Ordenamiento Territorial | Piden una “consulta genuina y no declamativa” a las comunidades originarias de Salta
13/12/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Mientras el ejecutivo provincial espera que el senado convierta en ley el proyecto remitido al parlamento, varias organizaciones piden suspender el tratamiento para subsanar lo que entienden como irregularidades cometidas en su elaboración.
El proyecto de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos en Salta generó un fuerte rechazo de comunidades indígenas, organizaciones académicas y ambientalistas, quienes denunciaron irregularidades en su elaboración. En diálogo con el programa Cuarto Oscuro (FM La Plaza 94.9), el abogado Álvaro Arias Camacho, representante de varias comunidades originarias, afirmó que el proceso careció de una consulta previa, libre e informada, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT, con rango constitucional en Argentina.
Según Arias Camacho, el gobierno provincial incumplió el deber de garantizar la participación efectiva de las comunidades afectadas. “Lo mínimo que tiene que hacerse es cumplir con un mandato constitucional. Al ser un proyecto de tanta trascendencia, lo mínimo era hacer una consulta realmente genuina, y no declamativa”, sostuvo. Añadió que, pese a que el gobierno asegura haber realizado consultas en 2023, las comunidades no fueron debidamente notificadas.
El abogado también cuestionó la falta de representación genuina en el proceso de elaboración del proyecto. “En el informe del gobierno se menciona que participaron 91 personas, pero un cuarto de ellas eran funcionarios. Además, muchas comunidades no tenían idea de que esto se estaba llevando adelante”, denunció.
Arias Camacho subrayó que el proyecto podría provocar daños irreversibles al ambiente y al hábitat de las comunidades. “Hay estudios que indican que este nuevo ordenamiento fragmentaría zonas boscosas, afectando tanto a la fauna como a los ecosistemas. Esto implica una violación flagrante al principio de no regresividad y al artículo 41 de la Constitución Nacional, que protege el derecho al ambiente sano”, explicó.
Además, destacó que la oposición al proyecto no se basa en un rechazo absoluto a la actividad productiva, sino en la necesidad de que el ordenamiento territorial sea “justo y consciente”, teniendo en cuenta tanto las cuestiones productivas como los derechos socioculturales de las comunidades y el impacto ambiental.
En respuesta a las críticas del gobierno, que aseguró haber involucrado a científicos de instituciones como el INTA, el CONICET y la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Arias Camacho señaló que la participación académica también fue cuestionable. “Algunos profesionales que participaron a nombre de la UNSa realmente no representaban a la universidad. Esto se utilizó para darle un velo de legitimación científica que no refleja el rechazo mayoritario de la comunidad científica”, afirmó.
Por último, el abogado advirtió sobre posibles acciones legales si el proyecto avanza en los términos actuales. “Esto puede derivar en planteos de inconstitucionalidad y en responsabilidad internacional de la provincia”, alertó, sumándose a los anuncios de organizaciones como Greenpeace, que anticiparon su disposición a recurrir a la Corte Suprema de Justicia si el proyecto se convierte en ley.
El debate ahora se traslada al Senado provincial, donde el oficialismo cuenta con mayoría, lo que podría asegurar la aprobación del proyecto, a pesar de las crecientes objeciones de diversos sectores.
Fuente de la Información: Cuarto
