Proponen modificar el régimen penal juvenil sin bajar la edad de imputabilidad

04/05/2017. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina

Distintos sectores se reunieron en Salta para establecer los temas sobre los que debería girar la reforma.

La modernización de las normas es un imperativo para cualquier Estado y en Salta su puso el ojo en un tema específico: el Régimen Penal Juvenil, cuya ley data de la época de la última dictadura militar y requiere de un baño de nuevos conceptos y políticas tendientes a la rehabilitación de los jóvenes que caen en la criminalidad.

Por ello, la Asociación Pensamiento Penal convocó a una serie de encuentros en Salta con distintos actores políticos y sociales para exponer y debatir el tema como consecuencia también de las mesas de trabajo que concretó, a principios de año, la Subsecretaría de Política Criminal y el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación.

El 27 de abril, en el primero de los varios encuentros programados en Salta realizado en el salón del Colegio de Abogados, en Ciudad Judicial, se dejó en claro cuáles son los temas que deben reformarse: justicia especializada en la materia, medidas alternativas a la privación de libertad, medidas alternativas al proceso y medidas restaurativas como posibles sanciones; delitos y sanciones acordes a la convención sobre los derechos del niño y condiciones de detención que fomenten la reinserción social.

Asimismo, hubo un aspecto en el que hubo consenso general: bajar la edad de imputabilidad no es una opción.

Juan Ignacio Lazarte, miembro de la Asociación de Pensamiento Penal, explicó que bajar la edad de imputabilidad no es la solución. “Lo dicen organismos internacionales como Unicef y otros países por sus experiencias donde hasta han puesto penas más duras y no les dio soluciones, ni hubo menos delitos, sino lo contrario”.

El concepto de Lazarte es que no corresponde criminalizar a los niños y se apoya en la estadística nacional que indica que ellos no tienen gran participación en los delitos: “en Argentina, el 95% de los delitos son cometidos por adultos y de ese 5% restante, solo el 1.5% son delitos graves contra la vida o la integridad sexual”, detalló.

Durante el encuentro, quien también abonó a esta teoría fue el juez de la Corte de Justicia de la Provincia, Abel Cornejo: “discutimos la baja de edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes cuando la Convención de los Derechos del Niño forma parte de la Constitución Nacional Argentina en su plenitud. Entonces no sólo no se puede bajar la edad de punibilidad sino que todos los derechos que están ahí hay que hacerlos operativos”, expresó soslayando que la propia normativa internacional veda esta posibilidad.

Desde el ejecutivo provincial comparten la idea. La subsecretaria de Justicia Penal Juvenil, María Juncosa, señaló a que “bajar la edad de imputabilidad no es la solución, ni ampliar las cárceles, sino ir a las causas de por qué los menores cometen delitos, para evitar que caigan en ello”.

El ámbito universitario también tiene el mismo entendimiento. El decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, Alejandro Ruidrejo, sostuvo su “más pleno rechazo a las formas en que las demagogias electorales y el amarillismo mediático formulan la solución al fenómeno de la delincuencia planteando una reducción de la edad de punibilidad”.

Los aspectos a modificar

También existe consenso en aquellas cuestiones que deben ser modificadas en la legislación argentina sobre el sistema penal juvenil.

La justicia especializada en la materia

Pese a que en Salta existen los Juzgados de Menores, la especialización refiere a algo más profundo y abarcativo. Lazarte explicó que implica que todo tipo de agente del Estado (policías, funcionarios, empleados, etc) que intervenga en estos casos debe contar con formación específica y saber aplicarla, incluso en casos menos graves como contravenciones, donde todos deben estar formados para resolver un conflicto acorde a la edad de los implicados.

Medidas alternativas a la privación de libertad

Estar a la vanguardia de la legislación es discutir mucho acerca de la privación de la libertad de los menores y de sus medidas sustitutivas. El sistema vigente no contempla medidas alternativas a una prisión preventiva para los menores mientras se define su situación judicial, según Lazarte, quien remarcó que otras provincias cuentan con normativas penales especiales de minoridad.

Juncosa reveló que lo que se busca desde la provincia es la refuncionalización del Instituto Michel Torino que tiene un régimen semi abierto donde la mayoría de las actividades los jóvenes las realizan afuera y mantener el régimen cerrado para otras causas.

Las facultades del juez

Una de las cuestiones a modificar son los amplios poderes de los jueces de Menores. En el sistema actual, el juez decide todo lo que sucede con un menor en una causa; desde su detención inicial hasta la condena, como resolver si lo envía al centro de jóvenes en conflictos con la ley penal u otra institución o dispone su libertad. “Estamos en contra de esas atribuciones tan grandes porque van en contramano de tratados internacionales que dictan que debe haber un sistema acusatorio, donde solo hay un juez de Garantías que vela para que las mismas se cumplan”, expresaron desde la Asociación de Pensamiento Penal.

Las condiciones de detención

Es un tema de suma importancia porque resulta fundamental a la hora de pensar en la reinserción social y para Lazarte, esto último no se fomenta y hasta se dan casos de cambios bruscos que inciden en su personalidad: “hoy, el joven que comete un delito grave, cuando se hace mayor, pasa de una cárcel de menores a una cárcel común de adultos”.

La subsecretaria de Justicia Penal Juvenil analizó que la ley vigente “ve al joven como un objeto y no como un sujeto de derechos y obligaciones” cuando debería apuntar a que entiendan esa responsabilidad.

Para ello, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contaron que siguen a los menores en conflicto con la ley penal que pasan por los Centros de Actividades Juveniles, que hoy son 23 chicos, sobre los que se apunta a su plan de vida, familia, talleres e inserción laboral para una vez que estén afuera. Con todo ello se busca disminuir la reincidencia.

La clave: la prevención

Más allá del debate sobre el Régimen Penal Juvenil, los sectores intervinientes resaltan la importancia de la tarea anterior al castigo, a la prevención.  

La abogada del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, María Alejandra Álvarez, indicó que “antes que los penales, hay que ver cómo garantizamos los derechos sociales, económicos y culturales porque esa es la base de la prevención y, así, evitar que los chicos se vean involucrados en delitos. Si un chico no tiene acceso a la salud, a la vivienda y a la educación, no es parte del Estado, entonces me pregunto cómo ese Estado puede reprochar a una persona que quebró un supuesto pacto social cuando nunca fue parte”.

Coincide Juncosa al sostener que es fundamental prevenir: “el Régimen Penal Juvenil trabaja las consecuencias del delito pero hay que buscar que se den menos casos” y el diagnóstico de las causas es el mismo, ya que apuntó a las historias personales por las que caen en la delincuencia. Aseguró que trabajar sobre ellas garantizará que los menores reincidan.

Fuente: La Gaceta