Procesan a represores por detenciones de civiles el 24 de marzo del 76
05/02/2022. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Los secuestros exhiben la persecución a sindicalistas y militantes peronistas. Además, hubo procesamientos respecto de detenciones irregulares de cinco trabajadores en 1974 y por el secuestro de la militante Francisca "Mira" Torres.
La jueza federal de Garantías Mariela Giménez procesó a nueve ex integrantes del Ejército y las fuerzas de seguridad de la provincia de Salta y la Nación en el marco de tres causas en las que se investigan detenciones ilegales y torturas infligidas a militantes políticos, sociales y gremiales en el marco del terrorismo de Estado que imperó en el país en la década del 70.
En la causa con mayor cantidad de víctimas y acusados, la jueza procesó a los ex jefes militares Luis Dubois, Carlos Alberto Arias y Librado Rubén Gamón y a los ex jefes policiales Virtom Modesto Mendías (también militar, pero que fue jefe y subjefe de la Policía de Salta), Joaquín Guil, Roberto Rodolfo Arredes y Ramón Jacinto Vivas por las detenciones ilegales y vejámenes cometidos el 24 de marzo de 1976 (día del golpe de Estado) o en fechas cercanas en perjuicio de 39 personas, en distintos puntos de la geografía salteña.
El octavo procesado es el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray, en otra causa, por detenciones cometidas en 1974, cuando ya imperaba el terrorismo estatal en Salta. El noveno es el ex comisario Julio Oscar Correa, por el secuestro de Francisca "Mira" Torres.
La magistrada sostuvo que estos hechos “fueron llevados a cabo por personas que prestaban funciones en el Ejército más precisamente en el Destacamento de Exploradores de Caballería de Montaña General Güemes 141, el Regimiento de Monte 28 de Tartagal y la Policía de la Provincia de Salta", esta última fuerza ya bajo el “'control operacional' del Ejército Argentino”.
Y describió el modus operandi: "Grupos comando, armados, generalmente no uniformados, cuyos integrantes –en la mayoría de los casos- actuaban con sus rostros cubiertos y se identificaban como pertenecientes a alguna fuerza de seguridad, irrumpiendo en forma violenta en los domicilios particulares, procediendo en tales ocasiones a requisar las viviendas en búsqueda de documentación o bibliografía que no comulgara con el gobierno de turno, para luego llevarse a las personas sospechadas por la fuerza y en raudos operativos, con la evidente impunidad que implicaba la liberación previa de la zona”.
Para la época en que se cometieron esas detenciones, Dubois era oficial de Logística y como tal integraba la plana mayor del Destacamento de Caballería de Montaña 141; el teniente Arias prestaba servicios en el Regimiento de Monte 28, y el teniente Gamón estaba también en el Destacamento de Caballería 141. "Todos ellos revestían, al momento de perpetrarse el golpe militar de 1976, altos cargos y ejercían funciones claves en el nuevo aparato de poder y en tales condiciones, no pudieron desconocer que su accionar presentaba las características propias del plan de represión instaurado por el Gobierno de Facto y que en consecuencia, se encontraban violando derechos y garantías consagrados por nuestra Carta Magna", afirmó la jueza Giménez.
Esta causa reúne quizás la mayor cantidad de víctimas de las detenciones irregulares cometidas al calor del golpe del 24 de marzo, y tiene nombres de resonancia, como la ex jueza de Corte María Cristina Garros Martínez, el ex juez Rodolfo Castro, el médico Mario Falco, las periodistas Sylvia Troyano y Ana María Giacosa, la historiadora Miryam Corbacho, los referentes peronistas Guillermo Martinelli y Juan Carlos Villamayor, entre otres. En su carátula lleva el nombre de Yolanda Barros de Baffa Trasci, docente de la Universidad Nacional de Salta detenida la madrugada del golpe junto a su marido, Vicente Héctor Baffa Trasci, que por entonces era director del Colegio Nacional.
En la mayoría de los casos las víctimas fueron llevadas a la sede del Ejército o la Jefatura de Policía, y luego fueron trasladadas al penal de Villa Las Rosas, de donde fueron recuperando sus libertades.
La mayoría de las personas detenidas entonces pudieron dar su testimonio en este proceso. Varias describieron el ingreso intempestivo de los grupos de tareas a sus domicilios, la violencia sobre la vivienda y, en la mayoría de los casos, sobre las personas que buscaban, a veces hasta delante de niños y niñas de muy corta edad. En la detención de Corbacho y su marido, Aldo José Correa, los represores también se llevaron a su hijita, de dos años de edad, que recién fue entregada a sus abueles en la Central de Policía.
