Rechazo en Salta a la designación por decreto de los jueces en la Corte Suprema
28/02/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La calificaron como una muestra del desprecio de Javier Milei a la institucionalidad, una acción "manifiestamente inconstitucional", un retroceso de los estándares democráticos y republicanos y un atropello más al estado de derecho.
La designación por decreto que hizo el presidente Javier Milei de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cosecha rechazos también en Salta, por la falta de adecuación a los mecanismos previstos en la Constitución Nacional que requieren el acuerdo de los dos tercios de los miembros del Senado presentes en sesión pública.
El exgobernador Juan Manuel Urtubey, el exdiputado nacional Lucas Godoy, el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia, la abogada Tania Kiriaco y los abogados Oscar Pedro Guillén y Sebastián Aguirre Astigueta, especialistas en derecho constitucional cuestionaron las designaciones "en comisión" de dos jueces de la Corte Suprema, que el Poder Ejecutivo Nacional concretó mediante el decreto 137/2025.
García Mansilla asumió este jueves. Los jueces de la CSJN Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti le tomaron juramento. El nombramiento de Ariel Lijo deberá esperar a que la Cámara Federal le apruebe el pedido de licencia.
El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, emitió su opinión en X. "La designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en comisión es una cabal muestra del desprecio del presidente de la Nación hacia la institucionalidad", sostuvo.
En el hilo de posteos en X, Urtubey cuestionó el incumplimiento de los mandatos constitucionales. "La mayoría agravada de dos tercios prevista por la Constitución Nacional para dar acuerdo a la propuesta de candidatos, está prevista para evitar que pase lo que pasó, esto es, que un sector político imponga unilateralmente su voluntad en la designación de un juez", señaló. Además, recordó que la división de poderes "es esencial en el sistema republicano de gobierno" y "la falta de acuerdos políticos no justifica en absoluto su avasallamiento".
En el mismo sentido se pronunció el ex diputado nacional Lucas Godoy. "El decreto de designación de jueces, de manera unilateral por el Presidente, es manifiestamente inconstitucional", aseguró. "Las atribuciones y las formas de designación de los jueces de la Corte, por orden del Estado, en nuestro sistema republicano están claramente establecidas en el inciso 4 del artículo 99. No hay otro que se refiera a los jueces de la Corte y estipula que los nombra el Poder Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado, por dos tercios de sus miembros presentes".
Godoy explicó que el Poder Ejecutivo empleó el inciso 20 del artículo 99 que prevé que el Poder Ejecutivo puede llenar las vacantes de los empleos que requieren el acuerdo del Senado cuando esas vacantes ocurran durante su receso, "cosa que no sucede aquí" porque las vacantes son anteriores al receso legislativo. Además, este inciso "se refiere a empleos como militares o consulares o embajadores y no a otro poder del Estado".
Señaló asimismo la gravedad de que los jueces de la Corte tomen juramento a los miembros designados por decreto ya que implica un aval a "esta decisión claramente inconstitucional, unilateral por parte del Poder Ejecutivo sin intervención del Senado".
Por su parte, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta adhirió al pronunciamiento de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y expresó su "preocupación" por estas designaciones. "El respeto por el equilibrio de poderes y los procedimientos constitucionales es un pilar fundamental de nuestro sistema democrático. La designación de magistrados de la Corte Suprema requiere no solo legalidad, sino también una legitimidad institucional que garantice la estabilidad y la independencia del Poder Judicial", advirtió.
Retroceso
El abogado especialista en derecho constitucional Pedro Guillén afirmó que la designación en comisión de los dos nuevos miembros de la CSJN "es otro eslabón en la involución democrática que venimos experimentando. Quizás uno de los más pavorosos de todos. Revela el estado de creciente precariedad institucionalidad y significa un clarísimo retroceso de los estándares democráticos y republicanos que informan nuestro sistema constitucional".
"Esta anomalía es de tal envergadura", resaltó Guillén, que "desde 1910 hasta el presente se han designado sólo cuatro (4) jueces de esa forma". Recordó que dos de esos nombramientos, de los cortesanos Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti, los hizo Mauricio Macri en 2015 y "los otros dos los concretó el presidente Milei", ahora.
"La práctica viciosa que censuramos, que no aconteciera durante más de cien años, se reiteró en diez años", destacó. Calificó estos hechos como "patologías, de este último decenio", que "tienen que ver con un resquebrajamiento de los consensos políticos mínimos que son necesarios para gobernar con estabilidad y con paz social". "Si cada nueva administración cree que puede hacer lo que quiere con las instituciones -al estilo Fujimori- pagaremos un altísimo precio como nos lo enseñan experiencias vecinas", analizó el abogado.
Además, Guillén dijo que "se trata de un pésimo ejemplo que seguramente encontrará seguidores en las provincias argentinas". En esta línea, cuestionó a Urtubey, que en 2008 amplió de 5 a 7 los integrantes de la Corte de Justicia de Salta, y al actual gobernador Gustavo Sáenz, que en 2020 pasó 7 a 9.
"Un atropello más al estado de derecho"
La abogada Tania Kiriaco, especialista en derecho constitucional y derechos humanos, dijo a Salta/12 que Milei incurrió en "un atropello más al estado de derecho". "Un poder no puede designar por decreto a un funcionario de otro poder. Se viola el principio constitucional de la división de poderes", consideró, y señaló que en ese contexto, "los ciudadanos no tienen ninguna garantía en la protección de sus derechos".
"Debemos imitar a México que elegirá en los próximos meses a los representantes del Poder Judicial mediante un sistema de elección directa por el voto de los y las ciudadanos y ciudadanas", manifestó Kiriaco.
También el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta cuestionó la designación por decreto. "El Presidente no ha respetado el procedimiento constitucional para designar a los jueces, si bien se ha cumplido en parte este procedimiento con la nominación y las audiencias públicas de los candidatos, lo cierto es que el Senado no ha prestado acuerdo a los dos propuestos", dijo a Salta/12.
"Todo esto enturbia el funcionamiento del Poder Judicial, de la Corte Suprema" porque la Constitución exige un acuerdo "sí o sí" para que estos magistrados puedan asumir como jueces, afirmó Aguirre Astigueta. Lijo y García Mansilla fueron nombrados en comisión hasta la "finalización de la próxima Legislatura, que sería el 30 de noviembre". "Me parece que le pone un manto de precariedad y de inestabilidad al juez tanto como que si el Senado se reúne y le niega el acuerdo al pliego vamos a tener un juez designado en una situación que no hemos visto nunca en la Argentina. Es decir, ese juez va a tener que cesar de inmediato", advirtió el abogado.
Aguirre Astigueta juzgó también el decreto del Presidente como "equivocado" y "una especie de capricho". "El hecho de que el Senado no le dé el acuerdo o mejor dicho haga silencio y siga tratándolo al tema me parece que al Presidente debería hacerlo recapacitar de que no es un buen candidato y cambiarlo y negociar políticamente el acuerdo", opinó. También anticipó el riesgo de que "el Presidente, frente a cada falta de acuerdo, por simple decreto vaya llenando las vacantes" de la Corte.
Fuente de la Información: Página 12
