Pedirán declarar inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura
04/03/2013. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Por Adrián Ventura - La Nación
pesar de que todavía no se conocieron los detalles de los proyectos que integrarán la reforma judicial que anunció el viernes pasado la presidenta Cristina Kirchner, ya se puede pronosticar que su aplicación será compleja.
Al menos eso se puede deducir del planteo de inconstitucionalidad con que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación prevé hacer frente a la iniciativa oficial para que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular.
"La Constitución dice que los jueces y abogados del Consejo tienen que ser elegidos por sus pares, no por el voto popular", evaluó Luis Cabral, presidente de la Asociación que representa a unos 2.500 jueces y funcionarios de todo el país. "Lo que propone la Presidenta no se puede hacer sin reformar la Constitución. Si se aprueba ese proyecto, plantearemos la inconstitucionalidad ante la Justicia", advirtió Cabral.
Si el Congreso sancionara algunos de estos proyectos, ¿la asociación plantearía la inconstitucionalidad?, preguntó LA NACION. "Sin duda que sí lo haríamos para defender el Consejo y la independencia de los jueces", afirmó Cabral, quien fue presidente del Consejo de la Magistratura.
El viernes último, la presidenta Cristina Kirchner, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, anunció un paquete de proyectos que, de aprobarse en el Congreso, introducirían cambios sustanciales en el funcionamiento de la Justicia.
Uno de los más polémicos es precisamente el que cambia el modo de elección de jueces, académicos y abogados. El otro, el que limita el recurso del amparo. De hecho Cabral lo considera también muy cuestionable: "La Constitución y los tratados exigen que los jueces, con sus fallos, garanticen la tutela judicial efectiva, por lo cual una ley no puede poner límites para que los magistrados dicten cautelares si eso impide que los jueces hagan cumplir sus fallos, incluso contra el Estado".
La vía de las cautelares le provocó al Gobierno dos importantes dolores de cabeza el año pasado. Primero en el caso de la ley de medios audiovisuales, que privó al Gobierno de los festejos previstos para el promocionado 7-D. Después en el intento de expropiación del predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo.
"La justicia actual es legítima. Sin duda que hay que debatir proyectos e ideas para mejorarla, para acercarla cada vez más a la gente. Pero ahora hay una idea de reglamentarlo, como si el Poder Judicial obstruyera el funcionamiento de la democracia", explicó Cabral, tomando distancia de los dichos de la Presidenta y de las afirmaciones de Alejandra Gils Carbó, la procuradora general, que impulsa el movimiento por una "justicia legítima".
Haciendo un repaso de cada uno de los proyectos, Cabral sostuvo que "uno de los anuncios más graves es el de elegir por voto popular los jueces y abogados del Consejo. La Constitución establece que esos representantes deben ser elegidos por los propios jueces y abogados, que son sus representados". Y después expuso que "aun si se reformase la Constitución, no sería conveniente, porque los jueces y abogados que sean candidatos tendrían que salir a buscar fondos y hacer campañas en todo el país, para que el pueblo los conozca y los vote".
En cuanto a las cámaras de casación -Cabral integra la Cámara de Casación Penal-, el magistrado reconoce que hay varios proyectos e ideas para alivianar el trabajo de la Corte Suprema, pero sostiene que "es la propia Corte la que debe decidir si en una causa está en juego la constitucionalidad de una norma, y si así lo entiende, debe tomar la causa a estudio".
Cabral no cree que esa idea de la Presidenta apunte a vaciar de poder a la Corte Suprema, pero sí piensa que "las cámaras de casación, en lugar de acelerar las causas, serán una tercera instancia que demorará más que los expedientes lleguen a la Corte".
COBOS APOYA CON REPAROS
El ex vicepresidente Julio Cobos se mostró a favor de la "transparencia" y de "democratizar" la Justicia, pero advirtió que el Consejo de la Magistratura "tiene que tener un equilibrio" para que "no sea un arma para controlar a los jueces". "No puede quedar en manos del poder de quien administra", agregó.
