La peor semana política del Gobierno Nacional

28/08/2024. Noticias de Interés > Noticias de Salta

Antes de abordar el tema concreto de la justicia y sus circunstancias, haremos un rápido análisis de lo que sucedió la semana pasada. Muchos analistas políticos que escuché el fin de semana la definieron como la peor semana política del gobierno.

Probablemente tengan razón, sobre todo porque se trató de una cantidad de errores no forzados. ¿Qué ocurrió la semana pasada? Por ejemplo, se avanzó con el proceso de nombramiento de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, para ocupar vacantes. También se votó el aumento a los jubilados, a quienes el Presidente calificó de “degenerados fiscales”.

Cuando hablamos de justicia, no nos referimos solo a la del poder judicial, sino a la noción de justicia social. Llamar “degenerados fiscales” a los legisladores de todas las bancadas que se unieron para aprobar el aumento a los jubilados es inadecuado. Quiero decirle a la estimada audiencia que el aumento a los jubilados, si el Presidente no lo veta y el Congreso lo insiste, es de apenas 13.000 pesos. No creo que esta suma justifique la acusación del Presidente, ni que tenga un impacto significativo en el déficit fiscal.

Cada vez más, como hemos dicho en este programa, los analistas señalan que los seres humanos no somos planillas de Excel; somos seres de carne y hueso que necesitamos vivir, especialmente los jubilados, el sector más castigado por este ajuste. El tema de la justicia distributiva es clave: los jubilados no son castas, son personas que han trabajado toda su vida y que necesitan nuestra comprensión. Si consideramos el aumento general de precios, particularmente en los medicamentos, este aumento es más que justificado. Por otra parte, el diputado José Luis Espert dice que los jubilados cobran miserias porque el sistema está quebrado por el populismo. Esto puede ser una mirada válida como diagnóstico, pero no basta con decirlo, es necesario ofrecer alguna alternativa para el sector pasivo. Desde ya, expresamos nuestra solidaridad hacia todos los jubilados argentinos que esperan concluir su vida con dignidad y un mínimo de tranquilidad.

Ahora, si nos adentramos en el tema de la justicia, el juez Ariel Lijo estuvo ocho horas ante la comisión de acuerdo del Senado de la Nación. Habló durante una hora y cuarenta minutos, destacando dos puntos que llamaron mi atención. Primero, afirmó que sería un representante del Poder Judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A veces no salgo de mi asombro al escuchar estas cosas. ¿Qué significa ser “representante”? Él ya integra el Poder Judicial de la Nación, y la Corte Suprema es la cabeza de ese poder.

Lijo es un hombre acostumbrado a moverse en el círculo rojo del poder, respaldado políticamente por el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y por el peronismo, que en un intervalo lúcido, aparentemente, lo apoyará. Yo no lo definiría como un intervalo lúcido, sino como un error fundamental del que se arrepentirán. Hay quien dice que los oficialistas de hoy son los verdugos de mañana, por lo que hay que tener cuidado con estos acuerdos.

Existe una negociación subterránea sobre la posibilidad de ampliar la Corte Suprema de 5 a 9 jueces. El Gobierno Nacional avanzaría en esta ampliación después de obtener los acuerdos para Lijo y García Mancilla, pero en mi opinión, debería ser al revés: primero ampliar la Corte, y luego definir quiénes la integrarán. Vamos a ver qué sucede con García Mancilla, quien debe exponer este miércoles. Sería interesante que alguien le preguntara cómo se inicia un proceso constitucional de acuerdo para un juez de la Corte Suprema sin que exista una vacante, lo cual no está previsto en la Constitución Nacional.

Volviendo a Lijo, se ha definido gremialmente ante la Asociación de Empleados de la Justicia Nacional, que preside Julio Piumatto, como un representante del Poder Judicial. Sin embargo, un juez no debería autodefinirse como representante del Poder Judicial ante la Corte. ¿Qué quiso decir con eso? Es un tema muy extraño.

Por otro lado, quiero destacar la brillante intervención de la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Lozada, quien preguntó lo que debía preguntarse en un acuerdo para un juez. Si se aprueban los acuerdos de García Mancilla y Lijo, en los próximos diez años, en caso de no ampliarse la Corte Suprema, no habrá mujeres en el máximo tribunal de justicia de la Nación. Esta es otra cuestión importante a considerar.

El peronismo, que en ocasiones tiene reflejos políticos, ha dicho que para dar su acuerdo, el Presidente de la Nación debe declarar que Lijo es su candidato, no el del peronismo. Esto me parece una maniobra política hábil por parte del peronismo, ya que, aunque estén negociando su aceptación, no fueron ellos quienes lo propusieron.

El Gobierno, por su parte, ha dicho a Lijo que consiga sus votos a través de gestiones particulares con los senadores, lo cual aparentemente ha hecho. Hay quienes dicen que necesita 44 votos, otros 42, y otros 48, dependiendo del tema. Los senadores nacionales son 72, y aquí surge el famoso asunto de si esas dos terceras partes requieren la presencia de los 72 senadores o se calcula sobre el número total de miembros presentes en la Cámara. Insisto en que hay una responsabilidad republicana, y deberían estar presentes por un imperativo ético y constitucional. La votación es sobre los dos tercios de los senadores presentes, siempre que haya quórum en la Cámara. Sin quórum, no puede haber acuerdo.

¿Por qué el título “La justicia y sus circunstancias”? Porque uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país desde hace años es el descrédito del Poder Judicial ante la ciudadanía. Recientemente, un ex compañero de colegio, Iván Rodríguez, realizó una encuesta con un grupo de estudiosos de la UNSA sobre el grado de credibilidad de la justicia en Salta. El 44.3% de los salteños desconfía de la justicia en la provincia, lo cual es preocupante.

Un diario de gran tirada de Buenos Aires también realizó una encuesta sobre la opinión de la ciudadanía respecto al juez Ariel Lijo en la Corte Suprema, con 15.000 casos en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El 47% de los encuestados no está de acuerdo con que Lijo integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tanto a nivel local como nacional, se percibe que el Poder Judicial es el poder del Estado que más necesita mejorar en distintos aspectos.

Fuente de la Información: La Columna NOA