Salta quiere aprobar el ordenamiento de bosques antes de fin de año

07/12/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

Ambientalistas amenazan con ir a la Justicia Tras el anuncio del gobernador el proyecto fue ingresado a la Legislatura este jueves, con presentaciones incluidas. Comenzaría a ser tratado el martes en Diputados.

Con visible resistencia de sectores ambientalistas, el gobierno provincial dio luz verde para que desde la Legislatura de Salta apruebe antes de fin de año el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).

“El lunes a la mañana se va a presentar el proyecto en la Cámara de Diputados y se estaría tratando el martes”, dijo a Salta/12 el presidente de la Comisión de Producción de la Cámara Baja, Néstor Parra, tras la reunión que mantuvo con el ministro de la Producción, Martín de los Ríos.

El anuncio del envío del proyecto se hizo el miércoles último durante el acto de asunción de nuevas incorporaciones en el Gabinete provincial. “De qué nos sirve esa Ley de Bosques que nunca nos pagó nada de lo que nos corresponde”, disparó el gobernador Gustavo Sáenz al hacer referencia a la normativa que enmarca el OTBN.

Al día siguiente el proyecto fue presentado en el Senado de la provincia, aunque su tratamiento comenzará por Diputados. Una de las dudas es qué sucederá con aquellos permisos de desmonte solicitados en el OTBN ya vencido (desde 2014) pero que aún está vigente. Según comunicó el Senado, la respuesta del ministro a esa consulta fue que “se respetará el derecho adquirido, dado que el proyecto no tiene efecto retroactivo”. Al menos 30 mil hectáreas están a la espera del permiso de desmonte.

Parra contó que tras la reunión de ayer con los presidentes de las distintas comisiones de Diputados, para el lunes se prevé presentar el nuevo proyecto de OTBN en Diputados, para que el martes sea tratado en la sesión habitual.

“Algunos preguntaron por qué tan de repente. El ministro explicaba que una vez aprobado pasan unos 120 días para trabajar con Nación y evaluar los proyectos. La idea es que el año que viene vayan cobrando (los fondos de bosques establecidos por la ley nacional) los proyectos. Si no, sería difícil que se pueda cobrar el reintegro”, afirmó.

Tras el tratamiento en Diputados el proyecto debe ser aprobado por el Senado. Al respecto, el presidente de la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara Alta, Miguel Calabró, sostuvo que revisron el mapa. “Lo que me pareció interesante fue el tema de la habilitación predial”, dijo al destacar la metodología del equipo técnico asesor a cargo del OTBN. “Para mí, que estuvo mal vendido”, opinó. Sin embargo, afirmó que en esta comisión “no tenemos ningún apuro” en que el proyecto salga antes de fin de año, como quiere el gobierno.

Un verde hipotético

En un anexo al proyecto, los técnicos del equipo que elaboró esta propuesta de OTBN y que fue liderado por Lucas Seghezzo, del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), explicaron la incorporación de una nueva área que se redefine respecto de cómo se había realizado el OTBN anterior. Se trata de la "categoría transitoria de producción, conservación (APC, Área de Producción y Conservación) y determinación de la Categoría III (verde) como hipotética, sin una ubicación geográfica definida”.

En el nuevo mapa se dispone que se podrán desmontar 721.568 hectáreas. Ese es el único stock que se deberá definir sobre una superficie de 3.013.692 hectáreas, pintada en el mapa primero de marrón y ahora de un amarillo un poco más oscuro.

Según indica el informe, para permitir el desmonte en un área en particular, se deberá tomar como criterio la situación de la cuenca de cada región definida en el OTBN. Una vez agotados los permisos que suman las más de 700 mil hectáreas a desmontar, el resto, 2.292.125 hectáreas, quedarán automáticamente en amarillo. Y en total, dado que las zonas amarillas estrictas son 3.247.625 hectáreas, quedará un total de 5.539.750 hectáreas (73.48 por ciento del total de bosques nativos de la provincia), en amarillo.

Otro tema que se abordó fue el de los desmontes ilegales que realizan desde el momento que entró en vigencia la Ley Nacional de Bosques Nativos en 2009. Al respecto, los técnicos afirmaron que la Autoridad Local de Aplicación (ALA), “cuenta con la identificación de los desmontes ilegales realizados detectados, y estas (superficies) deberán ser recuperadas y/o restauradas con anterioridad a la evaluación de cualquier nueva solicitud de intervención”. Añadieron que “en aquellos casos que se encuentren judicializados, la ALA no es quien decide sobre su destino y, eventualmente, la el Poder Judicial (es) quien determina qué hay que hacer en estos casos”. 

Con quejas a la Justicia

Greenpeace, La Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, la Fundación Cebil, y el Foro de Mujeres, ratificron sus observaciones sobre el nuevo proyecto de OTBN.

Entre las críticas señalan que la superficie que se quiere autorizar para el desmonte es excesiva, teniendo presente que en Salta ya se desmontarons 714 mil hectáreas.

También se critica que el proyecto valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté, y para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.

Otra crítica es sobre el nuevo color amarronado o amarillo oscuro que aparece en el mapa que, a entender de los ambientalistas, representa una forma de permitir la recategorización de las áreas que no se pueden desmontar.

Añadieron la exclusión de los Valles Calchaquíes dentro del OTBN. Al respecto, el equipo técnico explico a los legisladores que “dicha región no fue incorporada al OTBN aprobado en el año 2009" y aclararon que "por una cuestión de escala, estos bosques no pudieron ser incluidos en el análisis multicriterio y multiobjetivo descripto” del informe final del equipo técnico. Los ambientalistas sumaron que se dejó de lado la participación de comunidades que debieron haber sido consultadas.

Greenpeace por su parte advirtió que de avanzar con este Ordenamiento se harán presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las demás asociaciones ambientalistas afirmaron que en la provincia podrían plantear una acción popular de inconstitucionalidad. 

Fuente de la Información: Página 12