Ordenan desalojar a una familia campesina a instancias de Gianfranco Macri 

26/09/2021. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

Los Segovia residen desde la década del 30 en tierras que ahora reivindica para sí el empresario, adquiridas a 52 dólares la hectárea. La Justicia salteña le dio la razón a Macri y ordenó a los campesinos "restituir" su lugar y también pagar las c

Entre 1930 y 1940 Ramón Segovia y Urbana Veleizán se trasladaron desde las costas del Bermejo al paraje Pluma de Pato, en Rivadavia Banda Norte, todo en el departamento Rivadavia. Tuvieron 14 hijos y por casi un siglo acondicionaron su puesto, que hoy cuenta con unas 200 cabezas de ganado. A través de los años, los hijos más chicos se fueron trasladando al pueblo más cercano, Dragones, en el departamento San Martín, para acceder al sistema educativo. 

Hasta 2009 pensaban que las tierras que habitaban y trabajaban eran suyas, pues antes nadie les había dicho lo contrario. Pero ese año se dieron con que Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, había comprado unas 10 mil hectáreas a 525 mil dólares en 2006 y había iniciado un juicio de reivindicación sobre esas tierras, que comprende parte de la ocupación histórica de los Segovia. 

Este es en resumen la historia que contó a Salta/12 Viviana Segovia, nieta de Ramón e hija de René Segovia. Hace un mes los notificaron que deben entregar a Macri las 20 hectáreas que ocupan las obras del puesto. 

Sin embargo, Viviana Segovia afirmó que la familia tiene una ocupación de más de 1500 hectáreas por el uso que se hace de las tierras para la cría de ganado, enmarcándose en las 20 hectáreas solo la vivienda y los corrales. Pero, según entendió la campesina, esa mayor extensión ocupada y trabajada no fue considerada en el proceso judicial tramitado a instancias de Macri. 

Hacienda del puesto de los Segovia. 

La orden de desalojo, de la jueza Civil y Comercial de Tartagal, Griselda Beatriz Nieto, dispone “tener por desistido el recurso de apelación”, y “hacer lugar a la acción instaurada condenando a René Tranquilino y Ramón Segovia a restituir al propietario Sr. Gianfranco Macri la porción del inmueble rural que ocupan, Puesto El Blanco, de 20 hectáreas aproximadamente, de la matrícula 3498 de mayor extensión ubicada en Rivadavia en su calidad de propietario en el plazo de 10 días de quedar firme la presente sentencia”. También impone a los campesinos el pago de las costas del proceso. La fecha de esa orden es del 29 de mayo de 2020. 

Sin embargo, la notificación del desalojo llegó recién hace un mes. Segovia afirmó que dos familias más están con la misma situación dentro de este lote de 10 mil hectáreas comprado por Macri. 

Salta/12 intentó obtener la versión del empresario, pero el abogado que lo representó en la causa, Víctor Hugo Belmont, no respondió las consultas. 

René Segovia, en el  puesto. 

Por su parte, las familias que habitan y trabajan estas tierras, compañadas por el Frente Nacional Campesino (FNC), tienen previsto realizar una asamblea el sábado 9 de octubre, a partir de las 9, en el paraje de los Segovia para tratar los conflictos por la tierra, los desalojos de las familias campesinas, la sequía y falta de obras de agua; los desmontes y la degradación del monte nativo, la situación de la ganadería campesina, y propuestas de los jóvenes y de la organización campesina.

La pavimentación de la ruta 81como bisagra

“La pavimentación de la ruta 81 marcó un antes y un después” en la zona, detalló Viviana Segovia al sostener que desde ese momento, entre 1990 y el 2000, empezaron a pulular foráneos que decían ser dueños de las tierras o, como suelen aclarar los campesinos, “titulares registrales”. Es decir, personas que compraron la documentación de las tierras pero nunca vivieron o trabajaron en ellas. Y en esas compras se ignoró la situación de las familias vivían, y siguen residiendo y produciendo, dentro de las superficies adquiridas.

Con el avance de la frontera agrícola y las topadoras, también avanzó el Poder Judicial sobre personas que siempre vivieron en esas tierras pero no contaban o no cuentan con los títulos de propiedad, o tenían papeles que firmaron por desconocimiento y son los que suelen usar los titulares registrales para desalojarlos. Entre esos documentos se encuentran los llamados “contratos de arriendo”, firmados por más de un campesino con poco entendimiento de lo legal o que no saben leer ni escribir, y que luego son usados por los titulares registrales para "demostrar" que esas personas reconocen no tener derechos sobre la tierra en la que residen. 

Frente a estos hechos y los conflictos por la tierra que empezaron una década antes, la lucha campesina logró la Ley provincial 7658, que creó el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales. Esta Ley se sancionó y promulgó en diciembre de 2010. Su artículo 9 dispone la suspensión de desalojos de las familias campesinas, mientras se hace un relevamiento para poder regularizar la tenencia de la tierra. Desde hace 11 años el artículo es prorrogado, y este año se vence el 31 de diciembre. 

En 2009, cuando los Segovia fueron notificados del inicio del juicio en su contra, la causa estuvo (según la campesina), en manos de ex la jueza Comercial y Civil de Tartagal, Ana María de Feudis, que fue conocida por su reiterativo accionar en contra del campesinado, pues pese a la existencia de la ley ordenaba desalojos. Esto generó un pedido de jury en su contra. 

Pero con la venia del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, De Feudis pudo jubilarse como magistrada el 1 de agosto de 2015 sin afrontar el procedimiento en su contra. A 11 años de la puesta en vigencia de la normativa, Segovia aseguró que al puesto de su familia nunca se acercaron técnicos de la provincia con el fin de regularizar su situación, lo que les hubiera permitido contar con un instrumento más para pelear por sus tierras en la Justicia. 

Viviana Segovia aseguró que, de manera paralela al juicio impuslado por Macri, su padre y su abuelo iniciaron el juicio de posesión veinteñal. Pero como “nunca tuvo movimiento, y no sabemos por qué”, este trámite “se cayó” en 2014. 

Surge de los papeles del expediente y de la cédula parcelaria, que Macri compró las tierras a la firma Casabu SA en 2006 a 525 mil dólares. Según la cédula, la matrícula comprada cuenta con unas 10.000 hectáreas, por lo que el precio que pagó por hectárea es de 52 dólares o, al día de hoy, unos 10 mil pesos. 

"Mi papá en todo el momento que duró el juicio se presentó a las mediaciones. Pero la otra parte, no. Él no es muy amigo de andar hablando con los medios. Pero lo convencimos de que esta es la única forma”, dijo Segovia. Abogados que llevan adelante procesos judiciales por diferendos de tierras dijeron a Salta/12 que en este caso “judicialmente, no habría más nada que hacer”.

Fuente de la Información: Salta 12