Sainete judicial frena uso de activos para pagar a jubilados
09/09/2016. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Una cadena de irregularidades entre jueces y camaristas fue denunciada ante la Corte. Demoras para resolver recusación y pase de manos entre juzgados.
El amparo que impidió al Gobierno nacional disponer de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en el marco de la Ley de Reparación Histórica a jubilados disparó una sorda interna en el fuero de la Seguridad Social. Allí se denunció el intento de direccionar el expediente para conseguir un fallo exprés, que destrabe la posibilidad de vender las acciones en poder de la ANSES, que conduce Emilio Basavilbaso, para poder cumplir con la primera tanda de pagos.
El Poder Ejecutivo recusó al juez Juan Fantini por supuesto prejuzgamiento antes de que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, pero hasta ahora con los plazos vencidos- la Cámara de Apelaciones no se expidió, y mientras tanto, derivó el expediente a otro juzgado ocupado por un magistrado subrogante cuyo concurso está en trámite. El demandante presentó un escrito en el que pidió a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia que intervenga.
El 23 de agosto pasado, como adelantó Ámbito Financiero, el juez Fantini dictó una medida cautelar que le exigió al Gobierno abstenerse por tres meses de liquidar acciones y bonos que sirven como resguardo del sistema previsional a través del Fonde de Garantía de Sustentabilidad. Eso mientras analizaba la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley de Reparación Histórica destinada al pago de juicios a jubilados. Remarcó que no resultaba lógico comprometer la continuidad del FGS sin tener en cuenta el costo de pago de sentencias y de retroactivos.
Inmediatamente, el Ejecutivo buscó desplazar al magistrado antes de que se pronunciara sobre el fondo de la cuestión. El 30 de agosto, Fantini rechazó que hubiera motivos para su apartamiento, pero cuando el escrito ingresó a la secretaría de la Cámara de la Seguridad Social fue unificado con otro expediente por supuesta "conexidad" y se lo remitió a la Sala III de la Cámara que había intervenido en su momento. El problema es que ese caso caratulado "Anchieri, Tito Elvio", se inició en 2002 y culminó en 2007 con el pago de la sentencias.
Ese movimiento tan curioso fue leído como un intento de que el expediente por el FGS que preocupa al gobierno esquivara a la dura Sala II integrada por los jueces Luis Herrero, Emilio Fernández y Nora Dorado. Los dos primeros fueron la pesadilla del kirchnerismo por sus sentencias adversas, tanto así que impulsaron un intento de destitución de ambos en un expediente que naufragó en el Consejo, entre otras cosas, por el aval de sus pares.
Pero mientras esto ocurría, durante el trámite de su recusación, Fantini delegó el caso como lo establece el reglamento- en el juzgado correlativo al suyo, ocupado por la jueza Alicia Isabel Braghini. Pero la magistrada en lugar de aceptar provisoriamente el caso mientras se resolvía el incidente promovido por el oficialismo, decidió que sea la Cámara la que sortee un nuevo juez. Así, el amparo por el FGS terminó en el juzgado federal Nº2 ocupado por el juez subrogante Fernando Strasser. Ese magistrado interino está en medio de un concurso por una vacante en ese mismo tribunal. Esta preseleccionado en la terna. La llave para su designación la tiene el Poder Ejecutivo.
El demandante, Miguel Ángel Fernández Pastor, exfuncionario de la ANSES durante la gestión de Sergio Massa, reclamó la intervención de la Corte ante esta cadena de situaciones, a la vez que planteó que se le negó el acceso a la causa, siquiera para sacar fotocopias. A la Sala III se le vencieron los cinco días de rigor para resolver la recusación de Fantini y no pidió prórroga, con lo que su situación quedó en el aire. "El retardo en el dictado de la resolutiva no hace otra cosa que transformarse en una clara violación las garantías del debido proceso objetivo, importando en los hechos- sacar del juez natural de la causa sin fundamentación alguna", afirma el escrito ingresado al que tuvo acceso este diario. Puso bajo sospecha la "casualidad o causalidad" del derrotero del amparo que encendió las alertas en el gobierno ante la posibilidad de no poder disponer se esos fondos, en caso de necesitarlos para el pago inmediato de los convenios y mientras el ingreso de fondos vía blanqueo no es aún caudaloso.
Por esto, se pidió que se eleve a la "Superintendencia de la CSJN y al Consejo de la Magistratura, con el fin de que, cada uno en su competencia, dispongan las sanciones por la denegación del debido proceso objetivo y el retardo de justicia e investiguen la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público".
Fuente: Cronista
