La Justicia y el nuevo Gobierno: el desafío de la Corte y su agenda

23/11/2015. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina

El camino hasta el balotaje con fallos sobre el pasado y el futuro. Dos sillas esperan dueño en el cuarto piso.

Los últimos cuatro días hábiles antes del desenlace electoral tuvieron a los avatares judiciales como la subtrama más convocante del tramo final de la campaña, sólo superada, en contadas ocasiones por ese ámbito que desde hoy ocupa un protagonismo indiscutido: el rumbo económico. 

Allanamientos estruendosos, indagatorias y procesamientos, cautelares contra leyes del Congresotrazaron un mosaico que también promete emociones de verano. Se abre un panorama en el cual así como la economía y la gobernabilidad serán las cuestiones macro de la nueva administración, la Justicia será el terreno de las peleas de microclima, de revanchas postergadas y de una carrera de influencias para cubrir lugares determinantes en la Corte Suprema, la Procuración General y otros destinos codiciados.

Las cuatro semanas que separaron la primera vuelta del balotaje deben analizarse por mitades. 

En la primera fue la Corte que conduce Ricardo Lorenzetti la que trazó una agenda de temas que son lugares comunes de distintos actores: creó una comisión antinarco (seguridad), falló contra la ley de subrogancias (justicia), limitó el alcance de los DNU (relaciones interpoderes), falló contra YPF (energía) y avaló una cautelar favorable a Clarín (medios). En 15 días el tribunal intervino directamente en una agenda que solo se creía reservada a la política agonal. 

Motivación

Los segundos 15 días fueron de las instancias inferiores. Desde Comodoro Py Claudio Bonadío diseñó una agenda de resoluciones que afectaron a Alejandro Vanoli, Aníbal Fernández y Luciano Di Cesare (en realidad la motivación inconfesable de esta última intervención, tal como en el ocaso del viernes admitían cerca del juez, fue la de liberar de responsabilidades a Juan Carlos Fábrega, funcionario que dejo el Gobierno luego de duras acusaciones desde el atril presidencial).

Desde el fuero Contencioso Administrativo llegaron embestidas contra la ley de mercado de capitales -puntualmente la presencia de veedores en las compañías- y contra la reforma del Consejo de la Magistratura. 

La primera era un reclamo que los empresarios esgrimían en cada sarao judicial que participaban. 

El problema nunca fueron tanto los veedores como sino esa idea peregrina de que una ley puede regular los mercados, tesis que ha fracasado en los países centrales. 

La segunda encierra una esquirla más venenosa porque consistió en declarar la nulidad de una ley que Cristina de Kirchner negoció y logró cuando era senadora. Los efectos de ese fallo son difusos porque la Corte ya se expidió en dos ocasiones sobre la naturaleza de la Magistratura y siempre confirmó la naturaleza actual. 

El objetivo habría sido, a 9 años de esa norma, más el de provocar un desaire que el de afectar la realidad, lo cual si sucede requerirá de un largo tiempo. 

Salvo la imagen de Bonadío junto al senador Ernesto Sanz, todas estas instantáneas remiten a entuertos del pasado. Es el issue que ha elegido la Justicia federal y que promete otras novedades desde hoy. 

En cambio la Corte, máxima instancia de un poder de Estado, ha elegido todas las cuestiones del futuro. No es un cálculo equivocado: es allí donde se encuentran los aspectos que inquietan y que son, al mismo tiempo, los desafíos del presidente electo.

El nuevo Gobierno deberá supervisar los primeros pasos de dos Códigos nuevos (procesal penal y civil y comercial), finalizar el debate en torno a un tercero (el penal), nombrar jueces en la Corte, cubrir vacantes y, lo fundamental, repensar el ordenamiento del Poder Judicial como un todo. 

Esto último es lo más urticante frente a un estamento que no admite innovaciones y que ha demostrado gran capacidad para defender los privilegios adquiridos (Daniel Scioli y Mauricio Macri lo entendieron a lo largo de la campaña cada vez que, en sus respectivos conciliábulos, sacaron el tema del pago de Ganancias).

En la última década gran parte de los poderes judiciales de la región lograron el ejercicio de repensar su funcionamiento con dos finalidades que son compartidas: mayor eficiencia de los procesos y la creación de herramientas que aspiren a limitar la politización de los jueces y al mismo tiempo establezcan mayores controles a la coherencia de sus fallos a lo largo del tiempo.

Prioritario

Este último tema, tal como ha emergido la semana pasada, es prioritario para una nueva administración que no desea repetir el mismo ciclo de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y ahora Cristina de Kirchner. O sea, un primer momento sin estruendos y una etapa final turbulenta por la activación de causas judiciales generadas durante el mandato saliente. 

El último mes es el disparador de este desafío porque desde los tribunales no se visualizó sólo como una vendetta contra el poder que se va, sino también como una advertencia al que viene y que tendrá tantos elementos rutilantes sobre los cuáles decidir.

Estas cuestiones referidas a vacantes e implementación de cuerpos normativos son piezas de negociación para un nuevo Gobierno que, en su relación con la Corte, tiene como primera misión concluir el capítulo más atípico de la historia argentina: una Corte que en el proceso de marcar límites también le ha dado letra a las fuerzas de las oposición.

Esta premisa es la que definirá, por ejemplo, el futuro de las vacantes del tribunal y la permanente incógnita sobre su composición.

Tras los nombres y el número asoma otro elemento de disonancia que está en el relacionamiento de la Corte con todas las instancias inferiores. 

El nuevo presidente tiene por delante una revisión profunda de ese entramado construido a base de elementos administrativos y que es, en definitiva, el que le ha dado base al kirchnerismo para su concepto de "partido judicial". entelequia o realidad, pero que estará en el centro de todas las miradas.

Fuente: Ámbito