Las operaciones bancarias determinarán la suerte del juez Martínez

29/11/2016. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina

Un informe del Banco Macro es considerado clave para establecer si su señoría incurrió o no la comisión de un delito.

En un año en que los jueces le trajeron varios dolores de cabeza a la Corte de Justicia, uno de ellos, recién nombrado y procedente de la cantera del Grand Bourg, donde cumplía funciones como subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Martín Daniel Martínez, sin embargo, viene de una larga trayectoria en los listados de funcionarios del gobierno provincial, posiciones a las que llego de la mano de su padre, Luis Martínez, un reconocido profesor de Derecho en la Universidad Católica de Salta y amigo de la familia de Urtubey.

Hasta el 18 de marzo de 2012, Martínez se desempeñó como Director General del Servicio Penitenciario de la Provincia. En esa fecha, el ex ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, tomó juramento al joven abogado como subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, cargo que ocupaba Angel Sarmiento, quien abandono la función pública para ser candidato.

Posteriormente, la subsecretaría de Políticas Criminal y Asuntos Penitenciarios pasó a pertenecer al Ministerio de Justicia y derechos Humanos, bajo la supervisión de la ministro, Pamela Caletti, quien hace unos días salió al cruce de los medios y brindó declaraciones que no ayudaron al ex funcionario.

Martínez tuvo un paso casi intrascendente como subsecretario, aunque sin sobresaltos. Lo suficiente como para postularse luego al cargo de Juez de Ejecución y Detenidos, de segunda nominación, una posición íntimamente ligada a las áreas en las que cumplió funciones.

Desarrollado el concurso, cuyo trámite y resultados dieron que hablar, Martínez juró ante el mismísimo presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, como juez de Ejecución y Detenidos, de Segunda Nominación, el 3 de abril pasado. Casi un mes antes, según afirmó en su defensa, el magistrado renunció a su cargo como subsecretario de Policía Criminales y Asuntos Penitenciarios.

Su renuncia, sin embargo, recién apareció publicada en el Boletín Oficial el 9 de septiembre pasado, seis meses después. Durante ese tiempo, el Ministerio de Seguridad remitió al Ministerio de Hacienda y Finanzas la orden correspondiente para que se abone el sueldo del ex funcionario.

Paralelamente, el Poder Judicial dispuso el pago de sueldo de Martínez como juez desde abril pasado, con lo cual quedó probado de que el magistrado recibió en su cuenta sueldo del banco Macro dos depósitos de dinero, correspondientes a haberes.

Esto sucedió por seis meses. Uno de esos ingresos fue por su supuesta función como subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, cargo que, a propósito, aparece vacante en la grilla del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Movimiento bancario

Surgido el escándalo, tras la publicación de los recibidos de sueldo de Martínez, el magistrado quedó en la mira de la justicia. Por un lado, la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, de oficio, inició una investigación penal a fin de establecer la posible comisión de un delito.

Por otra parte, y para no ser menos, el presidente de la Corte, reaccionó y ordenó también un sumario interno a fin de determinar si el comportamiento del recién llegado amerita la realización de un jurado de enjuiciamiento a fin removerlo de su cargo.

La orden fue rápidamente tratada por la Secretaría de Superintendencia, quien dio curso al sumario, el cual, sorteo mediante, quedó en manos del juez de la sala III, del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo.

De esta manera, la situación del juez se encuentra bajo la lupa de dos órganos de contralor, aunque el mayor temor de Martínez pasa por lo que pueda suceder en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, ya que de determinarse que hubo dolo, seguramente sobrevendrá una imputación penal.

¿El delito? Defraudación a la administración pública, acusación que se establecerá a partir del análisis que se realice una vez que el banco Macro remita un detallado informe sobre los movimientos bancarios realizados por el juez en sus visitas a los cajeros automáticos o desde la banca online.

Obviamente, en la cuenta sueldo ingresaron dos montos determinados y de dos estamentos del estado distintos. Lo que el banco debe informar es si el juez llegó a realizar operaciones con el dinero que le depositó el Gobierno de la Provincia.

Según se especula, Martínez podrá sostener que no llegó a tocar ese dinero e incluso devolver dicha suma, acumulada claro está, sin embargo, la verdad la dirá la máquina que registra cada extracción de efectivo de la cuenta sueldo.

El magistrado, obviamente, no puede a esta altura señalar que desconocía de dónde provino el dinero extra, aunque si puede volcar la culpa de ello en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por no hacer los trámites del caso a tiempo, y con ello desligarse de cualquier reproche penal.

Martínez ya dio una señal de su inconducta, pues lo que se esperaba de un juez probo era que inmediatamente advertido el dinero extra, haga una presentación espontánea a fin de que ese efectivo sea reintegrado a las arcas del estado.

Esto, según fuentes judiciales, no alcanza para imputarlo penalmente, pues la asignación de dinero en su cuenta no estaba en sus manos, pero si sería motivo suficiente para un reproche desde el plano ético, sobre todo después de que la propia Corte de Justicia anunciara a mediados de año la adhesión al Código Iberoamericano de Etica Judicial.

Concurso polémico

Martínez salió ternado en el concurso Número 172 llevado adelante por el Consejo de la Magistratura, órgano que inició el trámite el 10 de febrero del año 2015, bajo la presidencia del juez y presidente de la Corte, Guillermo Catalano.

El concurso se extendió por siete meses, tiempo en que se llevaron adelante los exámenes, presentación de antecedentes y entrevistas a doce postulantes. El 22 de septiembre, el Consejo de la Magistratura, con la firma de Catalano; Héctor Guillermo Alavila; Mariano San Millán, Humberto Alejandro Catán Rivero y Salomón Alé, dictaron la resolución Nº1090, en la cual ternaron a César Alejandro Cuello, Meredith Juanita Gonza y Martín Daniel Martínez.

Al echar una mirada a este concurso, se pueden advertir a simple vista la existencia de cinco postulantes con mayores puntajes, en los rubros de Concejo Etico Profesional, Preparación Científica, Otros Antecedentes y Evaluación Escrita.

Por ejemplo, y teniendo en cuenta la propia terna, Gonza sumó 44,15 puntos, mientras que Martínez logró 42,73. Pero esto no es todo, pues otros postulantes obtuvieron mayor puntaje que los tres candidatos ternados por el Consejo.
Al respecto, y según surge de las resoluciones que se pueden apreciar en el sitio web del Consejo de la Magistratura, podemos apreciar las puntuaciones alcanzadas por los siguientes postulantes: Ramiro López Cabada, 44,75; María Fernanda Jorge Royo, 45,75; Irma Gabriela Jorge Royo, 45,65 y María Cecilia Toro, 49,35.

El interrogante que surge de ver los archivos del concurso 172/15 gira en torno a saber cómo hizo Martínez para posicionarse, siendo que cuatro postulantes lograron superarlo ampliamente en los rubros más importantes del concurso.

La diferencia, obviamente, se hizo en la entrevista personal, la cual es la llave que se utiliza en el Consejo de la Magistratura para bajar a los mejores candidatos y allanar así el camino al elegido por el sector político a fin de que el Poder Ejecutivo no quede muy expuesto en la designación.

En este caso, según se advierte, se aplicó esta regla tácita por parte de los miembros del Consejo. Paradójicamente, Catalano, quien presidió el concurso, ahora, y a sabiendas de que había candidatos mejores para dicho cargo, mandó a sumariar a Martínez.

Fuente: El Intransigente