Macri le pasaría el control de las escuchas judiciales a la Corte
08/12/2015. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Las intervenciones telefónicas que hoy maneja Gils Carbó.El cambio podría concretarse con una reforma de la ley que creó la Agencia Federal de Inteligencia.
Mauricio Macri sufrió en carne propia el desmanejo de las intervenciones telefónicas que ordena la justicia durante la era K. Si no hay sorpresas, el jueves asumirá la presidencia procesado por la causa de la causa de las escuchas ilegales. Depende de su ex cuñado, Néstor Leonardo, que tiene tiempo hasta las 9.30 del jueves. Por eso, ya dio la orden de estudiar una reforma del sistema, actualmente en manos de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Sería un golpe a dos puntas. Por un lado, le cedería el control de las escuchas a la Corte Suprema. Y además serviría para restarle poder a la procuradora, que sigue dando señales de querer resistir.
“Es una alternativa en estudio”, confirmó una alta fuente del nuevo Gobierno. La forma de instrumentarlo sería a través de una reforma de la ley que creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), promulgada en marzo de este año tras la purga en la ex SIDE.
La semana pasada, el flamante ministro de Justicia Germán Garavano se reunió con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, pero no habrían mencionado el tema, aunque ya “hubo consultas informales”, dijo una fuente que conoce los proyectos que están en carpeta del próximo Gobierno.
Hace pocas semanas, ante la denuncia judicial de Laura Alonso y Patricia Bullrich por la supuesta existencia de un sistema paralelo e ilegal de interceptaciones, Macri fue muy claro: dijo que las escuchas tienen que estar bajo la órbita de la Corte Suprema.
Además de ser un desafío a Gils Carbó, el cambio se daría en medio del proceso para completar los dos puestos vacantes en la Corte.
Hasta marzo, las escuchas ordenadas por los jueces supuestamente para resolver delitos complejos estaban en manos de la ex SIDE, a través de la Oficina de Observaciones Judiciales, un territorio dominado por el ex jefe de Operaciones Jaime Stiuso. Desde entonces, se realizan en el Departamento de Interceptación de Captación de las Comunicaciones (Dicom), a cargo de la fiscal Cristina Caamaño.
“Las escuchas deberían quedar en el Ministerio Público porque el sistema que prevé el nuevo Código Procesal Penal es acusatorio”, dijo Caamaño a Clarín. Sin embargo, el nuevo ministro de Justicia tiene previsto postergar la implementación del nuevo Código.
El traspaso a la Corte ya se evaluó en 2001, durante el gobierno de Fernando De la Rúa, cuando se sancionó la Ley de Inteligencia. Pero los integrantes del Máximo Tribunal se habrían opuesto.
El jueves pasado, Macri recibió una buena noticia: el fiscal Jorge Di Lello pidió su sobreseimiento por las escuchas ilegales con pruebas que tenían más de un año. “La Justicia se acordó muy tarde”, se quejaron cerca del presidente electo. La causa se prolongó hasta ahora porque la Cámara Federal insistía con esperar la respuesta de Estados Unidos a un exhorto. Hace una semana, el juez Sebastián Casanello decidió cerrar la investigación sin esa prueba. Ahora, Macri depende de la respuesta de su ex cuñado.
Fuente: Clarín