Algunas personas fueron torturadas. Sylvia Troyano fue sometida a simulacros de fusilamiento y torturada. También simularon fusilar al ex juez Rodolfo Castro; en su caso había una inquina personal de los comisarios represores porque el magistrado los había procesado años antes por hechos de corrupción y apremios ilegales en perjuicio de militantes políticos. Villamayor contó que en el Ejército lo mantuvieron tres días sin comer, que lo golpearon con puntas de fusiles y a patadas y que no le permitían ir al baño; y afirmó que también supo que "torturaban muy feo" a Francisco Elejalde, y luego en Villa Las Rosas vio a Mario Falco "golpeado y ensangrentado".
El militante justicialista Carlos Guillermo Douthat contó que en los cuarteles escuchó que golpeaban a otres detenides, él mismo fue maltratado y fue testigo de simulacros de fusilamiento a otras personas. En Villa Las Rosas vio a las 11 personas que luego fueron asesinadas en la Masacre de Palomitas y escuchaba "a gente que arrastraban de sus celdas y sometían a simulacros de fusilamiento". Dos de los que sufrieron ese maltrato fueron Manuel Sikmann y Domingo Sebastián Ruarte.
Un apagón para secuestrar
En 1976 Carlos Roberto Hoyos era secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Salta. También fue detenido el 24 de marzo de 1976. Hubo un apagón y unos hombres ingresaron a la casa gritando “somos del Ejército Argentino”, “Carlos Hoyos entregate”, luego lo tiraron al piso, lo golpearon, le dijeron que se despidiera de sus hijas y lo arrastraron a un automóvil.
En la tortura a Hoyos lo subieron a un helicóptero y lo amenazaron con arrojarlo al Dique Cabra Corral si no se culpaba por una bomba puesta en una vivienda. Su esposa, Amalia de las Nieves López, contó que mientras duró la detención la casa familiar fue allanada varias veces y cuando Hoyos finalmente volvió, estaba flaco y a veces "se levantaba por las noches gritando debido a las pesadillas que sufría".
El testimonio de la esposa de Hoyos exhibe la persecución a trabajadores y militantes gremiales: dijo que supo que también estuvieron detenidos Miguel Ramos, del Sindicato de Panaderos, y un tal Díaz, del Sindicato de Luz y Fuerza. Precisamente, en este proceso se investiga a Vivas por las detenciones ilegales de Horacio Guaymás, Inocencio Ramírez, Amado Guanca y Nital Díaz, afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas de Cafayate (SOEVA).
Operativos "antisubversivos"
Ya desde la década del 60 Joaquín Guil venía cumpliendo roles destacados en la Policía de Salta. Para fines de 1974, tras un mal momento en que se lo investigó por su aficción por los apremios ilegales a militantes del campo popular, había logrado volver a su puesto de poder, ya como director de Seguridad de la Policía provincial.
Este cargo le permitía tener "bajo su órbita de control las acciones desplegadas por dicha fuerza en el marco de la denominada lucha 'antisubversiva'", sostuvo la jueza Giménez en el procesamiento que dictó contra el represor y el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray por las detenciones ilegales de cinco trabajadores en las localidades de Güemes y El Bordo.
La Justicia ya tiene probado que en Salta el terrorismo estatal comenzó a aplicarse en noviembre de 1974, con la caída del gobierno de Miguel Ragone, intervenido el 23 de noviembre de ese año.
Cuatro días después, el 27 de noviembre de 1974, integrantes de la Policía al mando del comisario Héctor René Trovatto (f), "desplegaron un conjunto de operativos 'antisubversivos'" en General Güemes y El Bordo y detuvieron a Robin Mario Escudero, Alberto Valle, Antonio Chevel Matar y Lucio Federico Carrizo. Todos tenían actividades políticas o gremiales. Salvo Matar, parmecieron detenidos hasta diciembre de 1976.
Valle estaba afiliado al sindicato del cemento; Carrizo era peronista, igual que Chevel Matar, que “andaba con los peronistas ayudando a la gente en los barrios y ese tipo de actividades”, dijo su esposa, Elvira Salva. Serrano era comunista.
Por otro lado, Guil fue procesado, junto a Dubois, Mendíaz, Arredes y Correa, por la detención ilegal de Francisca "Mira" Torres, hermana de Francisca Delicia Torres y Carmen Berta Torres, militantes peronistas detenidas en marzo y abril de 1976, respectivamente, y desaparecidas.
Mira Torres fue secuestrada el anochecer del 23 de febrero de 1976, en General Güemes, donde residía la familia. Estaba cuidando a sus sobrinos, tejiendo, cuando la sorprendió la patota que la sacó arrastrándola, la subieron a un vehículo y la llevaron a un paraje alejado donde la golpearon e interrogaron creyendo aparentemente que era Berta. Cuando se convencieron de que se habían confundido, le taparon la cabeza, la desnudaron, la empujaron hacia un hormiguero y le ordenaron que se quedara inmóvil hasta que se fueran. Dos semanas después fue secuestrada su hermana Francisca Delicia y un mes después, Berta Torres.
Fuente de la Información: Salta 12
