quedaríamos sin fondos. Esto afectaría directamente a nuestros vecinos, quienes dependen del servicio”. Además, mencionó que “la recaudación por este concepto es fundamental para poder seguir invirtiendo en infraestructura y en mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”.
El juez Lunge también abordó el impacto más amplio de esta situación: “Es un paso importante hacia la protección de los derechos municipales. La Nación deberá contemplar esta situación y buscar una solución a largo plazo que respete la autonomía municipal”. Aclaró que “la suspensión es temporal, pero esperamos que sirva como un llamado a la reflexión sobre cómo se manejan estas cuestiones”.
Fuente de la Información: El Territorio
