Portal se apartó de la causa y el jury analizará el video de los brigadistas

03/09/2015. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

La investigación por la tragedia de Guachipas quedó en manos de las fiscalías penales 3 y 11 tras la inhibición del fiscal de Cerrillos, cuyo proceso de destitución avanza con medidas del presidente de la Corte.

El letargo de nueve meses en la búsqueda de responsabilidades en la tragedia de Guachipas tuvo ayer un giro brusco. La Procuración General de la Provincia decidió dar curso a la investigación sobre la muerte de los cuatro brigadistas. Al mismo tiempo, el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas, en su calidad de titular del jurado de enjuiciamiento, solicitó como prueba el video de los últimos segundos de los integrantes de la cuadrilla de Defensa Civil antes de ser devorados por las llamas el 28 de octubre de 2014.

En medio de estas medidas, el fiscal de Cerrillos, Gabriel Portal, se inhibió en sus actuaciones y la investigación pasó a manos de las fiscales penales N§3, Mónica Susana Poma, y N§11, Gabriela Soledad Romero Nayar.

Portal había sido recusado el martes por Pedro Albarracín y Omar Valdez, padres de dos brigadistas muertos, quienes cuestionaron que el fiscal haya desestimado la existencia de delitos en la tragedia. 

El video de la muerte de los agentes de Defensa Civil, grabado con un celular por Martín Albarracín, fue solicitado ayer por el presidente de la Corte de Justicia a El Tribuno. La filmación había sido entregada al diario por Albarracín y Valdez como prueba de las negligencias y omisiones que terminaron con la vidas de sus hijos Martín y Mauricio, respectivamente, y las de sus compañeros Víctor Ferreyra y Matías Vilte.
Guillermo Posadas deberá analizar, junto a los otros integrantes del jury, el pedido de destitución en contra de Portal, solicitado por el defensor del pueblo de Cerrillos, Carlos Paz.

Posadas también pidió los expedientes de la investigación archivada por el funcionario del Ministerio Público, quien fundamentó su decisión en que la muerte de los brigadistas derivó de un incendio accidental y consideró que, por lo tanto, no había delito para indagar. Omitió, de esta manera, investigar las posibles hipótesis de homicidio culposo, estrago doloso, incumplimiento de deberes de funcionario público, negligencia y abandono de persona. 

Portal tampoco estableció quién dio la orden a la cuadrilla de sofocar el incendio forestal, que no ponía en riesgo a viviendas ni animales en ocho kilómetros a la redonda.

Asimismo, no indagó si el procedimiento de Defensa Civil cumplió con los protocolos para brigadas forestales, a pesar de los testimonios que surgen del expediente que dan cuenta sobre graves omisiones a estas normas. Todos estos puntos fueron planteados en el pedido de jury.
Recusación 
En la misma línea de la presentación del defensor del pueblo de Cerrillos, las familias Albarracín y Valdez pidieron que se reabra la causa, pero sin la participación de Portal, y denunciaron por homicidio culposo a los funcionarios que estaban a cargo de la cuadrilla forestal. Fueron acusados Víctor Ola Castro, extitular de Defensa Civil; César Dagum, excoordinador de Brigadas Forestales, y Roberto Durnelli, subjefe de la misma unidad.

La denuncia fue presentada el martes ante el procurador Pablo López Viñals. Allí piden la intervención de la Fiscalía de Graves Atentados Contra las Personas, por considerar que se trata de cuatro muertes producidas por una orden negligente e irresponsable. Al reemplazar al fiscal por sus dos colegas, el Ministerio Público afirma que "no procede" la intervención de aquella fiscalía.

No obstante, el hecho de que la causa pase a manos de Poma y Romero Nayar implica que el mecanismo judicial se reactiva. 

Fuente: El Tribuno