Para sacarle poder a los jueces, Gils Carbó busca reformar el Código Procesal Penal
08/07/2013. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
La Procuradora vió en Chile como funciona el modelo local. Pretende que los fiscales sean quienes lleven adelante toda la investigación, quitándole poder de decisión a los jueces.
l martes de la semana pasada, no bien la Corte Suprema la invitó a enviar su dictamen sobre la causa por Ley de Medios, desde la Procuración General advirtieron que Alejandra Gils Carbó iba a demorarse en emitir su veredicto porque viajaba a Chile hasta el viernes para firmar convenios de cooperación internacional con el Ministerio Público trasandino. Y así fue que, en vísperas de la feria judicial y pese al pedido del máximo tribunal, la jefa de los fiscales le dio prioridad a un tema central en su agenda y que considera sustancial para el futuro: reformar el Código Procesal Penal.
Aunque la letra formal de los acuerdos sellados en Chile indiquen que la Procuradora avanzó en la creación de una alianza en los delitos de trata de personas, en los delitos económicos y lavado de activos, y en los de narcotráfico, la razón que motivó el viaje de Gils Carbó fue conocer cómo funcionaba el Ministerio Público de ese país y, en especial, de qué manera se aplica el Código Procesal Penal.
Fuentes la Procuración nacional aseguran que el de Chile representa un modelo del Ministerio Público que quiere poner en funcionamiento Gils Carbó, a cargo del área desde agosto del año pasado. Dicen que la Procuradora “encontró un Ministerio atrasado respecto a los otros países de la región”. De allí que en pos de aggiornar el Código Procesal local, se trabaje en copiar el modelo chileno.
En ese sentido, la Procuración intentará avanzar en un proyecto que fue aprobado en comisiones en la Cámara de Diputados pero que nunca llegó al recinto, al punto que habría perdido estado parlamentario. Se esperaba que la propuesta fuera incluida en el paquete de leyes por la “Democratización de la Justicia” que impulsó el kirchnerismo, pero pese a que la Presidenta hizo mención al tema en su discurso, no figuró entre los seis proyectos.
El nuevo Código Procesal Penal adoptaría el sistema acusatorio en lugar del actual, que es el inquisitivo. De prosperar ese cambio, que ya se hizo efectivo en varias provincias, los fiscales pasarían estar al frente de las investigaciones y el juez sólo se encargaría de juzgar. Actualmente, explican en la Procuración, los magistrados pueden decidir si delegan o no la investigación en los fiscales. Si se modifica ese punto, serían estos últimos los responsables de llevar a cabo todo el proceso.
El intento de modificar el Código Procesal Penal puede representar una nueva disputa entre la Procuración y la Corte Suprema, que se hizo cada vez más evidente en los últimos meses, con resoluciones disímiles de los órganos en la frustrada reforma del Consejo de la Magistratura, la discusión sobre la presunta designación irregular de fiscales por Gils Carbó y el debate sobre si los jueces y fiscales deben pagar Ganancias.
Avanzar en la modernización de la Procuración puede generar un incremento presupuestario considerable para el área. En Chile, por ejemplo, durante los dos primeros años del Ministerio Público, se destinaron partidas por cerca de u$s 50 millones. En Argentina no habría que empezar “de cero”, pero sí habría que reforzar la partida actual, de poco más de $ 2.000 millones, que equivale a menos de un tercio del presupuesto del Poder Judicial, al que se le asignan más de $ 7.000 millones. De avanzarse con este proyecto, en la Procuración creen que los presupuestos de ambos sectores deberían acercarse.
Fuente: El Cronista
